Una de las más importantes características de los veinte y cinco años del gobierno «Revolucionario del Siglo XXI» es, sin lugar a duda, el elevado nivel de corrupción. Esa grave desviación de la ética pública tuvo su origen en el inmenso desorden administrativo que se impuso en dicho gobierno por expresa voluntad del presidente de la República y líder fundamental de la mal llamada Revolución bolivariana.
Desde su propio inicio, se observó que existía un marcado interés en destruir todos los elementos de control que exigen obligatoriamente las Finanzas Públicas, para de esa manera lograr comprometer a los funcionarios públicos, por encima de la lealtad normal que debe existir con un gobierno, y al mismo tiempo permitir que los dineros públicos se manejaran, sin ningún control, para poder ser utilizados con absoluta libertad por el régimen en sus objetivos políticos.
En el sector deportivo, quienes han pasado por los cargos administrativos: Ministerio del Deporte, presidencia del Instituto Nacional de Deporte y Comité Olímpico Venezolano han implantado y desarrollado una política que bien podemos caracterizarla como «el saqueo de los recursos presupuestarios». Diferentes encargados de los puestos burocráticos han permitido en sus gestiones que los dineros del deporte hayan sido malversados o apropiados indebidamente a favor de una minoría corrupta.
Bajo sus mandatos como gerentes de gobierno permitieron, de la manera más descarada, la firma de un leonino convenio con Cuba para la traída de 10.000 «Entrenadores» al país, que solo ha servido como una fuente inagotable de entrega de divisas al régimen dictatorial de los hermanos Castro. La eliminación de los procesos de licitaciones para dar paso a la asignación directa de contratos para los servicios de alojamiento, alimentación, dotación de uniformes y transporte. Igualmente, vieron en la asignación de contratos para la construcción y reparación de las instalaciones deportivas una de las principales fuentes de enriquecimiento.
El encubrimiento de los ilícitos ocurridos con la construcción de las instalaciones deportivas para los Juegos Nacionales o para eventos internacionales como el Estadio Iberoamericano de Atletismo en Maracay, la Copa América de futbol, el progresivo deterioro, y abandono, en que se encuentra más del 80 % de nuestras instalaciones deportivas, lo que ha alejado a las comunidades y población en general, consolidándose serias restricciones para el desarrollo del deporte de rendimiento por carecerse de instalaciones adecuadas.
La solicitud irresponsable de sedes de eventos deportivos internacionales con el solo propósito de continuar con la apropiación indebida de los recursos económicos destinados para tal fin; ejemplos de ello los Juegos Bolivarianos de Playa, Mundial de Softbol femenino y los Juegos del ALBA.
Al mejor estilo de la mafia siciliana o la «Cosa Nostra», transformaron el proceso de tramitación de divisas a Cadivi, en un mecanismo de estafa con la falsificación de expedientes y el cobro de peajes a los dirigentes deportivos para acelerar la entrega de recursos. No podían, estos corruptos gerentes, dejar por fuera la compra de conciencias o silencios cómplices y para ello, como unos Antonini Wilson cualesquiera implementaron los maletinazos cargados de dólares para tales operaciones en el marco de los eventos internacionales.
La seguridad social de los trabajadores del sector deportivo obreros, empleados y entrenadores activos y jubilados ha empeorado progresivamente, los contratos colectivos están congelados desde el año 2000, salarios de hambre, no se les reconoce la homologación de las pensiones y jubilaciones, se mantiene cerrada la Escuela de Entrenadores, los seguros HCM que por sus pírricas coberturas, prácticamente los mantienen en condiciones de «condenados a muerte», los manuales clasificadores de cargos no son aplicados, retención ilegal de los aportes a las cajas de ahorro, los pasivos laborales duermen el sueño del burócrata, en la larga espera de su cancelación y salarialmente son discriminados frente a los chulos entrenadores cubanos.
Pero, la joya de la corona fue el manejo de los recursos del Fondo Nacional del Deporte. Allí, el corrupto gerente, procedió a eliminar las reuniones del Directorio del IND para así tener plena y absoluta libertad en la administración de los dineros del fondo.
En consecuencia, los 325.143.361 millones de bolívares aportados por las empresas al Fondo fueron dilapidados «discrecionalmente» sin que hasta el momento el ministro o quienes lo sucedieron en el cargo hayan presentado las cuentas correspondientes a los organismos contralores del Estado.
Todo este andamiaje contó y sigue contando con la complicidad de los organismos Contralores del Estado que se han hecho la vista gorda frente a los desmanes de las corruptelas enquistadas en los organismos gubernamentales y olímpicos del sector deportivo venezolano. A manera de conclusión, en este expediente rojo-rojito, queda claro que para la dirigencia corrupta del sector deportivo «Hacer deporte es…Hacer dinero:»
Revertir esta deplorable situación, en la cual «no hay nada que celebrar» requiere el esfuerzo unitario de atletas, entrenadores y dirigentes para sumar sus luchas y reclamos al pueblo venezolano que desde distintos sectores batalla por un urgente cambio de gobierno para alcanzar un deporte mejor en una sociedad mejor.
Licenciado en Educación, profesor en la UPEL – X: @jesuselorza
