Si hay un indicador que refleja el estado de popularidad del actual gobierno venezolano, respecto de las distintas materias que debe tratar, para buscarles solución: salud, educación, vialidad, trabajo, política monetaria y economía entre otras, son las encuestas y las mismas concentraciones de masas que acostumbran para celebrar o conmemorar hechos o episodios de escasa relevancia institucional; pero que, para ellos, resultan convenientes, a fin de mantener vivo el activismo oficialista y una permanente movilización. Esos sondeos de opinión, informan del bajo nivel de legitimidad que tiene el régimen de gobierno, por su deficiente comportamiento democrático, que pasa también por manipular de manera abierta y sin rubor el sistema electoral para beneficio de sus intereses partidistas. Así y en fe de lo anterior, se aprecia como se vulneró la ley de esa materia, al dejar el CNE dando inicio a esa farsa, que un expresidente de ese organismo, diseñara un supuesto cronograma electoral, que ya está siendo manejado tras las cortinas del poder.
Alegaron como justificación de esta intromisión que, se trataba de la materialización del “Principio de Colaboración” de los poderes, sin que el CNE, órgano competente para convocar a las elecciones presidenciales, se lo haya pedido, con lo cual relajó la competencia que le atribuía la obligación de hacerlo mediante acto público, para darlo a conocer a la mayor cantidad de población posible, pues aún hay ciudadanos que creen que las elecciones presidenciales, se efectuarán a fin de año o en el último trimestre del mismo, con lo cual se sienten contentos, pues para el oficialismo, mientras menos gente pueda votar el 28 de julio, ello les resultara favorable. Otra irregularidad que, evidencia la despreocupación de la autoridad electoral por sujetarse a la Ley y al Derecho, es la no publicación de la convocatoria a elecciones presidenciales que debe estar contenido en el cronograma, lo que seguramente hace presumir que, ante tal omisión procedimental, vienen otros excesos del poder.
Uno de esos supuestos, permite deducir que el Estado-partido a través del CNE, también está empeñado en reducir la participación ciudadana a un importante sector de la población venezolana, cuando discrecionalmente afectó la tarjeta electoral de ciertos partidos políticos y por ende su concurso en el evento electoral de julio, cuando discrecionalmente los “inhabilitó”, con el falaz argumento de que no alcanzaron el 1% de la votación ocurrida en el último evento electoral presidencial, aunque el mismo se tratase de una votación nominal. En este último sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2016, interpretó todo lo relativo a la anterior situación, tomando como referencia aquellos partidos que debían renovar sus nóminas directivas y de militancia, por no haber alcanzado la exigencia legal, bajo el método electoral “voto lista”, el ya mencionado 1% de la votación, dado que los electores en comicios legislativos, votan es por el partido político de su preferencia, y así lo interpretó el máximo y último interprete de la Constitución.
Sin embargo, de manera aviesa el CNE distorsiona o confunde los términos de la interpretación judicial del Artículo 67 constitucional hecha, aplicando este último criterio a la elección presidencial, con el objeto de reducirle espacios electorales a la tendencia opositora <PU> y en especial a la candidata reemplazante de la ciudadana María Corina Machado, a la que considera la mayor amenaza a su larga e ineficaz gestión gubernativa, pues ahora a las inhabilitaciones personales, se unieron las inhabilitaciones a asociaciones con fines políticos. Sobre la naturaleza de ese autoritarismo electoral, el autor Andrea Schadler, opina que el mismo “procura efectuar elecciones en un marco de incertidumbre para los partidos políticos opositores, los cuales van a tener poca influencia en los procesos políticos del país, pues la acción autoritaria también se dirige a debilitarlos”, como en efecto ha ocurrido, al permitírseles nominalmente que al menos dos partidos MUD-UNT únicamente puedan inscribir a la candidata Corina Yoris o a otro.
Como puede leerse, en los autoritarismos electorales, los procesos comiciales están cargados de conflicto y de tensión, pues es natural en estos regímenes que coloquen a la ruta electoral, distintos obstáculos para buscar desmotivar el voto, lo que en el caso venezolano, ha ocurrido en procesos electorales anteriores, al haberse logrado llevar al ánimo de mucha gente que, la mejor postura era la de la abstención, consiguiendo con ello el régimen dominante un pírrico triunfo electoral (2018), que en todo caso le ha servido para seguir en su empobrecedor proyecto social, denominado socialismo del siglo XXI y de otra parte, perseguir judicialmente a enconados adversarios, a los que puede encarcelar, inhabilitar políticamente o hacer que se vayan del país, para de esta manera ir limpiando el escenario político, pues a esta clase de autoritarismos, no le interesa el pluralismo integral, sino limitado, ni tampoco la alternabilidad, sino la sucesión en el mando, mediante elecciones manipuladas
Para finalizar, el día 25 de marzo, última fecha para la inscripción de candidatos presidenciales, y sin que medie un acto motivado de la autoridad electoral, se ha bloqueado el sistema automatizado de este órgano a las dos asociaciones con fines políticos supuestamente legalizadas, para impedir con ello una inscripción que según el oficialismo los amenaza y, sin que tampoco los rectores “opositores” se pronuncien sobre esta anomalía, que los hace ver como responsables solidarios de ese atropello, ni tampoco sugieran otra forma de postulación, concretamente la del Artículo 45 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que también la permite de forma manual, “cuando hayan circunstancias particulares que la impidan o dificulten el acceso al sistema”; aunque ésta también seguramente será negada u omitida, pues el autoritarismo en curso, se esforzará por suprimir de la arena electoral, todo cuanto lo amenace, ya que cada período eleccionario está de vuelta.
