La consulta popular y el referéndum convocados por el gobierno de Daniel Noboa deben ser abordados desde el contenido de las preguntas y, por supuesto, desde una perspectiva política más amplia.
La experiencia nos dice que todas las consultas echan mano de una perversa ambigüedad a fin de desnaturalizar su esencia democrática. Así, a las consultas no se ha llegado luego de un amplio proceso de debate sobre los temas que se preguntan. Siempre hay preguntas “gancho” para intentar pasar de agache los temas de mayor interés para el gobernante en ejercicio.
Luego, los resultados se los ha aplicado en función y a la medida de las conveniencias del poder de turno. Ya sean aprobadas o rechazadas en las urnas, siempre se busca la forma de estirar al máximo la interpretación jurídica. Para muestra un botón: las reacciones para escamotear los resultados de las consultas del Yasuní, del Chocó Andino en el Distrito Metropolitano de Quito, de Girón y Cuenca en la provincia del Azuay evidencian el desapego democrático e institucional de los gobernantes.
Si nos adentramos en las preguntas de la consulta popular, adobadas para atraer el mayor número de votos, se centran los temas de la seguridad. Todos los temas planteados, sin excepción, pueden ser abordados por la Asamblea Nacional. A la postre, incluso en el caso de que el resultado en las urnas le sea favorable al gobierno, tendrán que ser procesadas en la Asamblea. Son preguntas inoficiosas.
Las del referéndum conllevan un mayor condumio, con una pregunta gancho: la extradición de ecuatorianos, a la que se la presenta como la gran solución al narcotráfico, cuando se conoce que a través de esa opción no se ha resuelto el problema en ningún país del mundo. La reforma de las garantías jurisdiccionales, que no se podrá ejecutar en un plazo adecuado, bien se puede enfrentar con un reglamento de la Corte Constitucional. Volver a los tribunales internacionales de arbitraje, sometiendo al país a los arbitrajes internacionales es un intento por dar mayor protección a los empresarios extranjeros, en desmedro incluso de los empresarios nacionales, sin que, como ya se demostró anteriormente en el Ecuador, sin que represente un real aliciente para atraer capitales foráneos. Plantear una mayor flexibilización laboral, aplicando el trabajo por horas, provocará una mayor precarización del trabajo, algo que, como ya lo vivimos durante la grave crisis en los años del tornasiglo, se haya conseguido superar los problemas del desempleo. Es más, estas últimas dos preguntas atentan flagrantemente contra los derechos del Estado ecuatoriano y de los trabajadores y las trabajadoras.
Por último, no se requiere de mucha inteligencia para darse cuenta de que la consulta popular es el primer peldaño en la escalera hacia la reelección del presidente Daniel Noboa en 2025. En ese sentido, de ser un instrumento para decisiones cruciales para el futuro del país, la consulta queda reducida a un adminículo electoral. Poco importan su pertinencia ni mucho menos sus contenidos. Lo fundamental para el gobierno es ganar y arrancar con más fuerza hacia la siguiente elección.
Por todas esas razones, sin marginar el debate sobre cada una de las preguntas, una respuesta sensata es dar un rotundo NO en la consulta popular y el referéndum del próximo 21 de abril.
