Civiles y militares han participado en la lucha contra las dictaduras de Gómez, Pérez Jiménez, Chávez y Maduro. La represión a los valientes ha incluido asesinatos, torturas, cárcel y exilio. En artículo reciente mencionamos muchos casos de militares durante la dictadura de Pérez Jiménez. Hoy recordamos dos casos de oficiales asesinados en el exilio. Tal día como hoy, 11 de junio, se cumplieron 70 años del asesinato del teniente León Droz Blanco y recientemente, siete décadas después, fue asesinado el teniente Ronald Ojeda, con indicios contundentes de que esa acción fue ordenada por el régimen de Maduro. Ambos estaban exiliados.
Conocimos y apreciamos mucho a Droz, quien residía en Barranquilla, después de haber sido expulsado de Trinidad. El sicario fue el agente de la Seguridad Nacional Braulio Barreto, quien purgó varios años de cárcel. Los secuestradores y asesinos de Ojeda en Santiago de Chile están identificados, pero lograron huir.
La Fiscalía chilena determinó que el móvil fue político y se generó en Venezuela. El Fiscal del régimen, Tarek William Saab, ha sido descarado al declarar que “se trata de una operación de falsa bandera que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela” y planteó la posibilidad de que estuvieran implicados agentes de inteligencia extranjeros con agentes de inteligencia o de seguridad policial chilenos.
El presidente Boric reaccionó afirmando que “los comentarios del Fiscal venezolano muestran que no hay una voluntad adecuada para resolver el caso e instó a la Fiscalía venezolana para que, si poseen antecedentes serios, los pongan a disposición de la Fiscalía chilena; su canciller afirmó que las declaraciones del Fiscal de Venezuela “son inaceptables, pero no nos sorprenden” y que lo esencial es detener a los presuntos responsables del crimen.
Es evidente que, tanto en el sector civil, como en el militar, hay muchos que luchan para defender la democracia. En la actualidad están presos 147 oficiales, algunos con severos problemas de salud. No podemos olvidar el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, cruelmente torturado, y que dejaron morir al general Isaías Baduel por falta de asistencia médica. Además, cientos de oficiales fueron dados de baja o la solicitaron. Este comentario viene al caso porque a veces se descalifica a los militares, obviando que, al igual que entre los civiles, hay una minoría que ha pecado por acción o por omisión, pero que la mayoría no están incursos en la violación de los derechos humanos, ni son corruptos.
El 28 de julio la Fuerza Armada tiene una responsabilidad histórica con Venezuela. El llamado Plan República, que contempla la presencia de uniformados en los Centros Electorales, tiene que evidenciar respeto por los electores. Ellos están allí para evitar que los malandros amedrenten a los testigos de Mesa y a quienes van a depositar su voto, así como para impedir otros actos de sabotaje. Edmundo González obtendrá la mayoría, como se evidencia en las encuestas y en las concentraciones, y la Fuerza Armada no debe avalar que Maduro intente desconocer el resultado. Tiene que proceder institucionalmente, tal como la Fuerza Armada chilena ante la intención del general Pinochet de no reconocer su derrota.
Como (había) en botica: Venamérica, la Asociación Civil Gente del Petróleo, un calificado grupo de 107 profesionales del área petrolera y el abogado Orlando Viera- Blanco han instado al presidente Biden a que su Administración proteja a CITGO para evitar sea embargada. Una solicitud similar hicieron nueve Representantes del Congreso a la Secretaria del Tesoro y al Fiscal General de los Estados Unidos, y el ex Subsecretario de Estado Elliot Abrams recomendó que las autoridades de su país se dirijan al juez para que posponga la subasta hasta después del 28 de julio. Recordemos que CITGO fue demandada por las expropiaciones ordenadas por Chávez y endeudamiento de Maduro. Esa subasta no beneficia a Estados Unidos, ni facilita la recuperación de nuestra economía cuando asuma la presidencia Edmundo González. Lamentamos el fallecimiento de José Antonio Centellas Rodríguez, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
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