El pasado 5 de mayo un Congreso del Movimiento al Socialismo (MAS) efectuado en la ciudad de El Alto por leales a la línea política del presidente boliviano Luis Arce, decidió excluir de la nueva dirección nacional de esa organización a quien fuera su líder durante 27 años, el tres veces mandatario de ese país Evo Morales. Así, se cierra un capítulo del cada vez menos disimulado enfrentamiento que estos personajes han protagonizado desde la misma noche de las elecciones presidenciales de octubre de 2020, que Arce ganó de manera cómoda.
Salvando las diferencias de cada caso, puesto que las comparaciones nunca son exactamente iguales, pero a fin de ilustrar al amable lector, digamos que la actual puja entre Arce y Morales se parece bastante a la que hace una década sostuvieron en Colombia Álvaro Uribe y su sucesor Juan Manuel Santos. Por una confusión en los roles, el segundo decidió gobernar él y no dejar que su popular ex jefe (líder de su sector político) le dictara la línea. La diferencia es este caso que comentamos hoy, es que la política de Bolivia sigue girando obsesivamente desde 2016 sobre el mismo tema: el intenso deseo por parte de Evo Morales de seguir despachando desde la silla presidencial.
Ese año el ex líder cocalero perdió por estrecho margen un referéndum popular mediante el cual pretendía reformar la Constitución de 2009 (que él mismo había promovido) a fin de que se le permitiera postular para un cuarto mandato presidencial. Sin embargo, Morales apeló ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, un año después, torció la voluntad mayoritaria de los bolivianos al habilitarlo para una nueva reelección. El máximo tribunal del país andino argumentó que el Pacto de San José de Costa Rica estaba por encima de la Constitución boliviana al garantizar el derecho humano de elegir y ser elegido. Por tanto, ese era un derecho que al presidente en ejercicio no se le podría violar.
La disputa política
Como tal vez se recordará, de ahí en adelante Bolivia fue noticia casi semanal porque la disputa política en ese país se fue radicalizando a medida que se acercaba el 2019, año del controversial proceso comicial que culminó en el derrocamiento de Morales por parte de un levantamiento cívico-policial; el ascenso de la senadora Jeanine Áñez como presidente de transición; y el inesperado retorno del MAS al poder un año después de la mano de ex ministro de Economía, Luis Arce con el 55% de los sufragios.
Impedido de presentarse a esa elección (pues aquel mismo Tribunal Constitucional ahora le había abierto varios juicios), Morales hizo campaña desde su exilio argentino aplicando la versión boliviana de la conocida fórmula acuñada en su día por Juan Domingo Perón, “Arce al gobierno, Evo al poder”.
Considerado como la cara amable del MAS, el ex ministro estrella fue recibido por los empresarios, la clase media, la comunidad internacional y hasta por buena parte de la oposición con alivio. Él sería la oportunidad de superar las secuelas de la crisis política de 2019 y de la debacle económica del 2020. El flamante mandatario se comprometió a dedicarse a gobernar él, respetando el liderazgo político de Morales quien siguió siendo presidente del movimiento.
Durante esa campaña electoral hizo una promesa clave que, por lo visto, ha cumplido: “Si Evo Morales quiere ayudarnos, será muy bienvenido. Pero no significa que Morales estará en el gobierno. Será mi gobierno”.
Pero no había tomado posesión de su cargo cuando la soterrada puja entre los dos líderes ya había comenzado. Desde entonces a esta parte, no ha habido forma ni manera de lograr conciliación ni entendimiento pese a las gestiones de Rafael Correa y de Lula Da Silva.
Sin estridencias ni alardes, Arce se resistió a las presiones de cambiarle a sus ministros del Gabinete. Por su parte, Morales dividió el bloque masista en la Asamblea Legislativa aliándose con la misma oposición a la que acusa en el exterior de golpista, racista y reaccionaria. Todo con tal de hacerle la vida difícil a su antiguo subalterno. Incluso, la mayoría oficialista en el parlamento llegó a censurar a uno de los ministros de más confianza del presidente.
Pero aplicado aquel adagio que reza: “del agua mansa líbrame Dios, que de la brava me libró yo”; el pausado Arce dio una muestra de su propia fuerza como jefe de Estado al ordenar el operativo comando que en diciembre de 2022 detuvo a Luis Fernando Camacho, controversial líder de la derecha boliviana y en ese momento gobernador de Santa Cruz, con proceso judicial abierto por los hechos vinculados al “golpe” de 2019. Ese día Arce demostró que no era solamente un eficaz tecnócrata. Él también sabía mandar.
La división
A continuación, propició a su vez la división de la poderosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb). En agosto del año pasado el más importante movimiento social del país quedó fracturado entre arcistas y evitas, en medio de una trifulca que dejó a 450 personas heridas.
El siguiente espacio de disputa le tocó al propio MAS, cuando el sector de Arce desconoció el Congreso que Morales convocó para el 3 octubre. Así, las cosas han ido a dar a donde había empezado todo este enredo, en la misma instancia Judicial que permitió la reelección presidencial en 2017.
Por ahora, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió este miércoles que Morales sigue siendo el líder del MAS hasta que se confirme la nueva directiva, mientras este y sus seguidores califican como “ilegal” las decisiones de ese Congreso, amenazan con bloquear las carreteras del país en protesta, y el ex mandatario desafía directamente al Tribunal Constitucional que en una sentencia del pasado mes de diciembre cambió su criterio al señalar que la reelección indefinida “no es un derecho humano”. Ha declarado que será candidato presidencial de su partido para las elecciones presidenciales de 2025 “a las buenas o a las malas”. Ese fallo, respaldado por el Gobierno de Arce, buena parte del MAS y de la oposición, debilita el relato oficialista sobre los hechos de 2019, ya que valida el argumento según el cual Morales no tenía derecho a postularse y forzó la Carta Magna para hacerlo.
Otro ejemplo, de cómo el deseo de perpetuarse en el poder es el auténtico cáncer de la política latinoamericana.
@PedroBenitezf – Al Navío
