Este año electoral es particularmente pertinente defender la democracia filosofía de la organización política y social que garantiza un máximo de libertad y un máximo de responsabilidad, noción ésta de la que soy entusiasta desde que la leí hace añales en el político e intelectual estadounidense Eugene McCarthy (1916-2005). La democracia es mucho más que la decisión mayoritaria, porque reducirla a eso nos deslizaría al riesgo de una tiranía de la mayoría, sea por imponerse a opiniones o sentimientos de minorías disidentes o porque el poder elegido se ejerza sin límites.
Las emociones, positivas o negativas, como parte de nuestra vida nos influyen, pero al elegir no deberíamos dejarnos dominar por ellas.
Lógicamente, la democracia parte de la premisa del pluralismo y allí la base de su ordenamiento constitucional, así que el pacto entre distintos le es inseparable. Son los populismos de diverso pelaje, por antipolíticos antidemocráticos los que erosionan la institucionalidad democrática saltándosela, esgrimiendo el argumento del respaldo popular, cuando les conviene, claro.
Las cartas de derechos humanos, cada vez más prolijas, el poder distribuido y no concentrado e institucional y no personal, son los dispositivos creados por la experiencia histórica de la humanidad para controlar el poder, de modo que éste no se aparte de su naturaleza de servicio para convertirse en opresor, como puede ser su tentación.
Recordar estos conceptos cuando vamos a votar para elegir Presidente de la República es de máxima utilidad ciudadana, tanto para los que voten por la opción ganadora como para los que no, porque todos saldremos perdiendo si se impusiera la idea, radicalmente antidemocrática, de que nuestra decisión consiste en elegir o reelegir una especie de monarquía absoluta. Sabemos de sobra que ese es un pésimo negocio.
El Presidente de la República, Jefe del Estado y del gobierno nacional, tiene sus atribuciones y competencias. Otras los gobernadores y alcaldes que se elegirán el año que viene, como los diputados a la Asamblea Nacional, los legisladores estadales y lo concejales. Por los procedimientos y en las condiciones constitucionalmente previstos, a la Asamblea corresponde escoger Tribunal Supremo, titulares de la Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo y rectores del CNE. Los jueces han de nombrarse por concurso. Respetar todos las de todos es asunto clave.
El rumbo hacia la democracia que queremos, en la pauta sensata de los Principios Fundamentales del Título I constitucional, empieza porque de aquí en adelante, nos sometamos lealmente a ellos todos, sin trucos ni trampas. Bien lejos de la pícara versión de la Ley del Talión de “ojo por ojo y gato por liebre”.
