Lo hecho por López Obrador y Octavio Romero contra María Amparo Casar es una infamia, bajo cualquier posible definición de la palabra. Pero más que rasgarse las vestiduras —inútil— o solidarizarse con ella —indispensable— conviene tratar de entender qué hace el régimen, por qué lo hace, y cómo se puede responder.
En primer lugar, el ataque a Casar y a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) comenzó casi desde el arranque del sexenio. El número de menciones de Casar es de más de sesenta en las mañaneras, pero como AMLO asocia a la organización con su fundador, Claudio X. González, que la dejó hace tiempo, la cifra es en realidad mucho más elevada. La ofensiva no se limitó a insultos en las mañaneras. López Obrador procuró, en público y en privado, convencer a USAID y a la Casa Blanca de suspender el financiamiento que MCCI recibía desde su creación. Asimismo, presionó o amenazó a empresarios mexicanos para que desistieran de cualquier tentación de apoyar a Casar con recursos propios. Algunos atendieron la solicitud.
Luego, conviene recordar que la calumnia sobre los motivos del fallecimiento del esposo de Casar en 2004 no data de la semana pasada. Aparece toda la diatriba en el libro del Presidente, ¡Gracias!, que circula desde marzo de este año. Es decir, las acusaciones de corrupción y manipulación de documentos no fueron provocadas por el nuevo libro de María Amparo, ni por revelaciones recientes de MCCI. Conociendo un poco el proceso de publicación en México, el libro de marras fue impreso probablemente en enero, las últimas revisiones entregadas a principios de diciembre de 2023, y el manuscrito en su totalidad casi seguramente en noviembre, cuando menos. Por lo tanto, no se trata de denuncias improvisadas, precipitadas o de botepronto. Venganza sí, tal vez, pero el famoso platillo que se come frío.
¿Pura venganza? No estoy tan seguro. A diferencia de algunos de mis colegas y amigos, considero que AMLO se siente confiado a propósito de las elecciones, y la mayoría de sus excesos o cálculos no provienen de preocupaciones electorales. Creo que piensa mucho más, como todos sus predecesores a estas alturas, en su legado, con el narcisismo que lo caracteriza. Para él, pasar a la historia como un Presidente cuya familia y equipo incurrieron en los mismos actos de corrupción que aquellos atribuidos —justa o injustamente— a sus predecesores, le ha de resultar intolerable. Sabe que en el seno de la opinión pública comienza a calar la idea de que no se ha avanzado en reducir la corrupción, y que los escándalos de sus hijos, hermanos, primos y colaboradores cercanos pueden crecer en el séptimo año del sexenio: el más inclemente. El mejor antídoto consiste en denigrar, desacreditar, desprestigiar a quienes han producido las principales revelaciones sobre la corrupción de su entourage. MCCI ocupa un distinguido sitio en dicha constelación. De ser así, podemos esperar ofensivas parecidas, ligadas al legado: unas de corrupción, otras a la supuesta solución de los episodios críticos del pasado, como Ayotzinapa, y otros más lejanos.
Por último, sería útil que los valientes conductores y periodistas que firmaron el manifiesto a favor de Casar —para ellos es mucho más arriesgado que para nosotros: los dueños de sus medios no son muy valientes que digamos— trataran de arrojar más luz sobre el caso. Subsisten muchas lagunas, que no debieron ser asunto de nadie, pero visto que López Obrador los divulgó, conviene esclarecerlos. Van desde la secuencia de los peritajes, el dictamen de la aseguradora inglesa que pagó el seguro de vida, la naturaleza del “influyentismo” al que se refiere López Obrador en su libro, hasta la supuesta reunión entre el procurador del DF de entonces, Bernardo Bátiz, y la propia Casar acompañada por Héctor Aguilar Camín.
Ya lo ha empezado a hacer, entre otras Azucena Uresti, en una entrevista con Bernardo Bátiz. El tema es sencillito. Basta con que además reporteros de los medios independientes, y hasta de los corruptos, acosen —sí, es la palabra correcta— a Bátiz en el Consejo de la Judicatura y en su casa hasta que responda a una pregunta muy simple: el encuentro ¿tuvo lugar, sí o no? A Uresti le respondió que no recuerda haber celebrado esta reunión, pero que la memoria de López Obrador es mejor que la suya: “¿Qué horas son? Las que usted diga señor Presidente”. En caso afirmativo, que lo compruebe —le toca al gobierno demostrar la culpabilidad de Casar, no a ella aclarar su inocencia— mediante una abundancia de pruebas: registro de ingreso al recinto, copias de identificaciones, agenda del procurador ese día, videos de vigilancia de las oficinas, testigos de la reunión, etc. Es binario el asunto: existió el encuentro, o no. Hasta en México se vuelve imposible encontrar una tercera opción. Ese es el camino.
