Para entender lo que va a pasar el 28 de julio en Venezuela es muy importante tener claro que el fraude electoral que intentará nuevamente el chavismo no se limita estrictamente a lo electoral. En varias ocasiones hemos explicado que la articulación de las instancias judiciales y militares le permite al chavismo mostrar una suerte de piso legal para tratar de soportar unos resultados que serán presentados como expresión de la legalidad, de la legalidad chavista por supuesto.
Conviene al chavismo distraer la atención y hacer creer que el fraude ocurre eventualmente en las mesas con el robo de votos y la reubicación arbitraria de electores identificados como opositores para que no puedan votar. La única forma de desmontar los números que anunciará el chavismo el 28 de julio sería la recolección manual de los comprobantes de votación emitidos por las máquinas a cada elector y cotejarlos con la data de las actas electrónicas por cada mesa. Pero aun así estaríamos frente a un procedimiento que sería desestimado por la legalidad chavista.
Pero, como hemos insistido antes, la verdadera trama no está con manipulación de votos o electores sino con la emisión expedita de unas actas electrónicas cuyos resultados serían enviados directamente a la sala de totalización del CNE chavista y contendrían las sumas para proclamar ganador a Nicolás Maduro aunque existan inconsistencias con los comprobantes de voto.
Y la formalización del fraude consiste en presentar esos resultados, avalados por los estamentos jurídico-políticos del régimen chavista, como expresiones de una legalidad la cual deben obedecer todas la instituciones del régimen especialmente sus componentes militares a quienes se les exigirá reconocimiento y defensa de unos resultados que, aunque parezcan dudosos, se mostrarán como “legales”.
Para el 30 de junio el CNE chavista tiene previsto realizar un simulacro electoral. Sobre este evento se ha dicho que tanto la oposición como el chavismo aprovecharán la oportunidad para hacer una medición de fuerzas que permita establecer las capacidades de movilización de cada uno y proyectar esos valores como predictores del resultado del 28 de julio.
Una vez más hay que insistir que aunque el gobierno quiere que la atención se centre en lo estrictamente electoral en realidad hay que enfocarse en la forma como se coordinaran todos los componentes del Estado chavista para presentar y justificar ese resultado.
Para lograr lo que quiere el régimen chavista es necesario hacer unas prácticas preliminares que permitan probar los mecanismos que serán usados en la perpetración de fraude. Sobre esta base podemos afirmar que el verdadero teatro de operaciones y escenario de práctica para el chavismo fue el 3 de diciembre de 2023 cuando se celebró el referéndum consultivo sobre el Esequibo.
Ese día los centros de votación se mostraron vacíos y sin afluencia significativa de electores, ni para tomar las fotos de la jornada. A pesar de que empíricamente los venezolanos pudieron apreciar que muy pocas personas salieron a votar el régimen a través de su CNE se atrevió a anunciar que habían votado aproximadamente 10 millones 500 mil electores. Y cada una de las preguntas formuladas por el oficialismo obtuvo más o menos sobre los 10 millones de votos lo cual matemáticamente fue presentado como un aval del 95% o más de los venezolanos a las políticas del gobierno de Nicolás Maduro sobre la controversia territorial con Guyana. A pesar de esta abismal inconsistencia que presentaban unos números que no se correspondían con la afluencia de electores en los Centros de Votación, los componentes militares, que además pudieron constatar mejor que nadie la pobre concurrencia en las mesas electorales, no tuvieron ninguna dificultad en sus diferentes instancias y jerarquías para reconocer ese resultado falso y fraudulento como legal y legítimo.
En nuestro criterio ese fue el verdadero simulacro que practicó el chavismo. En otras palabras lo que se estaría probando es el grado de obediencia y genuflexión de los componentes militares a un resultado fraudulento. Este reconocimiento de los militares a decisiones y políticas ilegales e inconstitucionales a la luz de la propia legalidad chavista ya ha ocurrido antes en muchas ocasiones tal como pasó cuando el régimen chavista anuló por decreto la Asamblea Nacional electa en el 2015 e impuso una Asamblea Constituyente para poder legislar.
Acaba de ocurrir el 3 de diciembre y los militares ideologizados y adoctrinados por el régimen chavista siguen dando muestras evidentes y entusiastas de apoyo a la ilegalidad e inconstitucionalidad. Para esto han sido entrenados por muchos años y es lo que seguramente harán el 28 de julio cuando el CNE anuncie los resultados oficiales del fraude electoral favoreciendo a Nicolás Maduro.
Por esto resulta una total ingenuidad pedirle a las Fuerzas Armadas chavistas que sean garantes y hagan respetar la voluntad de los venezolanos el 28 de julio, porque eso es precisamente lo que estos componentes militares están convencidos que harán al defender la decisión del CNE chavista proclamando ganador a Nicolás Maduro.
@humbertotweets
