El 22 de febrero, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentó su plan para Gaza después de la guerra. El breve texto es una señal hacia sus aliados de ultraderecha en el gobierno y hacia Estados Unidos, Europa y la ONU: rechaza parar la ofensiva en este momento, dar un papel a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en la Franja, y tampoco está dispuesto a iniciar negociaciones para establecer un Estado palestino. Confirma, además, que quiere desmantelar la Agencia de la ONU para la población refugiada palestina en Oriente Próximo (UNRWA), lo que serviría para cumplir su objetivo de acabar con el derecho al retorno de los refugiados de la guerra de 1948. Reafirma que la ofensiva en Gaza continuará hasta acabar con la capacidad militar y administrativa de Hamás, y no indica ninguna cesión hacia los familiares del alrededor de 130 rehenes que, a finales de febrero, todavía mantiene Hamás ni hacia quienes le critican por poner la guerra y su carrera política por delante de la vida de sus compatriotas.
Días después, el gobierno cargó contra una manifestación de familiares de rehenes. Una semana más tarde, anunció que no renunciaba a ordenar una ofensiva sobre la ciudad de Rafah, pese a que los negociadores entre Hamás e Israel estarían cerca de un posible acuerdo para liberar una parte de los rehenes israelíes a cambio de varios centenares de presos palestinos, parar la operación en Gaza durante 40 días y permitir mayor acceso de ayuda humanitaria.
El plan de Netanyahu comprende “la libertad de acción operacional en toda Gaza sin límite de tiempo” y crear zonas de seguridad entre Gaza e Israel y Egipto, en áreas antes pobladas por gazatíes que han sido arrasadas. Establecer esta zona supone invadir y destruir Rafah, donde ahora se hacinan cerca de 1,5 millones de personas, acentuando el riesgo de un desplazamiento masivo de ciudadanos de Gaza hacia Egipto. El Cairo ha advertido que no aceptará esta llegada de refugiados y amenaza a Israel con “suspender” el acuerdo de paz de Camp David (1979).
El gobierno y el ejército israelíes especulan con expulsar a los habitantes de Gaza, expandir los asentamientos y extremar el control sobre los palestinos en Cisjordania. En octubre pasado el Ministerio de Inteligencia de Israel propuso no oficialmente el traslado forzoso y permanente de los 2,3 millones de residentes de Gaza a la península del Sinaí (Egipto). La prestigiosa revista estadounidense Jewish Currents publicó en diciembre los planes del gobierno israelí para que internacionalmente se aceptasen contingentes palestinos por “razones humanitarias”. El gobierno de Netanyahu ha presionado a diversos países europeos, a la República Democrática del Congo y especialmente a Egipto para que permita esa entrada de miles de gazatíes en el desierto del Sinaí.
Los antecedentes
El futuro de Gaza va unido al de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, y a las dinámicas presentes y futuras de la ocupación de este territorio por parte de Israel. También, al papel de EEUU, los países árabes y Europa, y a un proceso de reconciliación de las fuerzas políticas palestinas, particularmente entre Fatah, Hamás y la diáspora en el marco de la OLP.
La contundente respuesta de Israel al atentado del 7 de octubre de 2023 es en realidad una continuación de décadas de ocupación del territorio palestino que se manifiesta en: el vasto, profundo y represivo alcance del poder institucional, militar y económico de Israel en esos territorios; la destrucción sistemática y bloqueo del desarrollo económico autónomo de los palestinos y la apropiación de sus recursos (tierras y aguas); la construcción de asentamientos israelíes que, con apoyo militar y judicial, acosan y expulsan de sus tierras, casas y poblaciones a individuos y comunidades palestinas; y un intrincado sistema de carreteras y puntos de control (checkpoints) que regulan la movilidad de los palestinos, obstaculizan su vida cotidiana, e impiden que accedan normalmente a sus trabajos, centros educativos y de salud. Los colonos levantan precarias construcciones ilegales (outposts), que se convierten progresivamente en ciudades, usando la fuerza para apoderarse de las tierras. Actualmente viven en Cisjordania y Jerusalén Este unos 700.000 colonos, según la ONU, que mantienen a los palestinos aislados unos de otros en especies de islas dentro de su propia tierra.
Separada geográficamente de Cisjordania, Gaza fue parte del Mandato británico de Palestina y es de facto territorio ocupado debido al estricto control que Israel mantiene sobre el territorio y su población. En la guerra de 1948, cientos de miles de palestinos fueron despojados de sus tierras y casas y una parte expulsados hacia Gaza, donde viven 2,3 millones de personas en 360 kilómetros cuadrados. El territorio fue ocupado por Israel durante la Guerra de los Seis Días de 1967 contra Siria y Egipto. En 2005 Israel desmanteló los asentamientos en Gaza y retiró sus fuerzas militares de ocupación. Pero la Franja está bloqueada por tierra, mar y aire, con la ayuda de Egipto desde la toma del poder local por parte de Hamás en 2007. Sus habitantes pasaron a ser dependientes de Israel para tener electricidad, agua potable, alimentos, medicinas, bienes y ayuda internacional.
La ofensiva actual es una operación de castigo a civiles por las acciones de Hamás; y uno de los mayores desplazamientos forzados de población desde la Segunda Guerra mundial, con el agravante de ser ejecutado por un Estado reconocido como democrático en un territorio que ocupa y sobre el que tiene obligaciones según el Derecho Internacional. Alrededor de 1,9 millones de habitantes de Gaza (80% de la población) han sido desplazados internamente. El asedio ha generado a finales de febrero más de 30.000 víctimas mortales y un número indefinido de desaparecidos y heridos; la destrucción de viviendas e infraestructuras sociales (incluyendo hospitales, centros educativos y de refugiados gestionados por UNRWA); el sometimiento sistemático al hambre y la sed; la censura a la prensa internacional en Gaza; la detención y asesinato de personal sanitario mientras aumentan las epidemias; la sospecha de torturas y detenciones sin rendición de cuentas de ciudadanos palestinos; y saqueos en sus casas. La población palestina de Gaza ha sido acorralada y empujada varias veces del norte al sur de la Franja, indicando que irían a “zonas seguras”.
En diciembre, Sudáfrica presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia alegando que Israel ha cometido actos genocidas en Gaza, en violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio. La Corte celebró audiencias públicas a mediados de enero y emitió una serie de medidas provisionales temporales, ordenando a Israel que se abstuviera de cometer actos genocidas, prevenir y castigar la incitación a los mismos, y permitir la entrada de ayuda humanitaria.
La ofensiva en Cisjordania y la radicalización israelí
La ofensiva del gobierno de coalición presidido por Netanyahu contra los palestinos ocurre también en Cisjordania y Jerusalén Este. Desde el 7 de octubre hasta fin de febrero, Israel ha detenido a 7.255 palestinos y se han intensificado las acciones violentas de colonos contra la población palestina y sus propiedades, con el apoyo de las fuerzas de seguridad israelíes. Ajith Sunghay, director de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el Territorio Palestino Ocupado, indicó en enero que “la atención internacional se ha centrado en Gaza, pero la situación de los derechos humanos en la Cisjordania ocupada se ha deteriorado rápidamente. Hemos visto morir a más de 500 palestinos en su mayor parte por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, la cifra más elevada desde que Naciones Unidas empezara a documentar estos sucesos en 2005”.
Nada de esto es nuevo. Los aliados de Netanyahu que representan a los colonos han logrado en febrero que se autoricen más asentamientos, con el fin de judeizar Cisjordania, a la que Israel denomina Judea y Samaría, y que se permita una presencia judía más fuerte en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, sitio clave para el judaísmo, el islam y el cristianismo. Los extremistas judíos en el gobierno quieren que se anule la semi-autonomía que tienen los palestinos para acceder a sus lugares sagrados.
Estas posiciones no son tampoco nuevas ni aisladas. La radicalización hacia la ultraderecha en Israel es un proceso que tiene lugar desde hace más de una década debido, entre otras razones, al fracaso del Partido Laborista de tener una clara política de paz diferenciada de la derecha. También responde a la ilusión que vendió Netanyahu de que era posible contener el conflicto con los palestinos sin solucionarlo y su necesidad de pactar con la extrema derecha, particularmente con los representantes de los colonos, Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, para volver a ser primer ministro.
Aluf Benn, editor del periódico Haaretz, escribe que “El trauma del 7 de octubre ha obligado a los israelíes, una vez más, a darse cuenta de que el conflicto con los palestinos es fundamental para su identidad nacional y una amenaza a su bienestar. No puede pasarse por alto ni eludirse, que continuar la ocupación, expandir los asentamientos israelíes en Cisjordania, sitiar Gaza y negarse a hacer cualquier compromiso territorial (o incluso reconocer los derechos palestinos) no traerá al país una seguridad duradera”.
En efecto, que Hamás haya podido entrar en Israel, cometer una matanza y un secuestro masivo y que, pese a la dura respuesta, meses después siga ofreciendo resistencia, obligando a Israel a negociar, produce una percepción de fragilidad en una sociedad que basa su identidad en proteger a la comunidad judía y evitar otro holocausto. Netanyahu trata de proveer una imagen de seguridad combinando dos acciones contrapuestas: eliminar a Hamás y liberar a los rehenes. En contra de ello, muchos familiares de estos y alrededor del 40% de la sociedad israelí piensa que se debe negociar con Hamás, pero no necesariamente aceptan un Estado palestino. Los sectores más extremos del gobierno consideran que la prioridad es acabar con la organización islamista y usar esta ocasión para expulsar a los palestinos de Gaza y a todos los que sea posible de Cisjordania y Jerusalén Este.
Yossi Alpher, ex analista del Mossad, escribe que la cuestión de los rehenes está ahora en el centro de la existencia y legitimidad del Estado de Israel. “La sociedad israelí, afirma, no podrá vivir consigo misma si abandona a los rehenes. (…) El 7 de octubre, el gobierno de Israel y las fuerzas de seguridad (Tsahal) traicionaron su deber de proteger a los ciudadanos; el Estado perdió su propia razón de ser como patria que protege al pueblo judío. Si el Estado y sus agentes vuelven a hacer esto, entonces Israel se habrá arruinado”. Para Alpher, “No hacer todas las concesiones posibles para rescatar a los rehenes, colocará a Israel en un dilema existencial imperdonable”.
La división de la sociedad israelí sobre los rehenes va acompañada de otras fracturas: continuar siendo un Estado democrático o convertirse en uno donde solo los judíos tienen plenos derechos (en 2018 Netanyahu logró aprobar una ley que declara que “Israel es el Estado nación del pueblo judío” frente a la definición de Israel como “Estado judío y democrático”); profundizar en ser una república democrática o convertirse en Estado nacionalista cuasi-teocrático; y en dar mayor o menor poder al ejecutivo frente a la Corte Suprema, poniendo en peligro la separación de poderes.
Los escenarios
¿Tiene Israel un plan para Gaza? Pese a la breve declaración del primer ministro, no parece haber acuerdo entre diferentes sectores de la sociedad, excepto en la común desconfianza hacia la existencia de un Estado palestino. A la vez, hay una duda generalizada sobre si es posible “acabar con Hamás”. Se trata de una organización con miles de miembros, amplio respaldo en Gaza y creciente en Cisjordania, apoyada o reconocida por Irán, Catar y otros países de la región.
El New York Times publicó en diciembre una serie de escenarios futuros para la Franja. Las propuestas van desde un neoprotectorado, con un grupo de países liderados por EEUU, hasta crear un gobierno de unidad nacional que promueva negociaciones con Israel. También desplegar una fuerza de la OTAN, que la ONU se haga cargo con plenas atribuciones, o formar una confederación palestino-israelí.
Casi todos piensan que EEUU debe empujar a Israel a negociar, llegar a acuerdos sobre los lugares sagrados, y potenciar la reactivación económica de Gaza y Cisjordania. Estrategas de Israel y Washington especulan con una fuerza de palestinos no afiliados a Hamás patrullando Gaza, y con una operación de mantenimiento de la paz formada por efectivos de países árabes. Estos, sin embargo, dudarán en enviar soldados a una misión que podría ser vista en Gaza como una fuerza de ocupación y con desconfianza desde Israel. Difícilmente Hamás apruebe esa presencia a menos que sea producto de un pacto que le incluya. La complicidad de Washington con Israel proveyendo armas y vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU, además, le ha restado legitimidad en el Sur y el mundo árabe para liderar cualquier operación.
El gobierno de Joe Biden ha indicado que Gaza debería ser gobernada por la ANP. Ante su creciente impopularidad en Cisjordania (y el ascenso de Hamás), sería una oportunidad de reinventarse. Pero la ANP es débil, corrupta y carece de legitimidad entre los palestinos. Su reforma llevaría varios años. Habría que crear el aparato institucional para una población diezmada y con sus infraestructuras destruidas en Gaza, y una fuerza policial palestina para la Franja que no sea un cuerpo policial delegado de Israel, como en Cisjordania.
Paralelamente, en medios de EEUU se espera que diversos países árabes financien la reconstrucción: Egipto y Jordania están interesados en estabilizar Gaza y Cisjordania, y los ricos gobiernos del golfo Pérsico en fortalecer una ANP moderada frente a Hamás. Pero nada será posible si no pueden mostrar a sus sociedades avances en reconocer un Estado palestino.
¿Un papel para Europa?
Muriel Asseburg, del instituto alemán Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), considera que Europa podría actuar en cuatro campos. Primero, apoyando la propuesta de Catar y Egipto (aprobada por Hamás) de superar la división entre Hamás y Fatah para lograr un compromiso palestino renovado de compartir el poder en un gobierno tecnocrático y no partidista. Segundo, la UE podría cooperar con EEUU, Catar y Egipto en la verificación de un alto el fuego permanente usando sus actuales misiones civiles en Palestina. Tercero, colaborar con otros países y la UNRWA con ayuda humanitaria y en la reconstrucción de un territorio que ahora es invivible. El compromiso financiero y técnico debería ir unido a un compromiso de paz y estabilización con Israel y los actores políticos palestinos. Y cuarto, apoyar el proceso político.
Todo esto precisa que los palestinos sean consultados y tengan capacidad y medios para opinar y decidir junto con libertad de movimiento y acceso a bienes, trabajo y servicios; que cesen los ataques de los colonos y desplazamientos forzados, y se respete un alto el fuego por todas las partes. Daniel Levy, presidente del US Middle East Project, opina que “un liderazgo tecnocrático diseñado por una consultora, seleccionado e impuesto por aquellos Estados occidentales que han respaldado las acciones de Israel en Gaza (un liderazgo que silenciosamente recibió el visto bueno de Israel y fue respaldado por ciertos Estados árabes) es una idea predecible, pero terrible. No producirá la tranquilidad y la seguridad que buscan sus partidarios”.
La ilusión de los dos Estados
Pero las propuestas chocan con la mayor parte de la sociedad israelí que no quiere un Estado palestino, y con el hecho de que el primer ministro ha amarrado su futuro político a ser el cortafuegos contra esa idea. Este y otros gobiernos en el futuro previsible no aceptarán la retirada del control de Israel sobre Gaza y Cisjordania, ni quieren que se fortalezca la ANP. Ante los rechazos del gobierno israelí, Asseburg recupera la idea del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad europea, Josep Borrell, de convocar una conferencia de paz y crear grupos de trabajo sobre las diferentes cuestiones.
Entre tanto, la expectativa de que EEUU presione a Israel para negociar sobre los dos Estados es una ficción. Biden trata de contentar a las comunidades judías conservadoras y liberales estadounidenses mientras genera resentimientos en países del Sur y en Europa. Netanyahu sabe que la continuación de la guerra creará más problemas a Biden y favorecería el triunfo en noviembre de su aliado Donald Trump. Para el ex primer ministro israelí, Ehud Olmert, Netanyahu extenderá la guerra para permanecer en el poder y con el fin de ampliarla a Cisjordania y expulsar la mayor cantidad posible de palestinos.
El resultado, como indican Marc Lynch (Washington University) y Shibley Telhami (Brookings Institution) es que “probablemente Israel continúe gobernando a millones de palestinos no ciudadanos a través de una estructura de gobierno similar al apartheid en la que a esos palestinos se les niegan plenos derechos a perpetuidad”. El punto de partida no es insistir en la retórica vacía de la “solución de los dos Estados” sino que Washington cambie su política y asuma que ha sido su apoyo (y deberían añadir, y el de los europeos) “el que ha permitido llegar a una situación, tanto por la arquitectura de la ocupación que hacen inviable un Estado palestino funcional como por el apoyo en armas y diplomacia”.
Washington, afirman, debe “asegurarse de que Israel respete el Derecho Internacional y las normas liberales para todas las personas en los territorios bajo su control, manteniendo la promesa de Biden de promover ‘medidas iguales de libertad, justicia, seguridad y prosperidad tanto para israelíes como para palestinos’. Semejante enfoque, que alinearía más la política estadounidense con sus aspiraciones declaradas, tendría muchas más probabilidades de proteger y servir tanto a israelíes como a palestinos, y apoyaría los intereses globales de Estados Unidos”. Una propuesta desafiante que merece especial atención desde Europa, que siempre ha preferido estar en un segundo plano respecto del conflicto israelí-palestino.
Covadonga Morales Bertrand, politóloga, trabajó en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Jerusalén en 2009-2013.
Mariano Aguirre es miembro asociado de Chatham House y autor de Guerra Fría 2.0. (Icaria, Barcelona, 2023).
