Asuntos humanitarios severos se desatan sobre Brasil. Graves inundaciones en el Estado de Rio Grande do Sul golpean el sur del país por intensas lluvias que ya llevan dos semanas. Que han dejado ya 144 muertos, más de 800 heridos y al menos dos millones de damnificados. Si bien en las últimas dos semanas los socorristas rescataron a más de 76.000 personas en Rio Grande do Sul, al menos 127 siguen desaparecidas.
Mientras ese terrible desastre natural se desata imparable, el mundo sigue girando. Y las agendas políticas están allí. En uno de los asuntos más sensibles, la política sobre drogas, el panorama está sirviendo de contexto más para adoptar decisiones regresivas y no para una reflexión creativa.
En los últimos días el escenario ha estado en Brasil y en una discusión/decisión adoptada en el Senado. Pero ha pasado un tanto desapercibida sin que el asunto aparezca en las primeras planas o se vuelva central en el debate público, centrado en los efectos del azote humanitario en curso.
Las políticas equivocadas y la “guerra contra las drogas”
Un hecho macizo se constata en la realidad: el fracaso de la “guerra contra las drogas”. Con las políticas vigentes por décadas, no sólo en Brasil sino en la mayor parte del planeta no se ha logrado disminuir ni, mucho menos, frenar, el consumo de drogas ilícitas. Décadas de “mas de lo mismo”. Con resultados que no dejan lugar a dudas: mientras el consumo de drogas no disminuye, a la vez, quienes pagan los “platos rotos” han sido -y siguen siendo- esencialmente los pobres y las mujeres.
Un excelente estudio publicado de WOLA (Washington Office on Latin America), por ejemplo, expone con precisión cómo no ha variado la realidad: el aumento del comercio y consumo de drogas ilícitas. Dentro de ese marco regional, Brasil se ha convertido ya en el segundo consumidor en el mundo de cocaína y derivados. Precedido sólo por Estados Unidos. La llamada “pasta básica” y el crack se venden al por mayor y a precio muy bajo en las llamadas crackolandias en Río de Janeiro o São Paulo.
Mientras, el encarcelamiento de mujeres en América Latina se ha incrementado dramáticamente en las últimas dos décadas y las cárceles -de hombres y mujeres- se encuentran llenas de personas vinculadas al negocio de las drogas ilícitas. Mientras las cárceles latinoamericanas son creciente fuente de violencia y tensión, la famosa guerra contra las drogas tiene mucho que ver con eso.
Drogas y la imputación más común
En la mayoría de países de la región los delitos relacionados con drogas no sólo siguen siendo cuantitativamente muy altos sino que son la principal causa para el encarcelamiento de ciertos grupos humanos, como las mujeres. Nada de este alto “costo social”, sin embargo, se ha reflejado en la disminución del comercio o consumo de drogas ilícitas.
Este sólo dato debería merecer una revisión crítica y autocrítica del camino recorrido pero más “cómodo” parece ser continuar, como si nada hubiera pasado. Para tratar el tema del consumo de drogas ilícitas como un grave y delicado asunto de salud público y no, como es ahora, como un tema circunscrito al derecho penal, cuya ineficiencia ha demostrado ser total.
Los delitos relacionados con droga, así, constituyen en la mayoría de países latinoamericanos la imputación más común contra las mujeres encarceladas. A ello hay que añadir un crucial dato “social”: la mayoría son mujeres del estrato de pobreza o extrema pobreza.
Así, las mujeres empobrecidas son las víctimas de la famosa -y fracasada- “guerra contra las drogas” cada vez más cuestionada. En Colombia, por ejemplo, cerca de la mitad de las reclusas están en prisión por delitos de drogas menores; más del 83 % de este grupo es considerada “pobre”. El panorama es muy parecido en los demás países sudamericanos.
En efecto, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, esa es la constante. No la excepción. Mientras, el comercio y consumo de drogas ilícitas continúa imparable dada la inexistencia -o ineficiencia- de políticas de salud pública sobre el tema.
La Corte Suprema y la despenalización del cannabis
Dentro de un contexto siempre complejo -como no puede dejar de ser el caso en este inmenso país de más de 200 millones de habitantes- la poderosa -y solvente- Corte Suprema del país –”Supremo Tribunal Federal”- ha venido evaluando, con coraje y valentía, este complejo asunto. Empezando por abordar, transparentemente, la discusión sobre la despenalización del cannabis para uso personal.
Buena iniciativa.
Un sunto de salud pública
Sigue el más alto tribunal del país, así, la política ya avanzada en varios países: tratar el consumo de alteradores de la conciencia no, simplistamente, como un asunto penal o “criminal”, para abarrotar prisiones. Sino como uno de salud pública.
Que demanda, ante todo, políticas públicas preventivas. De información y seguimiento. Como las que permitieron, en su momento, a países como Suiza, por ejemplo, reducir la expansión del SIDA gracias a políticas creativas en materia del consumo de drogas inyectables como la heroína. Ocurrió notable progreso, por ejemplo cuando, se desempeñó como presidenta de la Confederación Suiza, Ruth Dreifuss, sólida crítica de la militarización de la “guerra contra las drogas” y promotora de políticas públicas con un abordaje vinculado a la salud pública.
En Brasil, remecido muchas veces por la impotencia y desconcierto ante la fuerza de organizaciones criminales en ciudades como São Paulo o Rio de Janeiro, se ha intentado toda suerte de respuestas frente a la expansión del crimen. Sin éxito. Llegando muchas veces a militarizar las respuestas en las favelas afectando esencialmente a la población más pobre. Y poco -o muy poco- a las organizaciones criminales.
Yendo más allá del día a día, hay que reconocer el coraje y valentía del Supremo Tribunal Federal. Se viene proponiendo en ese alto tribunal salir de la rutina circular y de la ineficiente política de drogas tradicional. Valiente el tribunal de mirar en la gran perspectiva. Y salir, así, de la recurrente reiteración de políticas tan facilistas como ineficientes, las usualmente prevalecientes en torno al anacronismo de “guerra contra las drogas”.
La Corte Suprema de Brasil le “entró al toro”. Y abordó medularmente la discusión de una enmienda constitucional orientada a decidir la despenalización de la posesión de marihuana para uso personal.
Asunto no sólo de salud pública sino, también, de honda repercusión social en un país que busca dejar atrás cualquier forma de discriminación. Según un estudio reciente, el 65,7% de los procesados por tráfico de drogas en general son negros. Todo un tema en el que se expresa la discriminación aún existente en el Brasil y que la Corte Suprema, por lo visto, no ve con indiferencia.
Políticas públicas en discusión
Dentro de este contexto complejo ha hecho bien el máximo tribunal del Brasil de discutir -y decidir- sobre el tema. Y, con ello, sobre la necesidad de diseñar e impulsar políticas públicas adecuadas de información y prevención, en el ámbito específico de la salud y los riesgos del consumo por menores de edad.
Pero tratándolo así, como un asunto de salud pública. Y en eso se está ahora. Hasta la última votación en marzo, cinco de los 11 jueces del alto tribunal se pronunciaron a favor de despenalizarla. Apuntando a establecer “parámetros objetivos” de cantidad para diferenciar usuarios de traficantes.
Así, de acuerdo con la información conocida sobre los debates en el Supremo Tribunal Federal, los magistrados han propuesto una franja de entre 25 y 60 gramos, o seis plantas hembras, que producen el THC, la sustancia psicoactiva. El fundamento: menos del 9% (8,9%) de los procesos criminales por tráfico de droga involucran a personas detenidas con 60 gramos o menos de marihuana, según un estudio del gubernamental Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) de 2023.
Todo esto demanda del Estado, ante todo, creatividad. Empezando por información pública solvente y la posibilidad de atención sanitaria, en lugar de más cárceles, precedidas de muy largos y costosos procesos penales. Que, observando lo que ocurre en la mayoría de países de América Latina, hace que sean mayoritariamente los más pobres y las mujeres quienes pagan los platos rotos.
El senado un paso hacia la regresión
Revisar las políticas de drogas que se siguen cerrilmente porque así “toca” (la fracasada “guerra contra las drogas”) está siendo materia creciente de reflexión en el mundo. Es lo que, con buen criterio, ha avanzado en discutir el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Buena noticia.
Mientras, el Senado de Brasil aprobó el mes pasado, en sentido opuesto, un proyecto que introduce en la Constitución el delito de posesión de drogas. Lo hace el Senado, como lo han destacado varios críticos, sin importar la cantidad. Una decisión que suena -y es- demagógica. Y que es vista, con razón, como un desafío al creativo debate en la Corte Suprema, que evalúa la despenalización.
El proyecto propuesto por el conservador presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, modifica el artículo 5 de la Constitución de 1988 para “disponer la criminalización de la posesión y porte de estupefacientes y drogas afines” desautorizadas o ilegales. La enmienda constitucional fue aprobada por 53 votos a favor y nueve en contra luego de dos sesiones en la Cámara Alta, de mayoría conservadora. Ahora debe ir a debate en la Cámara de Diputados.
Con razón -y precisión- Human Rights Watch calificó la enmienda del Senado como “un retroceso gravísimo”. Pues, señala, que además de ser ineficaz, la tal “guerra” “…tiene consecuencias devastadoras para los derechos humanos: alimenta el crecimiento de organizaciones criminales que cometen abusos y corrompen el Estado de derecho, impulsa operaciones policiales letales en las comunidades, llena las cárceles con personas que no deberían estar tras las rejas”.
En eso se está. Entre la sensatez y el realismo, de un lado, versus la ilusión demagógica y el error/horror de continuar impulsando una “guerra” tan cruenta como inútil y fracasada.
En agenda varios pasos
El magistrado del Tribunal Supremo Gilmar Mendes, relator del caso en debate, argumentó que portar drogas para uso personal ya no debería ser un delito. Los magistrados Luís Roberto Barroso y Edson Fachin, por otro lado, se mostraron claramente a favor de despenalizar la posesión solo para el cannabis.
Mientras, en las calles, las cosas parecen moverse también. La tesis prohibicionista -y regresiva- del Senado es considerada un “absurdo jurídico” por los organizadores de la próxima Marcha de la Marihuana de São Paulo, programada para el 17 de junio. Que tiene como antecedente la marcha llevada a cabo el 2022 que reunió a cerca de 80 mil personas en la capital del Estado de São Paulo. Habrá que ver el impacto de esa movilización en las semanas que sigan.
