En sus casi 100 años de existencia, el Estado de la Ciudad del Vaticano ha visto de todo: asesinatos, escándalos financieros y hasta un atentado contra un papa, Juan Pablo II, pero nunca algo tan común fuera de sus murallas como una protesta laboral. Motivos, sin embargo, no faltan a juzgar por las quejas hechas públicas recientemente por 49 empleados de los Museos Vaticanos, los primeros en romper el pacto de silencio no escrito que ha funcionado hasta ahora en un territorio donde no están permitidos los sindicatos. En una respetuosa carta dirigida al cardenal salmantino Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano (autoridad ejecutiva del territorio), los trabajadores se lamentan de ser tratados como “mercancía” y reclaman cambios sustanciales en sus condiciones de trabajo. De no encontrar respuesta, amenazan con los tribunales. Un plante insólito que ha venido a empañar la imagen del pequeño territorio en el que reina como soberano absoluto el papa Francisco.
¿Qué ha llevado a estos fieles servidores de su santidad, todos católicos, como es preceptivo, italianos y residentes en Roma, a plantearle semejante desafío al pontífice? Todo apunta a que el detonante ha sido la decisión de los administradores del Estado de obligarles a reembolsar los salarios percibidos durante la pandemia, cuando todas las instalaciones culturales permanecieron cerradas. Los empleados (47 vigilantes, un restaurador y un encargado de la librería) también denuncian la falta de criterios y transparencia en las promociones o cálculo de antigüedad, tachándolas de “patrimonio absoluto del jefe”, y la anomalía de que las horas extraordinarias “se pagan menos que las ordinarias”. Su iniciativa va en serio. La misiva, difundida por Corriere della Sera en mayo, lleva el sello de la célebre abogada Laura Sgrò, que reabrió el caso de la desaparición en 1983 de Emanuela Orlandi, hija de un trabajador de la Santa Sede.
Entre los motivos de su descontento, los trabajadores mencionan la obligación, en caso de enfermedad, de estar a disposición de una eventual inspección del Vaticano las 24 horas del día, lo que, señalan, es “una violación de la dignidad de la libertad personal”. En el mismo escrito hablan también de los problemas de seguridad de los Museos Vaticanos, que atesoran incalculables obras de arte, y son visitados a diario por entre 25.000 y 30.000 personas. Pese a ello, dicen que solo funcionan dos de las salidas de emergencia, muchas de las salas carecen de climatización, la seguridad policial se limita a un agente y el trabajo de la detección de metales no siempre es riguroso.
A pesar de ser una protesta minoritaria (en los museos trabajan 700 personas y en el Estado Pontificio, 5.000), los problemas que enumeran los firmantes de la carta son, dicen, “comunes a muchos trabajadores”. Así lo puntualiza la Asociación de Empleados Laicos del Vaticano que, en su web, explica que lleva pidiendo desde hace meses, “precisamente para evitar el clamor mediático, un diálogo con los responsables del Gobierno vaticano, sin haber obtenido respuesta alguna”. Las relaciones laborales del Estado están reguladas por un reglamento que se renueva periódicamente desde 1932 (el último, aprobado en 2010). Pero los cambios incorporados no impiden que el documento se mantenga lejos de las legislaciones laborales europeas. Concedía un solo día de permiso por el nacimiento de un hijo (ahora ampliado a tres) y mantiene cierto control sobre las vidas privadas de los empleados. Y una conducta inapropiada, dentro o fuera del trabajo, puede ser objeto de sanción.
El País de España
