La política entre otros planos, tiene la partidista y la de Estado. En la primera de ellas, los partidos políticos, dirigentes y candidatos a cargos de elección popular, buscan el poder por medio del activismo político y el cumplimiento de distintos mecanismos internos, como la práctica de la Democracia Interna, que conduce a la elección de los representantes que irán a competir en los distintos eventos electorales; esas asociaciones políticas o alianzas electorales, se organizan en distintos lugares de los municipios, estados y del país, creando estructuras, que les permitirán tener contacto permanente con los electores de sus comunidades, con el objeto de llevar el mensaje respectivo y tener una data aproximada de las personas que respaldarán sus respectivas tendencias, puede decirse entonces que todos ellos, estarán a las puertas de asumir poder, el cual una vez logrado, tiene nuevas y más amplias exigencias legales, pues ahora administrarán un conjunto de bienes, ingresos, activos y otros recursos que son determinantes para la estabilidad democrática.
Para salvaguardar, estos recursos que se conocen con el nombre tradicional de hacienda pública, se han dictado en el ordenamiento jurídico venezolano, muchas normas dirigidas a tal propósito. Una de ellas, es la prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como principio que guía a la actividad administrativa y es el de rendición de cuentas, habida cuenta que, los administradores de estos bienes, ingresos, activos y demás recursos, deben ser gastados o invertidos con justificación y claridad, a través de los procedimientos o procesos previstos legalmente, lo que nos hace llegar a la política de Estado, la cual tiene que suscitar en la ciudadanía el mismo entusiasmo e interés que despierta la política partidista, sobre todo en época de campañas electorales, en donde perfectamente se pueden conjugar las dos, para explicar las razones por las cuales se quiere ascender al poder a través del voto o ser reelecto a través del mismo mecanismo, cuestionando o defendiendo recíprocamente estas intenciones.
En el caso del actual Presidente de la República, candidato a la reelección por tercera vez, hemos leído y visto como sus discursos, intervenciones en medios y redes y declaraciones, las mismas se circunscriben a hacer nuevas ofertas o sembrar esperanzas, a pesar de que él va a cumplir más de doce (12) años en el poder y su organización política, veinticinco (25) años ininterrumpidos de estar gobernando y no haber podido erradicar la pobreza extrema del país, ni instaurar una democracia moderna y verdadera, que respetara efectivamente los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. En lugar de estar haciendo promesas incumplibles, el candidato presidente Maduro, debería estar haciendo una adecuada defensa de su gestión de gobierno, pero sobre todo “rendir cuentas” ante todos los venezolanos, sobre la manera en que manejó los cuantiosos y valiosos recursos con que cuenta el país, pues ese deber de informar al respecto también le es exigido.
Que interesante y sano para la credibilidad y confianza de los ciudadanos en el Gobierno actual, si todos los ingresos recibidos por el país, fueron distribuidos y aplicados correctamente, cuánto se ha recibido por ingresos petroleros y tributarios en el fisco nacional, cuanto gasto se destinó para obras, bienes y servicios, cómo se adjudicaron los más importantes contratos en este sentido, calidad de los procesos de contratación, montos destinados al pago de empleados públicos, educadores y en general para quienes le trabajan al sector público; si ha bajado la inflación a porcentaje razonable, se aumentó el poder adquisitivo de nuestra gente, si mejoró la educación, la salud, la vialidad, cuánto se invirtió en estas materias, pues en definitiva, la rendición de cuentas se trata de una obligación a cargo del Presidente de la República como cuentadante de los dineros públicos de demostrar a través de un conjunto de documentos, que esos gastos o inversiones se realizaron de manera correcta, todo debidamente planificado y no improvisado.
Lo grave, de la situación actual en este sentido, es que el partido-Estado gobernante, aún no termina de nombrar al Contralor General de la República, con carácter de titular, que es el responsable de hacer cumplir con este deber de la rendición, lo cual hace suponer que, el PSUV mantiene ahí un interino que complacerá las peticiones que le formulen desde el Gobierno, sus conmilitantes y que, por estar cerca del 28 de julio, no lo nombrarán conforme a la ley, pues seguramente después de las omisiones de Amoroso de no auditar PDVSA durante la gestión de El Aissami, quedarían bastante desestabilizados ante tan descarado latrocinio, del cual Maduro habla poco, aunque en su gobierno el mencionado ciudadano ocupó cargos de muy alto nivel directivo, como consecuencia de sus designaciones por el Presidente- Candidato, que tiene al menos una responsabilidad política y ética en este caso, dado que la suma mil millonaria en dólares distraída, hubiese podido servir, para aliviar la pobreza de los más vulnerables.
En definitiva, haciendo gala de su autoritarismo populista, el candidato a la tercera reelección, subestima al Pueblo venezolano en su totalidad, al no rendir cuenta de su gestión presidencial en esta campaña electoral, aunque alegue ir a la obsecuente Asamblea Nacional a cumplir con este deber, cuando a la luz de la realidad, lo hace como un mero formalismo que no formalidad, a sabiendas del dominio que tiene sobre los otros Poderes Públicos, que no le van a formular reparo u observación alguna, pues de hacerlo, los responsables de los mismos, serían puestos de paticas en la calle, con el correspondiente insulto de despedida. Por tanto, tienen ahí leales ciegos, sordos y mudos. De otra parte, esa es una de las razones, por la cual tiene amenazada a las ONGs, pues éstas les exigen esa rendición, conforme a la Constitución y la ley, ya que la rendición de cuentas en sí misma, es una forma de control del poder y a este gobierno no le gusta por el autocratismo reeleccionista que lo dirige.
