La defensora de derechos humanos y experta en temas militares no ha podido juramentar a su defensa privada, lo que vulnera su derecho a un juicio justo. Rocío San Miguel fue acusada por el Ministerio Público de estar involucrada en la supuesta operación «Brazalete Blanco» para atentar contra el gobernante Nicolás Maduro.
La madrugada del 9 de febrero de este año, cuando se disponía a un viaje familiar con su hija, la abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue detenida. ¿El motivo? Estar supuestamente involucrada en la conspiración «Brazalete Blanco». Desde entonces han pasado cuatro meses, en los cuales, el contacto de la activista con sus abogados privados ha sido nulo, lo que vulnera su derecho a un juicio justo.
La ONG Defiende Venezuela señala que a San Miguel se la han violentado cinco derechos desde el momento de su detención: derecho a la libertad y seguridad personal, a un juicio justo, a la libertad de expresión y opinión, a no ser sometida a torturas o tratos crueles, además del derecho a la protección judicial.
El derecho a un juicio justo, explica la oenegé en un comunicado, está consagrado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. «Rocío San Miguel ha sido mantenida en detención preventiva sin acceso a un tribunal independiente e imparcial (…) no se le ha permitido el acceso adecuado a su abogado defensor, y no se han establecido fechas concretas para una audiencia».
El abogado Juan González Taguaruco, quien forma parte del equipo defensor de San Miguel, explica que «se hizo la designación de defensa privada por parte de su hija conforme a lo previsto en el artículo 127, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo que el juez (Carlos Enrique Liendo) no hizo absolutamente nada para la constitución de la defensa técnica, que no era otra cosa que levantar la correspondiente acta de aceptación y juramentación de los abogados».
Debido al incumplimiento del tribunal, se interpuso una acción de amparo que fue declarada inadmisible por la Sala Especial Segunda de la Corte de Apelaciones de Terrorismo. La acción fue apelada y está en espera de una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
A juicio de Defiende Venezuela, su proceso es carente de transparencia y garantías procesales básicas, aunado a la falta de respuesta a los recursos ejercidos por sus abogados, lo que deja «en evidencia un sistema judicial parcializado y politizado».
La ONG también recordó que Rocío San Miguel fue sometida a condiciones de aislamiento prolongado dentro del Sebin El Helicoide, no se le proveyó de asistencia médica y las condiciones de su detención violan normativas internacionales y pueden ser consideradas tratos crueles.
Brazalete Blanco
Según las autoridades venezolanas, la conspiración denominada «Brazalete Blanco» buscaba atentar contra el gobernante Nicolás Maduro, el gobernador Freddy Bernal y atacar varias instalaciones militares para causar zozobra.
El fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, aseguró que la tarea de Rocío San Miguel era informar cada ataque para «darle credibilidad» ante los medios de comunicación. Presentó como evidencia el hecho de que Anyelo Heredia, el cabecilla de la acción, tenía su contacto telefónico, pagos de una transnacional petrolera, además de 18 mapas incautados en su vivienda, algunos con zonas militares marcadas.
Por esto, la experta en temas militares fue acusada de los presuntos delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. El Tribunal 2 de Control con Competencia en Terrorismo acordó su privativa de libertad.
Los allegados a Rocío San Miguel
El 10 de febrero arrestaron dentro del aeropuerto internacional de Maiquetía a Miranda Díaz y a su padre, Víctor Díaz Paruta, cuando fueron a retirar el equipaje dejado un día antes. El día 11, funcionarios detuvieron a los hermanos Miguel y Alberto San Miguel.
El grupo fue presentado ante el Tribunal Segundo contra Terrorismo la noche del 12 de febrero, según el fiscal Tarek William Saab. El abogado Juan González Taguaruco menciona que no han sido acusados por la Fiscalía, por lo que «su proceso continúa en fase preparatoria o de investigación».
En el caso del coronel retirado Alejandro González De Canales Plaza, expareja de la abogada y detenido el mismo 9 de febrero en el estado Anzoátegui, fue acusado por el mismo tribunal de los presuntos delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
González permaneció incomunicado de su familia y el 4 de abril fue trasladado de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) a la cárcel de máxima seguridad de El Rodeo I, en el estado Miranda. Solo su padre, de 83 años y con problemas de salud, ha podido tener contacto con él.
El abogado destaca que no han tenido información por parte del tribunal de control sobre su situación, pero se ejercieron las mismas acciones para lograr la juramentación como defensa privada. «Su acción de amparo fue declarada inadmisible por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Terrorismo e igualmente apelada. Está en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia».
Luisa Quintero – TalCual
