El hambre aguda alcanza a más de 280 millones de personas en 59 países y territorios para finales del 2023. En América Latina el flagelo toca a cerca de 20 millones de personas en nueve naciones.
Venezuela enfrenta hoy una situación que se califica como “la mayor crisis humanitaria del continente americano». La economía y las instituciones políticas del país se han derrumbado, de espaldas a las aspiraciones y necesidades de los ciudadanos, han colapsado a pesar del país poseer las mayores reservas conocidas de petróleo en el mundo. La economía se ha reducido en las últimas dos décadas a una quinta parte y el salario del trabajador -3 dólares diarios- es el más bajo de América latina y quizás de la mayor parte del mundo. Más de 7 millones de personas han huido del país por la destrucción del mercado de trabajo. Las cifras de pobreza cubren a más de 80% de la población. De las 12.000 industrias que existían antes del socialismo, sólo sobreviven 2.000 y de allí la ola de desempleo que afecta a los trabajadores. Casi un tercio de los venezolanos (más de 9 millones de personas) padecen inseguridad alimentaria o malnutrición. 33% de la población infantil enfrenta una situación de desnutrición aguda en condiciones irreversible, es decir con disminución de la capacidad de desarrollar sus potencialidades físicas y mentales. El 80% de los hospitales de Venezuela carecen de personal y 60% de esos centros de salud no están equipados para resolver necesidades básicas, como el suministro de agua y servicio eléctrico confiable.
Paradójicamente, a pesar de su carácter de país petrolero, sufrimos una aguda escasez de combustible que repercute en la situación alimentaria, ejerce fuertes limitaciones sobre los productores agrícolas de modo paralizante, muchas veces se ven obligados a dejar sus cosechas sin recolectar por la imposibilidad de acceder a los mercados y por las fuertes dificultades para operar sus equipos de siembra y recolección. El consumo de leche esta fuertemente limitado por dificultades de producción y el bajo poder adquisitivo de la población.
“Cerca de 6,5 millones de personas padecen hambre en Venezuela, según el informe ‘Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina 2022’ elaborado por varias agencias de Naciones Unidas. En Suramérica, Venezuela tuvo la mayor prevalencia de subalimentación (22,9%), según estimaciones de la media de los años 2020 y 2021”.
Frente a esta tragedia es imprescindible definir con firmeza el programa para la transición que muy pronto experimentaremos, el cual debe sin duda alguna colocar la lucha contra el hambre como su prioridad máxima, junto al restablecimiento del orden público, la recuperación de la producción de alimentos y el saneamiento y puesta al día del sistema de salud.
Para lograr estos objetivos los planes deben estar ya diseñados, antes de iniciar la transición. En el caso del hambre, lo primero es abastecer, llenar los estantes de alimentos a todo lo largo y ancho del país, impactando los niveles de productividad de nuestros castigados productores, facilitando el acceso a insumos y financiamiento, complementando con ayuda humanitaria, sin remilgos ideológicos, endeudándose si es necesario, este debe ser el primer gran paso. Los tiempos de producción de alimentos no son manipulables, por tanto, Venezuela debe tener preparados grupos de negociación que permitan abastecer el país en lo inmediato. El ejemplo visto en Estados Unidos muestra como este país, gran productor de alimentos, de forma silenciosa ha puesto en marcha para conservar sus estándares nutricionales durante la pandemia reciente un vasto programa de distribución gratuita de alimentos en todos los condados del país, la peculiaridad de este modo de actuar reside en los responsables, no es el Estado, ni los militares, han sido fundamentalmente los ciudadanos a través de sus instituciones, las escuelas, sus empresas y fundamentalmente las iglesias, en un país donde 76% de la gente ejerce una militancia religiosa activa son ellas quienes encabezan los programas de distribución de alimentos. A su lado las redes escolares, las redes de transporte público, los buses amarillos esta vez han sido encargados de trasladar y atender los hogares de sus municipios. Es paradójico y a la vez alentador que sea en el país más liberal del mundo donde se realiza una contundente operación masiva de reparto de alimentos gratuitos como acción esencial contra el hambre generada por efectos del COVID.
Si el país tiene que endeudarse para salvar la vida de millones de venezolanos debe hacerlo y debe saber cómo hacerlo desde el primer instante, no perder tiempo planificando en el aire, anunciar, informar los planes de abastecimiento a todo el país de los alimentos que urgentemente requieren nuestras familias y especialmente nuestra población infantil. Las responsabilidades institucionales, deben estar claramente definidas, las escuelas y todas las instituciones educativas, la participación de los estudiantes y los distintos gremios en estos planes masivos de abastecimiento de alimentos al país entero.
En Venezuela se ha cumplido un ciclo fatal, destrucción de la propiedad privada, invasión y ruina de los centros de producción agrícola y agroindustrial, estatización de supermercados y redes de distribución, implantación de un pesado sistema de controles, alrededor de 250 medidas represivas cuyo objetivo ha sido penalizar al productor. El régimen aspiraba a llenar estas ausencias de producción nacional con importaciones, entre 2010 y 2014, financiado con recursos petroleros, hoy muy limitados, el valor de las importaciones alcanzó casi 10.000 millones de dólares anuales. En la actualidad, se estima que la importación de alimentos es menos de la tercera parte, 3.000 millones de dólares, un tercio de los alimentos importados hace 10 años.
La realidad es que ni producimos, ni podemos importar por la caída de los recursos petroleros y la quiebra del modelo socialista, lo cual obliga a poner en marcha programas masivos que incentiven el retorno de los productores al campo, ofreciendo seguridad, respeto y protección a su propiedad, trabajo y a sus inversiones. Iniciar de inmediato el retorno de las propiedades robadas por el Estado hoy en completo estado de abandono. Valorizar el desarrollo rural, la calidad de vida de comunidades que conviven en medio de labores agrícolas y pecuarias. Ejecutar un programa de estímulo tecnológico, financiero con las instituciones, universidades nacionales, asociaciones que respaldan al productor en la búsqueda de más productividad y mayor rentabilidad, organizaciones que han sido afectadas por la indiferencia de un régimen cuyo único objetivo era acabar con la propiedad privada. Como hace poco señalaba Moisés Naím, “Venezuela es un país que este año va a tener cero ingresos”. Hoy existen más de 9 millones de personas con hambre, es predecible que cerca del 60% de los venezolanos que emigraron, regresen, más de 1 millón de niños se encuentran en estado de semiabandono por la marcha de los padres en busca de recursos que ya no existen. Derrotar el hambre es el gran objetivo, si queremos salvar nuestro país, para lograr esta meta tenemos todas las posibilidades, infraestructura rescatable, productores ansiosos de volver a su ocupación tradicional, ofertas de financiamiento de multilaterales, conocimiento científico y tecnológico a la disposición por nuestros centros de investigación y universidades y sobre todo el aprendizaje amargo que ha significado el intento de destruir nuestro sistema de producción agrícola y sustituirlo por un injerto de modelos colectivistas fracasados en todo el mundo. Tenemos que salvar a nuestra gente y después todo lo demás.
El concepto de desarrollo rural integral debe ser rescatado y asumido como uno de los aspectos claves de la reconstrucción nacional, detener la diáspora y la migración rural a los centros urbanos para integrarse a los cinturones de miseria que hoy caracterizan las grandes ciudades del país. Sabemos que en 17 estados del país la única actividad económica es la vinculada a los procesos agroalimentarios, en las pequeñas ciudades aún subsisten más de 36% de la población del país.
Recordemos uno de los grandes objetivos de la propuesta de “Desarrollo Rural Integral” planteado por la Federación de Productores de Caña de Azúcar “Mejorar las condiciones de vida de la población rural, asegurar la habitabilidad de sus comunidades. Considerar la calidad, extensión y cobertura de los servicios públicos: electricidad, agua potable, vialidad, instituciones educativas, sanitarias, culturales y deportivas de mayor calidad.
Es la oportunidad que tenemos en los nuevos tiempos cada vez más cercanos.
