Después de la flagrante violación del derecho internacional, con la ilegal detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas en la Embajada de México en Quito, la diplomacia latinoamericana se encuentra en plena convulsión.
Por primera vez en 45 años, el país azteca ha decidido romper relaciones con una nación; una medida extrema, más allá de la más usual práctica del retiro de embajadores. En solidaridad con México, Nicaragua rompió “toda relación diplomática” con Ecuador. Y también el régimen venezolano retiró su completo personal diplomático y consular del país andino.
Igualmente la CELAC declaró su respaldo incondicional a México, aunque no se logró que la totalidad de los presidentes se reunieran en una cumbre extraordinaria de carácter virtual.
El llamado a sanciones contra Ecuador, un juicio ante los tribunales internacionales y la exclusión de la ONU son todas opciones que se están discutiendo y adelantando en la actualidad.
Es de esperar que el presidente ecuatoriano tenga que ofrecer sus disculpas, para que las aguas logren calmarse y se restituyan los términos normales en las relaciones entre los países. Sin embargo, queda abierta la pregunta sobre si los sucesos en la Embajada de México fueron solamente un tropiezo del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, o si detrás de esto existe un interés de generar impacto a nivel nacional con acciones fuertes.
Mal manejo presidencial de las relaciones diplomáticas
La tarea central de la diplomacia de prevenir conflictos se ha revertido: son los mismos presidentes quienes causan los conflictos y a los diplomáticos les queda la tarea de recomponer relaciones rotas entre los Gobiernos y, en no pocos casos, también entre las naciones.
Actualmente, se puede identificar la pérdida de conductas diplomáticas y respetuosas entre los presidentes de la región, lo cual, más allá de confrontaciones, ha generado -de momento- un clima de desconfianza entre vecinos.
Hacer caso omiso a las reglas establecidas para el relacionamiento con otros Estados es una consecuencia previsible del dominio del personalismo político y las tendencias populistas en América Latina, de Argentina a México, de Brasil a Venezuela, o de Colombia a Nicaragua.
Los conflictos bilaterales tienden, por lo tanto, a escalar, y las interacciones diplomáticas los reflejan claramente: el llamado de embajadores a consulta, el rompimiento de relaciones, la imposición de visas para los ciudadanos y las amenazas de buscar establecer sanciones a nivel internacional se han vuelto acciones de inmediatez.
La promoción de la cooperación ha ido perdiendo presencia, ante un clima de desconfianzas mutuas y agendas nacionales divergentes, debido a discrepancias ideológicas, necesidades de escenificaciones personalistas o golpes de efecto pensados para generar apoyos en casa.
La tendencia hacia actos unilaterales y pronunciamientos despectivos sobre otros presidentes, una práctica usual de Javier Milei (Argentina), Andrés Manuel López Obrador (México), Nicolás Maduro (Venezuela) o Daniel Ortega (Nicaragua), tiene un efecto negativo sobre las bases de la confianza mutua y la cooperación posible.
(Ab)uso del asilo político: entre delincuentes y perseguidos
Una mirada al perfil de las relaciones de México con la región refleja un balance negativo: durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se han generado conflictos e interacciones complicadas con muchos países, provocados por el mismo presidente, en clara violación de su propio principio de “no-intervención” en asuntos internos de otros países.
Así fue en el caso de Bolivia, con el manejo del asilo político al expresidente Evo Morales; o en el de Perú, con el no reconocimiento del Gobierno y de Dina Boluarte como presidenta, así como con la negativa de trasladarle la Presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico. Y así fue en el altercado con Ecuador, por los comentarios de AMLO sobre la elección de Daniel Noboa como presidente.
Todas estas acciones le valieron a México la expulsión de sus embajadores de los respectivos países o la declaración del presidente mexicano como “persona no grata”.
Pero mucho más complejo es el deterioro del instrumento de asilo político para personalidades políticas, que, como Jorge Glas, ya tienen una sentencia condenatoria. Al parecer, la definición de delincuente o perseguido pasa por el lente ideológico y, por lo tanto, tiene un carácter de alta discrecionalidad.
Es menester bajar este nivel de confrontación, que ha ido generando este tipo de decisiones, para que las aguas vuelvan a su cauce y la diplomacia, no los presidentes, vuelva a encargarse de las relaciones entre los Estados y las naciones latinoamericanas.
