El 2 de julio, faltando menos de un mes para las elecciones presidenciales en Venezuela, Nicolás Maduro anunció que el 3 de julio se reiniciarían las negociaciones que su régimen había mantenido en secreto en Doha, la capital de Qatar, con representantes de la administración Biden. Este anuncio fue sorpresivo, al menos para la oposición democrática y la opinión pública del país.
Maduro entregó la noticia en la televisora estatal, usando como telón de fondo una nota de prensa publicada por un medio afín al régimen, que titulaba: “EE.UU. y la UE quieren encontrar una manera de reconocer a Maduro”. En dicha nota se afirma que “las agencias de inteligencia estadounidenses creen que Maduro probablemente gane la reelección”.
Maduro afirmó que el gobierno estadounidense le ha estado solicitando reanudar las conversaciones y el diálogo directo durante los últimos dos meses: “Ellos saben quién va a ganar y yo se los voy a facilitar”. Con esta afirmación, Maduro insinuó que sería la administración Biden la que estaría muy interesada en normalizar las relaciones con su régimen.
Es importante destacar que la declaración que encabeza la nota de prensa utilizada por Maduro en su escenificación no proviene de ningún gobierno, sino de algunos ejecutivos petroleros y tenedores de bonos. Además, esta nota de prensa omite mencionar que en el artículo del Financial Times, del cual se extrajo la información, el periodista Michael Stott señala que las agencias de inteligencia norteamericanas estiman que Maduro ganará las elecciones “por las buenas o por las malas”.
Estas evaluaciones de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos están contenidas en el informe “Evaluación anual de amenazas” del 5 de febrero de 2024. Allí se afirma que “Nicolás Maduro mantendrá un sólido control del poder y es poco probable que pierda las elecciones presidenciales de 2024 debido a su dominio de las instituciones estatales que influyen en el proceso electoral y su determinación para ejercer su poder”.
Maduro podría pensar que es un buen momento para negociar
Como ha sido la práctica hasta ahora, una vez más la opacidad ha primado en este nuevo giro de las relaciones entre Maduro y la administración de Biden. Según la información que ha circulado, el liderazgo de la oposición democrática no fue informado previamente del posible reinicio de estas negociaciones. Omar Barboza, coordinador nacional de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), declaró que es un proceso bilateral en el que la PUD no está involucrado.
En este contexto de opacidad, y basándonos en el escenario político actual, solo cabe especular sobre las posibles motivaciones de Maduro para reanudar estas conversaciones directas en plena recta final de las elecciones venezolanas.
En estos momentos en Venezuela, a pesar del exacerbado ventajismo, violencia, persecución e irregularidades cometidas por el régimen en contra de la oposición democrática, todas las encuestadoras serias del país le dan a Edmundo González más de 20 puntos de ventaja sobre Nicolás Maduro. El resto de los candidatos sumados no llegan al 10 por ciento. La intención de participación está por encima del 70 por ciento. La oposición ha logrado estructurar una amplia organización ciudadana para el cuidado del voto.
En las giras por todo el país de María Corina Machado y Edmundo González, acompañados de líderes de la oposición, los actos políticos han sido multitudinarios. Ha quedado muy claro tanto en el país como a nivel internacional el deseo de cambio que existe en el pueblo venezolano, así como el fuerte compromiso del liderazgo opositor en mantenerse dentro de la ruta electoral. Esta realidad representa un formidable obstáculo frente a un eventual intento del régimen, como prevén las agencias de inteligencia norteamericanas, de torcer los resultados electorales adversos y, al mismo tiempo, lograr contener la natural reacción de indignación que tal hecho produciría en la población venezolana.
Esta situación se presenta en momentos en los que la administración Biden atraviesa una situación muy difícil a lo interno de los Estados Unidos. El panorama electoral se ha complicado para el Partido Demócrata, especialmente luego del debate presidencial. La crisis de la migración ilegal y los altos niveles de inflación, uno de cuyos componentes es el precio de la gasolina, están entre los problemas que más afectan la popularidad del gobierno estadounidense.
A la luz de estos hechos, Nicolás Maduro podría suponer que en estos momentos la administración Biden estaría más dispuesta a hacer concesiones, dado que tanto en el tema de la migración ilegal como en el del petróleo, el régimen venezolano tendría qué ofrecer. Por ejemplo, Maduro podría aceptar nuevamente recibir los vuelos de repatriación de venezolanos deportados de EE.UU. Además, el gobierno norteamericano y el lobby petrolero estarían muy interesados en que Venezuela siga aumentando su producción petrolera. De hecho, a pesar de la reimposición de las sanciones petroleras, se han otorgado licencias especiales no solo a Chevron, sino también a Repsol, BP, Shell y la petrolera francesa independiente Maurel & Prom.
Cabe también especular que el interés de Maduro sería utilizar esta línea directa con el gobierno norteamericano para que sea éste quien eventualmente conmine al liderazgo opositor a aceptar cualquier tipo de resultados que emita el CNE el 28 de julio. Esto es especialmente importante para el régimen de Maduro, dado que no logró forzar a Edmundo González suscribir un documento donde se convalidaban todas las violaciones de las garantías electorales y se aceptaban, bajo cualquier circunstancia, los resultados que emitiera el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Finalmente, el aumento de las posibilidades de un cambio de administración en Estados Unidos sería un aliciente adicional para que Maduro intente obtener concesiones lo antes posible, no solo con respecto al tema de las sanciones petroleras y financieras, sino también con las personales.
Muy bajas expectativas sobre estas nuevas negociaciones
Tanto por su naturaleza y comportamiento histórico, como por las acciones que ha venido adelantando el régimen de Maduro para permanecer en el poder, las expectativas sobre los resultados de estas conversaciones son muy bajas, al menos en cuanto a mejorar de forma sustancial las condiciones y garantías electorales para el 28J.
Por un lado, la experiencia indica que el chavismo ha utilizado al expediente de la negociación solo como un recurso para obtener prebendas y mantenerse en el poder. Es notorio el largo historial que tiene el chavismo de incumplimientos de los procesos y acuerdos alcanzados con la oposición democrática durante este largo cuarto de siglo. Mas de seis procesos de diálogo con mediación foránea con muy poca efectividad por culpa del chavismo así lo atestiguan. Los últimos y más paradigmáticos casos fueron el desconocimiento de buena parte de los Acuerdos de Qatar suscrito con la administración norteamericana y, especialmente, el incumplimiento de prácticamente la totalidad de los acuerdos de Barbados suscritos con la oposición democrática en octubre del año 2023. De estos acuerdos, Maduro obtuvo muchas ventajas y ha cumplido muy poco.
El proceso electoral venezolano está muy avanzado y ya se han producido un conjunto de graves violaciones de las garantías y derechos electorales de los venezolanos, tales como la inhabilitación de María Corina Machado, el control monopólico del CNE, la manipulación del Registro Electoral, la exclusión de cinco millones de votantes residenciados en el exterior, la manipulación del número y distribución de las mesas electorales y la revocatoria de la invitación a la misión de observación electoral de la UE. Estos son hechos consumados y, por tanto, muy difíciles, si no imposibles, de revertir a menos de un mes de los comicios presidenciales. El cúmulo de violaciones a las garantías electorales hace ya imposible calificar a este proceso como unas elecciones libres y competitivas. El triunfo electoral de la oposición no se daría por las condiciones electorales sino a pesar de ellas.
Permanece, sin embargo, dentro de la dirigencia democrática una pequeña esperanza de que estas nuevas negociaciones puedan quizás servir como contención a la fuerte persecución y violencia que actualmente el régimen ejerce en contra de los opositores, así como frente a una serie de graves amenazas que todavía penden sobre el proceso electoral. Figuras cercanas al régimen de Maduro han introducido una serie de recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia solicitando la inhabilitación del candidato Edmundo González, la suspensión de las tarjetas que lo respaldan, la detención de María Corina Machado y la suspensión de las elecciones. Igualmente, como ya se indicó, se teme con mucho fundamento que el régimen de Maduro, a través del férreo control que mantiene sobre el Consejo Nacional Electoral, intente torcer los resultados el día de la elección.
En todo caso, independientemente de estas negociaciones bilaterales, la comunidad internacional, especialmente los países de la región, junto con los Estados Unidos y la Unión Europea, deben permanecer vigilantes y realizar un esfuerzo final para prevenir que estas graves amenazas se materialicen. En términos de la fuerza y voluntad de cambio del pueblo venezolano, así como del liderazgo y unidad de la oposición, esta elección representa quizás la mayor oportunidad que ha tenido Venezuela durante mucho tiempo para lograr una transición electoral pacífica hacia la democracia.
