Indudablemente, urbi et orbi, la CIDH imputa al gobierno de Nicolás Maduro por la violación sistemática de los derechos humanos para desalentar la participación política, pues a juicio de dicho organismo las sanciones de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, entre las que menciona, de mayor gravedad intencionada, la impuesta sobre la exdiputada María Corina Machado se han aplicado “ de manera desproporcionada contra personas de la oposición”, lo cual viola los estándares interamericanos en relación con los derechos políticos”. Puesto que “El Estado ha violado los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión”, según expone, garantizados claramente, en la CRBV; situación que asimismo evidente por el acoso inquisitorio a sus desafectos, así como “el deterioro institucional y la falta de dependencia del Poder Judicial ha permitido, en el país, instalarse un clima de impunidad”. Toda una situación acrática en prosecución de continuar detentando el poder y sus huidas hacia adelante por eludir responsabilidades compartidas con su caterva de adláteres, por imponer un sistema retardatorio a una población que le ha manifestado un rechazo pleno desde el domingo 28/10/2023, cuando María Corina Machado surgió como la lideresa incontestable de casi toda Venezuela, quien aunque inhabilitada puede apoyar con todas sus energías al candidato idóneo de la oposición, doctor Edmundo González Urrutia.
Y, queda demostrado notoriamente, la discapacidad de Nicolás Maduro en el ejercicio del Poder Ejecutivo que ocupa ilegítimamente (de facto); efecto de unas elecciones amañadas y cuestionadas regional y hemisféricamente; así reconocidas por casi todas las naciones, salvo por sus dilectas caribeñas.
