Problema a enfrentar y difícil de saber hasta dónde y cuándo, la del gobierno entrante a elegirse el 28/7 venidero; secuela reimpuesta a Pdvsa; y aunque no afecta a las contratistas especificadas en la resolución –transacciones esenciales que involucren a Pdvsa con algunas entidades que operan en el país-. Y, es el efecto por omisión de los compromisos políticos del régimen saliente, a ocurrir, gracias al voto masivo del electorado que execrará inexorablemente, al régimen fatídico de Nicolás Maduro Moros. Aunque de acuerdo con la CRBV, el nuevo presidente no se investiría sino hasta el 10/1/2025; los efectos de tal sanción no son taxativos y tal vez podrían flexibilizarse puesto que el gobierno entrante sería de otra condición, actitud o talante y porque además se iniciaría un proceso de transición hacia el restablecimiento del sistema democrático, ya previsto desde la campaña electoral; proceso interrumpido desde 1999, cuando el chavismo asumió el poder, y se reformula en 2013 por el triunfo doloso (detentado) de Nicolás Maduro.
A causa de los desafueros y desvaríos del régimen actual no va a ser una tarea tan fácil la recomposición del país tras más de unos 20 años de clientelismo y políticas erráticas. Será necesario un trabajo político arduo en todas las áreas de la vida institucional de la nación en el que concursarían muchos de nuestros técnicos profesionales que migraran en virtud de la discapacidad para el ejercicio de sus actividades que les forjara el régimen chavista retardatorio y troquelado en su actitud reaccionaria.
Asimismo, sería muy oportuno sobremanera, agendar desde ya, la metodología a seguirse a fin de demandarles cabalmente, la reposición total por malversación a cuenta de exportar un seudoproceso.
