Lo han dicho voces autorizadas y otras lo han repetido sin autoridad alguna: reconocer el Estado palestino es un premio al terrorismo. Lo piensan y lo dicen, sabiendo lo que dicen, Netanyahu, sus ministros y sus embajadores. Y lo dicen, sin pensar lo que dicen, personajes como Isabel Díaz Ayuso y otros miméticos portavoces del Partido Popular.
Son coherentes los primeros con la idea mesiánica y supremacista de un Estado exclusivamente judío entre el Jordán y el Mediterráneo, incompatible con la tierra compartida entre dos naciones, la israelí y la palestina. No son coherentes los segundos con la política exterior de su partido ni con la posición española sobre los dos Estados mutuamente reconocidos y conviviendo en paz, aunque sean coherentes con el tropismo antisanchista que conduce a defender lo contrario de lo que diga el Gobierno.
Palestina ya forma parte de Naciones Unidas como Estado observador no miembro, condición que solo comparte con el Vaticano. Tiene un territorio internacionalmente reconocido, aunque es otro Estado el que lo controla y lo mantiene ilegalmente ocupado. De los 193 Estados socios son 139 los que se han pronunciado a favor de que también lo sea. Cuenta con una estructura administrativa, la Autoridad Palestina, de competencias y capacidades ínfimas, que ni siquiera controla la franja de Gaza. Solo falta la voluntad de reconocimiento israelí. Existió en Israel en tiempos de gobernantes como Isaac Rabin, el primer ministro asesinado en 1995 por los amigos de Itamar Ben-Gvir, el actual ministro de Seguridad Nacional.
Allí donde no hay Estado está garantizada la desprotección de la población. Lo saben los gazatíes, entre la sartén de Hamás y el fuego de Netanyahu. La Autoridad Palestina ya intentó el reconocimiento en la pasada década, pero sin éxito, por el veto de Estados Unidos, que lo fiaba a una negociación bilateral con Israel, tal como Washington ha repetido ahora y también las miméticas voces españolas. El argumento en contra es un sarcasmo, pues exige que sea resultado de una negociación que Netanyahu ha boicoteado en sus 16 años como primer ministro. Según el optimista argumento a favor, el reconocimiento internacional dará seguridad a Israel y, primero, impulsará la tregua, la liberación de los rehenes y la desescalada regional y, después, la negociación y la paz definitiva.
Hay otras voces en la región que rechazan de plano un Estado palestino comprometido con el respeto a la legalidad internacional, tal como exige la Carta de Naciones Unidas a quienes tiene que admitir como nuevos socios. Son las de Hamás e Irán, que solo quieren un Estado entre el Jordán y el Mediterráneo pero islámico, regido por la sharía, del que sean expulsados los judíos. Estas pretensiones monstruosas van como anillo al dedo a los ultraortodoxos y supremacistas judíos del Gobierno de Netanyahu, puesto que buscan lo mismo, pero al revés: todo el territorio para ellos, nada para los palestinos.
