El tablero político en Venezuela, a menos de tres meses para las elecciones presidenciales, se mueve sobre un estancamiento profundo de la economía que pareciera que ya no puede estar peor y, cuando levanta la cabeza, es apenas una bocanada. Esta semana, Nicolás Maduro, por segundo año consecutivo, no aumentó el salario mínimo durante los actos del Día del Trabajador. La remuneración se mantiene congelada en poco más de 3 dólares mensuales y lo que se ha hecho fue incrementar los bonos que han sustituido la política social del Gobierno y que son insuficientes. Además, el chavismo quiere dejar en manos del empresariado, que rema a contracorriente en el país, la responsabilidad de aportar mensualmente a un fondo para mejorar los ingresos de los pensionistas. La ley se ha comenzado a discutir de forma exprés en la Asamblea Nacional y ya ha levantado preocupaciones en algunos sectores productivos.
El Gobierno sigue restringiendo el gasto en un país en el que más del 50% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Y el desafío económico, el que más preocupa a la gente a diario y el que hace que cada día un venezolano piense en emigrar, se ha convertido en un asunto de propaganda. En muchas alocuciones presidenciales y actos oficialistas, los líderes de la revolución bolivariana se esfuerzan en destacar las señales de recuperación que está ofreciendo la economía, una circunstancia que, aseguran, se irá consolidado con o sin sanciones internacionales.
Este sesgo viene acompañado de un millonario despliegue propagandístico para destacar la mejora general de la situación y fortalecer el vínculo del ciudadano con los valores del chavismo. El ruido que genera un consumo de lujo al que tiene acceso un sector minoritario de la población, el regreso de los conciertos de artistas internacionales, la realización de competencias deportivas de élite, la reapertura de tiendas de ropa de marcas extranjeras son usados con frecuencia como referencia de ese supuesto bienestar.
En las últimas semanas, se han desplegado vallas en Caracas con la imagen de la principal líder de la oposición, María Corina Machado y otros dirigentes políticos, bautizados como El tren de las sanciones, con una referencia a las bandas criminales venezolanas como el Tren de Aragua. Pero en la calle, además de las vallas propagandísticas, a diario se ve el malestar y el eterno rebusque de la supervivencia. El 65% de los venezolanos gana menos de 100 dólares al mes, según datos presentados recientemente por la firma Ecoanalítica, mientras la canasta básica supera cinco veces esa cifra.
El Gobierno argumenta que las sanciones que le han impuesto como presión para producir mejoras democráticas en el país le impiden maniobrar financieramente. Pero los años en los que se registró una ligera recuperación de la economía, durante el rebote que hubo entre 2022 y el primer tramo de 2023, las sanciones estaban en vigor. Fue en octubre pasado cuando Washington levantó las restricciones a PDVSA, la petrolera estatal, a cambio de que el Gobierno generara condiciones para unas elecciones competitivas. El país pasó algunos meses liberado de las sanciones y, si bien algunos sectores del tablero económico nacional han dado ciertas señales de vida, y ha mejorado el ingreso al fisco gracias a una limitada recuperación de la producción petrolera —estancada en los 700.000 diarios, que se siguen vendiendo con descuentos en el mercado internacional, según Ecoanálitica—, la lentitud en la demanda, la cautela en la inversión, el rezago industrial y las insuficiencias en el ingreso están a la orden del día. Las garantías democráticas tampoco llegaron muy lejos.
La ventana que ofrece la flexibilización temporal de las sanciones luce limitada en medio de la precariedad institucional en la que está Venezuela. Cuando los derechos económicos, sociales y políticos pueden ser violados cualquier día y a cualquier hora, hay demasiada incertidumbre para tomar cualquier decisión de inversión económica y también de inversión social, que son decisiones que toman las familias a largo plazo, como por ejemplo permitir que el muchacho termine el bachillerato para ir a la universidad, comprar un terreno para que la familia haga una casa para el futuro, advierte el sociólogo Luis Pedro España.
Si bien entre 2018 y 2019 el Gobierno puso reversa a algunos controles de la política chavista y emprendió un proceso de liberación de facto de la economía, persiste un marco jurídico que se convierte en un lastre para ese proceso. Eso hace que los inversionistas tomen decisiones de muy corto plazo, en las que la rentabilización tiene que ser en meses. Por eso todos los negocios florecientes son los de rápida recuperación de la inversión, dice España, investigador de la Encuesta de Condiciones de Vida del Venezolano de la Universidad Católica Andrés Bello. Sin las reformas institucionales que se necesitan, el país seguirá en esta inercia declinante.
En su reporte trimestral, el Observatorio Venezolano de Finanzas da cuenta de que el país tuvo crecimiento económico modesto en el primer trimestre de 2024, estacionado en el 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Las cifras le dan continuidad a la constante de 2023. Un dígito apalancado en una expansión de 20% en la actividad petrolera y cierto incremento de la actividad comercial y de servicios, pero en el cual son muy evidentes rezagos graves en sectores neurálgicos para el empleo, como la construcción.
Una de las consecuencias de la liberación de las sanciones ha sido la estabilidad cambiaria, la inflación ha ido cediendo, el Gobierno tiene mayor flujo de caja y mejores expectativas, afirma Luis Oliveros, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Metropolitana de Caracas, quien, sin embargo, no se muestra muy optimista sobre lo que pueda ocurrir al cierre de 2024, sobre todo a causa del ruido político. Venezuela tiene dos escenarios muy diferentes con o sin sanciones internacionales. El ruido político ha hecho que las expectativas cambien. Las proyecciones de crecimiento hay que ajustarlas, no regresaron todas las sanciones, pero cambian el panorama económico.
Oliveros reconoce que la producción de petróleo puede seguir aumentando trabajosamente, y que espera que se mantenga algún volumen de inversiones en el sector. Por primera vez, en mucho tiempo, el Gobierno de Maduro parece hacer un esfuerzo por separar la economía de la zona de conflictividad política. Pero no parece haber nada claro sobre la consolidación de tasas de crecimiento altas, que le regresen al país a antigua fisonomía, y la saquen de la dimensión liliputiense actual.
Es complejo hacer cálculos exactos en Venezuela con la opacidad de la data del Banco Central de Venezuela, afirma José Manuel Puente, economista y profesor de la Universidad de Salamanca y el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Puente coincide en que son importantes los condicionamientos al crecimiento económico si Venezuela no sale de la zona de las sanciones, y más aún, si no hay un cambio político incruento. La economía puede crecer algo, el Fondo Monetario Internacional todavía registra una recuperación de 4%, pero serán tasas bajas, insuficientes. No se puede aspirar al desarrollo, crecer a altas tasas, volver a ser lo que fuimos, en estas condiciones.
El tema electoral afectará la situación, el panorama no es claro. Además, un esquema de sanciones severo va a evaporar todos los esfuerzos hechos para controlar la inflación, opina Oliveros. Algunas cosas más ocurrirán. No hemos terminado de ver la película. La economía de Venezuela, ese lugar sembrado de certezas, engaños y muchas dosis de propaganda.
El País de España – Florantonia Singer – Alonso Moleiro
