Con mucha serenidad, pero también con mucha firmeza, quisiera responder a la incompresible agresión contra Pdvsa Ad Hoc y la legítima Asamblea Nacional de 2015, efectuada por un supuesto dirigente sindical que, en entrevista publicada en el diario El Nacional, versión digital del día 13 de abril de 2024, atribuye a esas instancias complicidad con la dictadura para prolongar el sufrimiento de los extrabajadores petroleros vejados y maltratados desde el momento del masivo despido de 2002-2003. Como una supuesta razón que evidenciaría esa complicidad se señala: “La desatención y desidia” de parte de Horacio Medina y la Asamblea Nacional en responder a las demandas de los trabajadores, actualmente en pobreza extrema y condiciones de vida deplorables, al punto de hacerse de “la vista gorda ante la muerte y el dolor de nuestros niños, al negarles asistencia financiera, para sus tratamientos y operaciones necesarias”.
Muy particularmente, se señala en la entrevista que Horacio Medina: «no ha hecho más que doblar rodillas ante las exigencias de las multinacionales petroleras y los tenedores de bonos, olvidando a quienes día a día se jugaron la vida en el campo. La directiva de la AN vive cómoda en Washington y Miami, mientras nuestra gente muere en el paso de El Darién”. Para enfrentar a esa desatención y desidia, el autor de la agresión anunció que, “se unirá a la demanda liderada por Iván Freites con el objetivo de buscar justicia y reparación” e hizo un llamado a todos los compañeros trabajadores, a sumarse a esta causa.
Nuestra respuesta, sin embargo, no irá contra las alevosas afirmaciones del entrevistado que, a no dudar, constituyen evidentes despropósitos auto descalificantes. Trataremos, en su lugar, de explicar a la audiencia, realmente interesada, lo que significa la situación que enfrentan los activos de Pdvsa en Estados Unidos.
Comencemos por referir que desde el año 2019 se han ejecutado, con grandes esfuerzos y ante poderosos contendores, importantes estrategias de defensa de los activos públicos venezolanos en el exterior, diseñadas por la legítima Asamblea Nacional en el Estatuto que rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que ha comportado: (i) Por una parte, una robusta defensa judicial frente a una gran cantidad de solicitudes de arbitrajes y demandas intentadas, en su mayoría, por acreedores arbitraria, injusta e ilegalmente expropiados, confiscados o de alguna manera vulnerados en sus relaciones contractuales por los gobiernos dictatoriales de Chávez y Maduro, que dirigen sus acciones legales casi siempre con la finalidad de ejecutar sus acreencias en los bienes y activos del Estado venezolano, entre los cuales, figura en primera línea la empresa PDV Holding y Citgo. (ii) Y por la otra, un absoluto respeto a la autonomía funcional de este grupo de empresas y a que, su giro comercial siempre responda a estrictos criterios de eficiencia comercial, como principal activo del Estado venezolano en el exterior.
Particularmente, gracias al criterio comercial en las decisiones adoptadas, se ha logrado una inobjetable recuperación operativa y financiera histórica de Citgo entre los años 2022 y 2023, reduciendo casi en su totalidad el endeudamiento masivo a la que fue expuesta por el régimen de Maduro, y acumulando significativas reservas en efectivo.
Ha sido en reacción a este escenario de recuperación que se han incrementado las demandas que buscan la liquidación de los activos de Pdvsa y tener acceso a las reservas de efectivo de Citgo, por parte de los demandantes, mientras estas se encuentran protegidas en el marco del régimen de sanciones.
El origen de todas estas demandas proviene de la misma fuente: Los nefastos regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Este gran número de causas judiciales han creado limitaciones importantes sobre los activos de Pdvsa, que únicamente podrán ser solventadas a través de la vía judicial, en un primer término, una transición política en Venezuela y una reestructuración negociada global de pago de acreencias. Entre tanto, un equipo de profesionales y técnicos, seguimos abocados a la defensa de los activos vitales para afrontar ese proceso de transición democrática y tenemos muy claro donde están los responsables y las amenazas.
Queremos ser concluyentes cuando expresamos que juristas especialistas en la materia, conocen esta realidad, por lo que resulta temerario y contraproducente demandar soluciones, creando falsas expectativas que buscan confundir y dividir al pueblo venezolano. En particular, tengo que referir la demanda que menciona el entrevistado agresor, intentada contra Pdvsa, Citgo y otros, por un grupo de extrabajadores y contratistas de Pdvsa donde figura como demandante primario Iván Freites y otros bajo restricción de confidencialidad.
Debemos insistir en precisar como elemento clarificador inobjetable que, el referido accionante primario, Iván Freites, NO fue despedido en 2002 o 2003 y que, por lo contrario, era pública y notoria su posición como dirigente pro régimen chavista y que fue despedido muchos años después. Además recordamos que, el sindicato que representa, está inscrito en una Unión, de carácter oficialista, distinta a la Confederación de Trabajadores de Venezuela y que no participó en ninguna de las acciones emprendidas por los trabajadores de PDVSA despedidos en 2002-2003.
En consecuencia, la única respuesta a la incompresible agresión, contra Pdvsa Ad Hoc y la legítima Asamblea Nacional de 2015, efectuada en la mencionada entrevista, va dirigida, en primer lugar, a expresar nuestra profunda e inconfundible solidaridad con todas las víctimas de los atropellos y desmanes del régimen dictatorial de Chávez y Maduro. En segundo lugar, reiteramos nuestra absoluta convicción que sólo restituyendo la democracia en Venezuela será posible aproximarnos a la justicia y que esto ocurrirá a través de fórmulas que, apoyándose en el pronunciamiento del Consejo de Administración de OIT en 2005 que, como base, permitieron generar propuestas por parte de Gente del Petróleo y Unapetrol, ante la Asamblea Nacional de 2015, a través de sendos proyectos de ley que prevén mecanismos de reparación para los extrabajadores petroleros.
