La Unión Europea, Estados Unidos y países vecinos con mandatarios de izquierda como Brasil y Colombia reaccionan ante los obstáculos de los candidatos opositores para registrar su lista.
Que Estados Unidos critique o sancione al Gobierno de Venezuela es usual. Pero que se sumen casi en un mismo día la Unión Europea y los principales Gobiernos de izquierda de Sudamérica —Brasil y Colombia— es una prueba de que la Administración de Nicolás Maduro ha cruzado una línea, otra más. Eso es lo que ha ocurrido este martes, luego de que el chavismo excluyera la candidatura de Corina Yoris, el plan b de la oposición para las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Tras un extenuante y tenso lunes, en el que el gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales, y el moderado Enrique Márquez solo pudieron registrar sus postulaciones al filo de la hora, las autoridades han señalado que Yoris no pudo completar el trámite por un fallo informático en la página de la autoridad electoral. Dado que la académica había sido seleccionada como respuesta a una polémica inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado, y que la simple posibilidad de competir en las elecciones se ha tornado en una carrera de obstáculos para la oposición venezolana, la reacción internacional fue prácticamente unánime, y rompió las recientes mejoras diplomáticas que había conquistado el Gobierno de Nicolás Maduro.
En Brasil, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha expresado este martes su preocupación por el veto a la candidatura de Yoris. El Ministerio de Exteriores afirma, en una nota de lenguaje muy medido, que “la candidata de la Plataforma Unitaria, fuerza de la oposición y sobre la cual no pesaban decisiones judiciales, fue impedida de registrarse, lo cual no es compatible con los acuerdos de Barbados”, que pusieron los cimientos para los comicios. Esta crítica —la primera del Gobierno brasileño al chavismo por el proceso electoral— se produce meses después de que el presidente Lula acogiera en Brasilia a Maduro, en un primer paso para romper años de aislamiento diplomático.
El primer pronunciamiento fue la Unión Europea. En respuesta a una consulta de la agencia EFE, su portavoz de Exteriores, Peter Stanos, dejó clara la posición. “La Unión Europea está profundamente preocupada y lamenta el proceso irregular y opaco que ha impedido a algunos partidos registrar a sus candidatos presidenciales”.
Hasta ahora Brasil ha preferido actuar en la trastienda para encauzar un proceso electoral con garantías democráticas. El propio Lula evitó criticar la inhabilitación de Machado, llegó incluso a decir que tenía que dejar de lamentarse y nombrar a un sustituto, cosa que ella hizo. Pero ahora que la sustituta también ha sido vetada, Brasil ha hecho público su descontento. La nota de Itamaraty añade que las autoridades no han dado “ninguna explicación oficial” por el veto a Yoris, designada por la inhabilitada María Corina Machado, que ganó de manera abrumadora las primarias opositoras. Señala además que once candidatos opositores siguen en la carrera y, llamativamente, menciona al gobernador de Zulia, del que recuerda que es también de la Plataforma Unitaria. La nota termina con una crítica a las sanciones contra Venezuela en un guiño al chavismo.
Algo similar ha ocurrido con el Gobierno de Gustavo Petro en Colombia. En un comunicado de prensa, la Cancillería de Bogotá “reitera su respeto absoluto a la soberanía y autonomía del pueblo venezolano”, pero a renglón seguido “expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición”. Como Brasilia, recuerda la importancia de los acuerdos de Barbados, que el Gobierno Petro ha impulsado.
Esa Administración había sido en extrema cauta respecto de la situación interna de Venezuela, con una cautela que rozaba ya en la contradicción, toda vez que Petro ha criticado insistentemente las inhabilitaciones a funcionarios o a candidatos en diferentes países, y no se pronunció en el caso de Machado. El giro mereció una pronta respuesta del canciller venezolano, Yván Gil, quien reaccionó en sus redes sociales. “La Cancillería colombiana da un paso en falso y comete un acto de grosera injerencia en asuntos que solo le competen a los venezolanos”, manifestó.
El mismo Gil reaccionó por esa misma vía a otras manifestaciones. “La Unión Europea, la misma que apoyó la farsa de Guaidó, que ha irrespetado nuestra institucionalidad y violado todos los principios del Derecho Internacional, con el seguidismo a la política exterior de Washington, se hunde nuevamente en el fango del intervencionismo”, dijo frente a la postura europea. La República Bolivariana de Venezuela repudia el gris e injerencista comunicado, redactado por funcionarios de la cancillería brasileña, que pareciera haber sido dictado desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos”, respondió a Itamaraty.
Posiciones similares han adoptado países como Perú, Costa Rica o Ecuador. El canciller de Uruguay, Omar Paganini, ha dicho que Venezuela se está consolidando como “una dictadura” y que el proceso electoral del país “se ha desvirtuado por completo”. De manera incluso más notoria, el presidente de izquierda de Chile, Gabriel Boric, condenó el jueves pasado la “detención arbitraria de representantes políticos de la oposición venezolana”, en referencia a las medidas judiciales tomadas contra significativos miembros del partido de Machado.
El País de España
