El conocimiento siempre pretende el dominio y la seguridad: el dominio sobre la incertidumbre y la seguridad sobre la realidad. John Dewey.
La condición de ciudadanía o de ciudadanos de un país implica el cumplimiento de un conjunto de derechos humanos de los gobernantes que incluyen los políticos y sociales. Lo político abarca el derecho irrestricto de elegir y ser electos para cargos de representación popular, a escoger nuestros gobernantes de manera libre y sin coacciones, a controlar sus gestiones, el derecho a participar en los espacios donde se discuten los temas de interés público, así como las garantías de los derechos humanos vinculados con la vida, la libertad, el disfrute y libre disposición de nuestros bienes y propiedades, la libre asociación y circulación, y en general, la búsqueda de la felicidad.
Al lado de éstos confluyen los derechos económicos, sociales y culturales como son la educación, la salud, el trabajo y la seguridad, es decir, la garantía de un mínimo existencial que nos permita ofrecer las máximas condiciones y oportunidades para el crecimiento y desarrollo humano de toda la población; para que los ciudadanos no se sientan como “forasteros existenciales”, que son aquellos que sufren, abandonados o ignorados por la sociedad.
Los derechos que se adquieren por la condición de ciudadanos están indisolublemente ligados con los deberes, y entre ellos, el de la participación democrática, de allí que el compromiso político debe ser el de impulsar mejoras que ayuden a la convivencia y estimulen la conciencia y la cultura cívica de todos los venezolanos mediante la educación en valores como una vía para la reconstrucción del tejido social que nos permita recuperar nuestra condición de ciudadanos pacíficos y tolerantes. La educación, dice el Papa Francisco, está al servicio para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino.
El culto revolucionario tiene sus raíces en el seguimiento arbitrario y distorsionado del ejemplo Bolivariano entendido como la pasión por arrasar con el pasado y el permanente deseo de empezar todo desde sus cimientos, como lo dice Ana Teresa Torres. Es así como se explica que hayamos llegado a ser una sociedad fracturada por tendencias opuestas y aparentemente irreconciliables. Un país destrozado en su capacidad productiva, destruídas sus instituciones fundamentales y socavados sus principios y valores como sociedad civilizada.
La educación sustentada en valores nos debe obligar a reencontrarnos con nosotros mismos, integrados en una misma sociedad, capaces de construir un futuro con equidad, donde al ciudadano se le eduque para que aprenda a utilizar el poder en forma compartida como lo advirtiera el gran escritor mexicano, Carlos Fuentes.
La integración entre las universidades, el sector productivo y la sociedad civil organizada debe ser el germen de un liderazgo que asuma con mayor responsabilidad la reconstrucción de la Nación; que sepa interpretar sin complejos las implicaciones del proceso de globalización y la conformación de grandes bloques económicos, la liberalización del intercambio y la aceleración de las innovaciones tecnológicas. El estudio profundo de los escenarios modernos debe estimular la conformación de alianzas regionales, nacionales e internacionales que enfrente con acierto las complicadas relaciones de este siglo entre las naciones del mundo.
Tenemos que dejar de ser una sociedad que busca “para cada problema complejo una respuesta sencilla y generalmente equivocada.”, como señala Mencken. Debemos buscar el acertado equilibrio entre la razón y la emoción, porque la razón si gobierna sola -dice Gibran- es una fuerza que limita y la pasión sin guia es una llama que arde hasta su propia destrucción. Sólo la educación en valores tiene el poder suficiente para garantizar ese equilibrio.
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