El costo social del conflicto político venezolano es distinto al de otros países latinoamericanos que pagaron la violencia y la confrontación armada con un trágico saldo de centenares de miles de perseguidos, encarcelados, torturados, desaparecidos y muertos. En Venezuela las víctimas más numerosas del conflicto han sido los casi 8 millones de migrantes que sufrieron un acelerado deterioro de sus condiciones de vida debido a la contracción de la economía, la destrucción de millares de empleos, la confrontación política, la crisis de gobernabilidad y el impacto de las sanciones económicas. Los migrantes venezolanos son el equivalente a los desplazados por el conflicto en otros países, a quienes luego se les adjudicaron tierras y otorgaron créditos y asistencia técnica para facilitar su repatriación y reinserción productiva.
Guatemala cuenta con una historia muy compleja, marcada por cruentas luchas entre las élites económicas, políticas y militares, y los pobres, en su mayoría indígenas y habitantes de las áreas rurales, quienes no han tenido acceso ni a la tierra, ni al capital, ni al poder militar. La pobreza y desigualdad es la marca de una sociedad injusta, que se ocupó de las necesidades de sólo un sector de la población, marginando al resto. En esta desigualdad están las causas históricas del conflicto armado guatemalteco.
Guatemala no solo ha sufrido la violencia de la confrontación armada entre las fuerzas del Estado y la insurgencia guerrillera, también ha sufrido la violencia estructural que genera la exclusión social de la mayoría de la población del disfrute de los derechos esenciales al trabajo, la educación, la salud, la vivienda, mientras que solo una minoría privilegiada logra satisfacer plenamente sus necesidades.
Uno de los efectos de la guerra de guerrillas y de la ofensiva contrainsurgente en Guatemala fue la llegada de más de 46 mil refugiados al territorio mexicano. La cercanía con el área de conflicto y el impacto directo de la crisis centroamericana en sus fronteras impulsó a México a buscar soluciones estructurales y duraderas del conflicto.
Acuerdos de Paz y atención a los refugiados
El proceso de negociación para la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala fue extenso y complejo. Las negociaciones se llevaron a cabo desde 1987 hasta 1996. El proceso de paz buscaba crear condiciones para el retorno seguro y la reintegración de las personas desplazadas por el conflicto armado.
Los refugiados, organizados principalmente en las Comisiones Permanentes de los Refugiados Guatemaltecos en México, abordaron su problemática de forma separada a las negociaciones para el fin del conflicto armado, el desarme y la paz. En noviembre de 1991, se firma la Carta de Entendimiento entre ACNUR y el gobierno de Guatemala, con la participación de las Comisiones Permanentes y la Comisión Nacional de Atención a Repatriados y Desplazados (CEAR), una instancia mediadora representada por obispos de la iglesia católica guatemalteca y los buenos oficios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Después de largas negociaciones para la firma de la paz que culminaron el 29 de diciembre de 1996, este proceso sobrepasó el interés guatemalteco y abrió nuevos horizontes para toda Centroamérica. Además de crear relaciones más estables y seguras con sus vecinos, los Acuerdos de Paz de Guatemala influyeron en los subsiguientes procesos de paz en toda Centroamérica
Los precedentes más importantes para el logro de la paz fueron el Grupo de Contadora y los acuerdos de Esquipulas II. El Grupo de Contadora surgió en enero de 1983 y fue el primer esfuerzo de mediación internacional. La entrega del Premio Nobel de la Paz en 1987 al entonces presidente de Costa Rica, Óscar Arias, simbolizó la voluntad de concertación que se dio entre los diferentes actores involucrados en el conflicto. En los años 80, los procesos de Esquipulas crearon las bases políticas, militares y diplomáticas para la superación del conflicto armado. Sin embargo, para lograr el desarme y la paz, hubo que esperar a que los propios centroamericanos asumieran un papel protagónico.
Los procesos de paz encuentran mayores probabilidades de concretarse y tener éxito cuando reciben el aporte de activistas por la paz, cancillerías, organismos regionales e internacionales, observadores y mediadores, grupos de países amigos, países que se ofrecen como sedes de las negociaciones y garantes de los acuerdos. Esta confluencia de los sectores civiles, institucionales y de la comunidad internacional, contribuyen al logro de los acuerdos de paz. En el caso de Guatemala, México jugó un papel determinante debido al interés que tenía de encontrar solución a la problemática causada por los miles de refugiados que llegaban a ese país huyendo de los estragos del conflicto armado.
Referencias para Venezuela
La mayoría de los migrantes venezolanos está en condiciones ilegales, sufre la discriminación y xenofobia por la competencia laboral que representan para los trabajadores locales, y por la presión que ejercen sobre los servicios públicos y sociales. Esto genera creciente tensiones con los países en los que se concentra la migración venezolana.
Una solución digna para los migrantes venezolanos debe ocupar un lugar prioritario en las negociaciones entre el gobierno y la oposición, y en las negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores. El problema de los migrantes es un asunto álgido y sensible en el marco de las Presidenciales de 2024 en EEUU. A la Administración Biden le conviene abrir una válvula de escape para aliviar la presión de los migrantes, y el gobierno de Nicolás Maduro está obligado a ofrecer incentivos para la repatriación de migrantes venezolanos de diferente calificación técnica y profesional que apenas sobreviven desempeñando otros oficios, y el país los necesita para su reconstrucción.
Incentivos para la repatriación de migrantes venezolanos
Muchos de ellos estarían dispuestos a regresar si encuentran incentivos para trabajar, reconstruir sus condiciones de vida y sostener sus familias. Su repatriación puede ser financiada si se liberan los recursos de la República que están bloqueados en el exterior. En 2022 Citgo, filial de Pdvsa en EEUU, generó ganancias por $ 2.800 millones y en 2023 reportará un rendimiento semejante. Actualmente tiene en caja más de $1.400 millones. Pero Citgo está en peligro de ser rematada en EEUU y las opciones para salvar la compañía más importante que Venezuela son cada vez más limitadas.
En el marco de las negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores, la OFAC puede extender la licencia que impide actuar contra de Citgo y prohibir el remate de sus acciones a cambio de destinar las ganancias de Citgo a financiar la repatriación de migrantes venezolanos en EEUU que quieren regresar para reconstruir su vida en el país que los vio nacer. Las negociaciones entre Washington y Caracas pueden acordar que la OFAC proteja a CITGO del remate siempre y cuando sus ganancias se destinen a la repatriación de migrantes venezolanos en EEUU.
Independientemente de quien resulte ganador en las Presidenciales del 28J, la viabilidad económica de la gobernabilidad poselectoral en Venezuela emplaza a los candidatos a la Presidencia a gestionar ante la Administración Biden la extensión de la licencia que impide el remate de Citgo, a cambio de destinar parte de sus ganancias a financiar la repatriación voluntaria de los migrantes venezolanos que estén dispuestos a reconstruir su vida en Venezuela. La repatriación voluntaria se puede promover financiando los siguientes incentivos:
*Asignación de 500 $/mensual (costo de la canasta alimentaria) durante un año para repatriar 50.000 familias (50 x 12 x 50.000 = $ 300 millones)
*Créditos en condiciones preferenciales de montos, tasas de interés, plazos y garantías para la adquisición de taxis y otros emprendimientos productivos.
*Préstamos hipotecarios en condiciones preferenciales para la adquisición de vivienda y subvenciones para equipamiento del hogar.
*Becas para hijos de migrantes en educación primaria, media y superior.
*Seguro de hospitalización, cirugía y maternidad.
*Exoneración de impuestos sobre la renta por tres años.
