.- Perú, el país que más ex presidentes están presos por corrupción.
.- Casos de soborno en los últimos 30 años de Gobierno de corte neo liberal en Perú.
.- Implicaciones de 12 países de América latina.
Causa conmoción en lo político y en lo jurídico por el efecto jurisprudencial en la región, la decisión dictada el 21 de mayo del presente año a favor de Marcelo Odebrecht por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Brasil cuyo ponente fue, el juez José Antonio Díaz Tafolli, quien por incumplimiento al principio procesal del debido proceso, con el fin de garantizar objetivos políticos y personales, declaró nulo de nulidad absoluta, los actos realizados en el proceso judicial penal que se sustanció por ante el Juez Décimo Tercero del Tribunal Federal de Curitiba, Doctor Sergio Moro en perjuicio del acusado, arrestado el 2015 y condenado a 19 años de prisión de la cual, el 2022 la pena fue reducida a 7 años por haberse sometido a trabajos voluntarios que le reducían el tiempo en la cárcel.
¿Por qué en Perú ha habido tantos presidentes tras las rejas por condenas de presidio por la Justicia Penal en los últimos 30 años e incluso uno, muerto por suicidio?
El caso se pretende analizar a la luz de la incidencia de Marcelo Odebrecht como presidente de la empresa Odebrecht, C.A. quien confesó en el Departamento de Justicia de EEUU que pagó en el país Andino 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios de gobierno entre 2005 y 2014.
En ese lapso gobernaron en Perú Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y la multinacional de la construcción brasilera que ganó licitaciones por obras públicas o de infraestructura por el orden de 12.534 millones de dólares.
En presunción todas esas obras de infraestructura públicas sobrevaloradas a los precios reales que debieron costar en el mercado al someterse a un proceso de licitación pública conforme a la Ley; pero que ya tenía una pretensión encubierta como fué el soborno.
El propio representante legal de la multinacional aseguró que en la Unidad Mercantil habían creado a finales de 2010 una partida denominada “La caja B” con el nombre de Sector de Relaciones estratégicas especialmente para cumplir con las comisiones que otorgaban por concepto de licitación.
Primer caso: Expresidente Alejandro Toledo
La Fiscalía General de República de Perú dijo que Odebrecht pagó 20 millones de dólares para realizar la obra que uniría los océanos Pacífico y Atlántico del Perú a Brasil cuyo beneficiario sería el gobierno de Alejandro Toledo Manrique. Éste siempre negó la denuncia por la prensa escrita y audiovisual.
Éste, para el momento, estaba viviendo en California de los EEUU y contaba con una ONG para promocionar la democracia como centro de desarrollo global.
El Jefe de la constructora multinacional en Perú Jorge Barata confesó que, a cambió de la concesión del metro en Lima y otras obras, se le había concedido la cantidad especificada; pero que realmente Toledo había pedido en su inicio la cantidad de 35 millones de dólares y Odebrecht aseguró que tenía escrito en su agenda “aumentar”; porque ya se le había entregado un adelanto previo de 5 millones de dólares.
Toledo llega al Poder con ocasión de la huida de Fujimori a Japón en el año 2000 en medio de la difusión de vídeos públicos que documentaban la corrupción del regimen.
Como con Toledo hay suficientes pruebas que demostraban sus implicaciones con los delitos de colusión, lavado de activos, tráfico de influencias por el caso de la carretera, se solicita extradición del expresidente ante el gobierno de los Estados Unidos.
Mientras el gobierno de EEUU lo entrega; ya que éste se negaba en presentarse voluntariamente a la justicia, la causa estuvo paralizada por cinco (5) años para que empezará el Juicio oral y público en su acción delictiva por el caso de _lava_ _jato_.
La justicia en Perú puede paralizar los casos emblemáticos y los jueces alegan falta de presupuesto y suficiente personal para tanta carga procesal.
El equipo de fiscales consideró que la presencia de Toledo ante la justicia peruana constituía un cambio en el proceso; porque en ausencia no podía ser juzgado. Por supuesto, éste evadió la justicia y el 2017 salió de Perú y el gobierno solicitó la extradición en mayo de 2018.
En el 2016 la empresa brasileña reconoció ante fiscalías en Suiza y EEUU que había sobornado al político peruano, pero por un error del Fiscal en Perú, por no solicitar ante el tribunal de la causa la prohibición de salida del país del ex Presidente Toledo; éste pudo viajar a EEUU para evadir el proceso judicial que, a la larga tuvo que someterse.
Tanto Fujimori -hoy en reciente libertad- Alejandro Toledo y el maestro Pedro Castillo están, presos por corrupción a la Nación en la cárcel de Barbadillo al Este de Lima en un área de la Dirección del Cuartel de Operaciones Especiales de la Policía acondicionada para Jefes de Estado.
Segundo caso: Expresidente Alan García – Muerte por suicidio.
Durante el gobierno de Alan García 2006-2011 luego de haber estado paralizado la construcción del Tren eléctrico para Lima desde su primer mandato entre 1985-1990, Odebrecht desembolsó la cantidad de 8 millones de dólares.
Éste hecho reconocido y admitido por el propio Marcelo que sobornó al gobernante y, además en su agenda de teléfono lo tenía registrado con las siglas “AG”. En este caso, estuvo implicado el Ministro de Comunicaciones Jorge Cuba quien se entregó voluntariamente porque no pudo justificar una cuenta en Miami por la cantidad de 7 millones de dólares en un banco en Suiza, después que el FBI lo tenía sitiado.
Frente a la denuncia en principio y, la orden de captura contra el expresidente, se suicida justo, cuando la policía lo va a capturar en su casa.
No soportó el debate de opinión pública. Es importante resaltar, sobre todo con este gobernante que, viene de las filas del partido APRA, fundado por Víctor Raúl Haya de La Torre de corte Socialdemócrata que propuso como forma de gobierno originalmente la construcción del Estado de bienestar conocido como _Welfare_ State para el Perú.
Un dirigente político de centro izquierda que tiene una concepción, en principio del Estado y su ejecución de más honestidad en el ejercicio de la función pública. En su primer gobierno es perseguido por Fujimori y se exilia en Colombia por 10 años, hasta su pronto regreso, donde asume nuevamente la política con el paradigma de la dignidad y la honestidad.
Cuando se siente en situación de acusado por soborno, no aguantó y se sometió a terminar su vida con sus propias manos. Este _lava_ _jato_ terminó con la vida de Alan García
Tercer caso: Ollanta Moisés Humala y su esposa
El expresidente Ollanta Humala presidente en el período 2011- 2016 junto con su esposa Nadine Heredia, recibe del representante jurídico de la constructora Odebrecht, 3 millones de dólares para financiar -en principio- su campaña política.
Ambos están presos en cárceles de Lima por lavado de activos, prevalencia del cargo, soborno.
Humala es muy amigo y aliado en la región del presidente Lula Da Silva de Brasil y del Partido Los trabajadores que lo llevó por segunda vez a la presidencia.
Éste afrontó el juicio oral por pagos indebidos de Odebrecht por la construcción de un gasoducto en el Sur del País.
Cuarta caso: Keiko Fujimori
Marcelo Odebrecht en 2011 declaró con ocasión de la primera campaña política de Keiko Fujimori hija del ex presidente Alberto Fujimori, preso por crímenes de lesa humanidad y corrupción que, se le otorgó el monto de medio millón de dólares.
El empresario aseguró que es política de la multinacional de la construcción de obras públicas y de infraestructura nacional, financiar campañas de los candidatos que tengan las mejores opciones de triunfo electoral y que para éso habían creado la partida “B” también conocida como caja negra de la empresa para garantizar las licitaciones.
El Jefe de Odebrecht en Perú confesó los pagos de sobornos por la concesión del metro en Lima.
Frente a las denuncias hechas a través del periódico El Comercio en Perú se determinó que el fujimorismo en el Congreso buscó desestabilizar las investigaciones a través de la bancada Fuerza Popular y propusieron la destitución del Fiscal General de la Nación Dr. Pablo Sánchez con el argumento de que los fiscales de la causa por soborno no han denunciado a las empresas Socias de la constructora brasileña.
Quinto caso: Expresidente Pedro Pablo Kuczynski
El indiciado ex Jefe de gobierno en Perú durante el período 2016-2018 fue investigado por la
Fiscalía del Ministerio Público por pagos ilegales, lavado de activos en relación a dos concesiones de obras públicas que entregó el gobierno de Toledo a la empresa Odebrecht.
En este período el banquero quién también ejerció el cargo de Primer Ministro y de Ministro de Economía estuvo bajo prisión domiciliaria por dos años con impedimento de salida del país que fue revocado posteriormente.
Sesto caso: Expresidente Martin Vizcarra.
Entre 2018 a 2020 el señalado expresidente se vió envuelto por el escándalo de Kuczynski y fue, procesado por corrupción previo a su mandato.
Éste juicio penal estuvo en una fase de suspensión previa, por sobornos que recibió Vizcarra cuando fue Gobernador regional de Moquegua.
Séptimo caso: Manuel Merino.
Ante ésta causa _ut_ _supra_ , asume como gobernante Manuel Merino por siete (7) días, después que el Congreso destituye a Vizcarra en noviembre de 2020.
La espera, en fase previa del juicio fue porque tenía una investigación abierta por el homicidio de dos jóvenes manifestantes en protestas públicas contra el gobierno.
Las investigaciones del Ministerio Público estuvieron congeladas debido a que el Congreso en la Comisión de estudio, a fin a la posición conservadora de Merino, descartó una acusación Constitucional para que continuara la investigación.
Octavo caso: Dina Boluarte
Sucede constitucionalmente al ex Presidente Castillo tras el fallido auto golpe del 7 de diciembre de 2023, quien también está bajo investigación del Ministerio Público por juicios de violación a los derechos humanos.
La que fuera Vice Presidente del gobierno de Castillo y ahora líder de la coalicion conservadora y autoritaria, es actualmente, rechazada según las encuestas por más de un 75% de la población. Al asumir la presidencia, también retoma constitucionalmente la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales.
Desde diciembre de 2023 comenzaron las protestas en Lima y otras importantes ciudades de Perú, contra su gobierno en demanda de adelanto de las elecciones Presidenciales.
La fuerza pública ha causado la muerte de 49 civiles por protestas y grandes manifestaciones públicas contra la mandataria, quién no oye el clamor de convocar a elecciones anticipadas.
Algunas de las víctimas eran transeúntes y entre ellas hay un paramédico que asistía en primeros auxilios a heridos por la policía.
La defensa de la Presidenta Boluarte ha logrado obstruir el derecho de los abogados de las víctimas a estar presentes en el interrogatorio.
La señalada Presidente también recibe acusaciones de corrupción por exhibir en su brazo un reloj de marca Rolex que, conforme a las investigaciones en el propio Congreso, no ha podido justificar el costo de tan delicadas joyas.
Se acusa que solamente, uno de los relojes tiene un valor de 50 mil dólares y de los cuales posee varios que no ha podido justificar su procedencia económica de aproximadamente 250 mil dólares.
.- Impunidad por los actos de sobornos frente al Sistema de Justicia justicia.
El ex presidente de la Comisión de investigación de _Lava_ _Jato_ en el Congreso de la República de Perú durante 2015-2016, economista Juan Parí afirmó que, la extradición de Toledo puso a prueba a los “operadores de justicia” del país Andino que tienen poco interés en hacer justicia frente a la traición a la Patria en dejarse sobornar, funcionarios de alto nivel como son los presidentes de la república y ministros.
Es más, son sujetos de sobornos en plena campaña presidencial, de manera que, cuando asumen el cargo de Primer Magistrado de la Nación, ya llevan la independencia y la libertad de acción en la función pública, totalmente comprometida, no existe.
Se pudiera asegurar que también es una extorsión a la que los expresidentes fueron sometidos por la multinacional que tienen partidas secretas para pagar esas comisiones que, salen del propio erario público, así como inflan el precio real de la obra para, tener una ganancia o rentabilidad, superior a lo que realmente cuesta la contrucción de infraestructuras.
Igualmente, de ésta forma, no hay garantía del cumplimiento de la obligación material porque primero el Estado paga el costo de la obra para que la multinacional comience la ejecución de la obra de infraestructura y después es que comienza la ejecución.
Éstos Jefes de Estado fueron, escogidos en elecciones libres y democráticas para que se cumpla una misión social y pública, no para que salgan millonarios del ejercicio del Poder del Estado sin escrúpulos alguno.
Él, consideró que la impunidad por falta de acción evidente de la justicia previas, se ha convertido en el principal factor de sostenibilidad y rentabilidad de la corrupción.
También afirmó que es inadmisible que a los cabecillas y Jefes de la empresa Odebrecht se les tenga que solicitar declaración mediante cartas rogatorias en su refugio en Brasil, en donde también han cometido escandalosos hechos de sobornos a funcionarios públicos para ganar una licitación pública.
La mayoría de los partidos políticos que fueron creados con fines electorales, tenían un fin solapado en construir una organización para cometer fraude contra el erario público, una vez que están en el poder.
Una vez denunciados, acusados y condenados a prisión los expresidentes, estas organizaciones politicas, por su falta de sentido de la política, desaparecen del espacio público.
Fueron organizaciones políticas de bolsillo con fines de tomar el Poder político para enriquecerse, fueron políticos de ocasión; pero, sin visión de servidores públicos cuya misión es, ser intermediarios entre las necesidades de la población civil para que la solución baje, desde las diversas instancias del Estado para erradicar la condición de desfavorecidos sociales.
Los expresidentes que fueron condenados a penas de prisión, no tienen ni base política, ni apoyo popular, ni aliados políticos en el Perú.
Están solitarios en cárceles públicas y en el escarnio público.
Destacadas personalidades del periodismo en Perú se ocuparon por razones de salud pública, en hacer las denuncias por sobornos. El Periodismo fue tan útil como los pertrechos, al asimilar la necesidad moral y política de buscar medios para sanar la función pública a través de la acusación ante la sociedad.
.- Perú, la Nación donde hay el mayor número de Presidentes encarcelados.
En 30 años de gobierno en Perú Constitucionalmente debió haber habido seis (6) presidentes en períodos de cinco (5) años de gobierno.
Debido a la volatilidad y corrupción tanto del Poder Ejecutivo y legislativo; pero, fundamentalmente del sistema de justicia, comprometido más con la impunidad que por hacer justicia, declinaron en la función ontológica del bien, socio-jurídico-político. Es cierto, hay muchos ex presidentes presos, pero también hay una gran corrupción en el sistema judicial.
En lo Política no se cumplió el paradigma de la Constitución y la legalidad.
Durante el señalado período hubo once (11) presidentes a partir de Alberto Fujimori, de los cuales, nueve están entre condenados, presos, y con causas abiertas, sin olvidar que uno de esos presidentes, frente a la presión de opinión pública, prefirió la acción del suicidó.
En la cual, nueve (9) tienen causas de acusación e investigaciones ante la justicia, incluso la actual mandataria de la Nación después de la rebelión política del presidente en ejercicio de sus funciones Pedro Castillo.
Aunado a la corrupción del Poder Ejecutivo en cabeza de sus gobiernos, hay que sensibilizar que también existe un Poder judicial o todo un sistema de justicia, sumamente comprometido con la falta de ética jurídica y sentido del porqué de la política y para qué la política. Ésto es constitutivo de un Poder Judicial con gríngolas en los ojos para no ver y en la conciencia, para no pensar.
Los procedimientos judiciales son sumamente lentos y de difícil ejecución. También los jueces no dan garantía del cumplimiento de las normas jurídicas y son reos o presas fáciles de corrupción.
No sé quiere que haya en una sociedad el “gobierno de los jueces”; porque, por éso existe el sistema de pesos y contrapesos como sistema democrático para que, el Parlamento pueda realizar una investigación transparente y fluida a los integrantes de los demás poderes públicos cuando sólo halla la simple sospecha y pretensión de la comisión de un crímen contra el erario publico. Sí éste principio funcionara, habría el sistema de veto parlamentario para exigir la destitución del funcionario público, ministro, su destitución por no garantizar la función pública. En el caso de un presidente en funciones está contenido Constitucionalmente el Juicio por incumplimiento a sus funciones y se recurre, a través del Fiscal General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia para que ordene la destitución por no hacer su gestión transparente. Éstos pasos, no se hicieron. Al Parlamento actuó después de la propia confesión de Marcelo Odebrecht en los EEUU.
En todo caso, aprecio como investigadora, una decadencia de la institucionalidad de la democracia como forma y modelo de gobierno que permita más transparencia y Justicia en la acción del Estado. Ésto ha entrado en un proceso de contaminación y contagio. Sólo se piensa en la acción del Estado para el enriquecimiento ilícito que no pueden justificar en ninguna parte del mundo.
No se puede asegurar que es un problema de falta de formación educativa y pedagógica; pero, evidentemente, estamos en presencia de una falta total de valores de vida y, entender que la vida no puede estar sustentada, soportada y ensimismada para la obtención de bienes materiales a partir de la gestión del Estado, por cuanto, éste no puede ser, un formador de delincuentes sino un formador de ciudadanos. Cuando se saquea el erario público, se está en presencia de hordas sociales que pierden su capacidad ciudadana que comienza por no robar y no matar. Ésto es un principio teológico que ha servido como instrumento para la construcción de la legislación civil.
Se desprende que de los 12.534 millones de dólares que costaron las obras de infraestructura por Odebrecht en Perú y el desembolso de 29 millones de dólares en sobornos; ésto representa con respecto a la ganancia en rentabilidad financiera de la empresa en discusión un desembolso de, un 0.23% que se otorgó a los expresidentes por vía de sobornos que, frente a la rentabilidad de los dueños de Odebrecht es, nada representativo desde el punto de vista financiero, Fiscal y tributario.
El costo moral, y socio político, no tiene dimensión y de paso un gran desprestigio a la institución de la democracia como estructura y forma de Estado, por su falta de instrumentos e instituciones que impidan esas acciones del crimen en detrimento de la sociedad.
.- Implicaciones de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de Brasil con respecto al caso _Lava_ _Jato_ Odebrecht.
La Sala de la CSJ de Brasil conocedora de la causa, declaró como nula de nulidad absoluta todas las causas contra Marcelo Odebrecht que se están sustanciado contra el propietario mayoritario de la multinacional de la construcción el 24 de mayo de 2024.
La decisión fue tomada, sobre la base de otras sentencias contra individuos implicados en el caso donde se declaró nulo los juicios. El argumento jurídico utilizado fue que, hubo una violación al principio procesal del debido proceso.
Lo que interpretó por mí experiencia en el litigio por estrado judicial es que, al haber mala aplicación del debido proceso; bien porque, no se admitieron las pruebas que se presentaron oportunamente y sí se admitieron las del acusador público o, porque, presentadas las pruebas, no fueron evacuadas en el lapso legal; el juez de la causa ordena la nulidad de lo actuado ilegalmente y remite la causa al estado procesal donde se advirtió el incumplimiento al principio procesal para que recontinúe la causa a partir del estado anulado.
Es decir, si el acusado, aún está preso, se pone en libertad porque no escucharon sus argumentos.
El peligro de esta decisión jurídica es que, puede ser usada como jurisprudencia en los tribunales de otras jurisdicciones de los 12 países de América Latina que están implicados con sobornos por Odebrecht.
El caso objeto de estudio ha sido la República del Perú porque es el país donde más expresidentes hay presos por sus Implicaciones en sobornos con la multinacional de la infraestructura.
Hay sujetos como los expresidentes de Perú que están condenados a penas de presidio por soborno, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohecho, creo, pueden solicitar una revisión del juicio ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Perú, o la instancia más cerca para que, con base a esa jurisprudencia, se revise la causa.
No conozco, procesalmente sí, cuando comenzó la causa penal por soborno en Brasil acusando a Marcelo Odebrecht se pudo haber presentado dos circunstancias judiciales:
1.- Que Marcelo Odebrecht en la etapa de presentación de cargos por el Ministerio público haya admitido los hechos como ciertos. Ésta condición puede suceder en el inicio de la Audiencia de juicio en la segunda fase y la conoce otro Tribunal en Primera Instancia. Sí fué así, se termina el juicio y el Juez condena. No sé revisan pruebas. Una especie de confesión de los hechos.
2.- El acusado Marcelo Odebrecht no admitió los hechos, no se declaró culpable en ninguna etapa. Se abre la Audiencia del Juicio y se promueven y evacuan las pruebas tanto testimoniales, documentales, inspecciones judiciales y otras. Sobre ésta base, el tribunal de la causa decidirá sí es culpable y condena o lo absuelve.
Ésto es en juicio oral y público donde se declaró inocente en todas las instancias del juicio y por éso se revisan las pruebas.
Sería interesante saber, bajo qué circunstancias procesal se declaró la condena a 19 años de presidio.
Igualmente, es bueno aclarar, que las causas donde esté implícita el erario público, no prescriben, ni caducan.
Creo, Marcelo Odebrecht como causa accesoria a la norma, ley y Constitución, vendrán nuevas causas sobre la acción primaria, porque no hay explicación real de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Brasil y creo la nulidad debe indicar a partir de que estado del juicio existe el incumplimiento al debido proceso, __máxime_ cuando_ hay una declaración por ante fiscales públicos en Suiza y en los EEUU donde reconoció que había sobornado a altos jerarcas del gobierno en Perú y 12 Naciones latinoamericanas.
Sería inaudita esa sentencia o hay un trasfondo político del Gobierno de Luna Da Silva en la Corte Suprema para favorecer a su amigo Odebrecht.
() Ph.D en Ciencia Política y Derecho con especialidades en Mercantil y Procesal. Periodista de profesión – Asesora jurídica, Profesora Universitaria y Conferencista. @MariaElenaC54 – Teléfono:
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