El exrelator de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente afirma que la economía es el mayor obstáculo a un medio ambiente sano.
Cuando se le pregunta qué no olvidará de sus seis años como relator especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de las Naciones Unidas, David Boyd recurre a las emociones de uno de sus viajes a Sudamérica. En Quintero encontré a una mujer joven con dos niños. Tenía lágrimas corriéndole por su rostro y me decía: ¿imaginas enviar tu hijo a la escuela y no saber si volverá a casa o si tendrás que ir al hospital a buscarlo?, cuenta refiriéndose a la crisis de contaminación de las comunas de Quintero y Puchuncaví en Chile debido a la presencia de empresas que emanan azufre, arsénico y material particulado. Es inconcebible que las corporaciones continúen haciendo negocios frente a un sufrimiento humano tan profundo, dice.
Profesor asociado de Derecho y Políticas de Sostenibilidad en la Universidad de la Columbia Británica en Canadá, Boyd (1964, Londres) terminó su mandato en la ONU a finales de abril para regresar a una vida académica más tranquila. No oculta la dureza de las situaciones que encontró en sus viajes, documentando la que define como una emergencia planetaria sin precedentes, con la crisis climática y la contaminación que mata a más de 9 millones de personas cada año. Pero tiene muy claro cuál es la mayor dificultad para implementar las políticas necesarias.
El obstáculo principal a gozar del derecho a un medio ambiente saludable y seguro es la economía global, que está basada en la explotación tanto de las personas como de la naturaleza. Hasta que reformemos ese sistema será difícil, si no imposible, reconocer no solo el derecho a un medio ambiente saludable, sino todo el espectro de derechos humanos, asegura Boyd antes de negar que sus palabras sean un ataque radical al modelo capitalista. Un sistema donde las empresas pueden externalizar sobre las finanzas públicas decenas de billones de dólares de costos para la salud y el medio ambiente es un sistema que necesita una reforma fundamental, dice en entrevista con América Futura.
Pregunta. ¿Qué entiende exactamente con externalizar estos costos?
Respuesta. El ejemplo más evidente tiene que ver con la industria de los combustibles fósiles. Cuando se extrae o se quema petróleo, gas y carbón, esto resulta en una grave contaminación del aire, que tiene impactos adversos en la salud humana. Estos costos no son pagados por las empresas, recaen sobre el público en general. Además, sabemos que su extracción y combustión son la causa predominante de la crisis climática. Los costos económicos de la crisis planetaria son descomunales. Los daños para la salud y el medio ambiente derivados de la contaminación atmosférica cuestan al mundo 8,1 billones de dólares anuales. Un estudio del Instituto para la Investigación del Cambio Climático de Potsdam ha estimado que el impacto del cambio climático puede llegar a costar 38 billones de dólares cada año hasta el 2050.
En su último informe subraya cómo los marcos normativos voluntarios se han demostrado inadecuados para cambiar los comportamientos de las empresas…
Los marcos normativos voluntarios fueron diseñados para fracasar. Sabemos desde hace décadas que la mejor manera de lograr el progreso ambiental no es a través de enfoques voluntarios, sino más bien a través de una regulación estricta. Hace 20 años no había la voluntad política para hacerlo. Por eso la ONU ideó los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Ahora podemos mirar hacia atrás y decir que no han movido la aguja lo suficiente.
En su mandato, denunció los procedimientos de arbitraje internacional conocidos como Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (SCIE) como un obstáculo a la adopción de medidas ambientales. En los SCIE, una empresa extranjera puede llevar a juicio a un país en frente de un árbitro tercero en vez de un juez nacional…
Estos casos están dando como resultado que los Gobiernos tengan que pagar miles y miles de millones de dólares a empresas de combustibles fósiles. Billones que deberían gastarse para abordar la crisis climática y no en llenar los bolsillos de las empresas que han obtenido una riqueza increíble creando esa misma crisis.
Pero los países no respetan los acuerdos con las empresas…
El sistema se desarrolló en la década de 1960 y la intención original era evitar la expropiación de los activos extranjeros en estados que recién habían ganado la independencia. Pero el sistema se ha salido de control. Las decisiones de arbitraje se han interpretado de manera muy amplia. Hoy en día, si un Gobierno impone un impuesto a las emisiones de carbono de las industrias fósiles, hay abogados de arbitraje que argumentarán que se trata de una violación de los derechos de los inversores extranjeros. Uno de los casos más llamativos se dio en Colombia, donde la empresa minera canadiense Eco Oro Minerals quiso construir una gran mina de oro a cielo abierto en un ecosistema muy frágil que constituya la fuente de agua potable para millones de colombianos. El Ministerio de Medio Ambiente dijo que no podían. Sin embargo, esa empresa presentó un caso de arbitraje internacional y lo ganó.En su reporte ha identificado alrededor de 327 causas sólo en América Latina.
América Latina ha sido un lugar muy popular para la inversión extranjera porque los Gobiernos son generalmente estables, y los estándares laborales y ambientales han sido históricamente más bajos. Pero han comenzado a intentar mejorarlos. Y se están topando con una oleada de juicios. El Salvador ha sido demandado por la empresa minera canadiense Pacific Rim/OceanaGold. Costa Rica ha sido demandada por la empresa estadounidense de petróleo y gas Harken Energy y por una empresa minera canadiense, Infinito Gold. Panamá se enfrenta ahora a un caso de la empresa minera canadiense First Quantum Minerals que busca al menos 20.000 millones de dólares en daños. Estas son cifras astronómicas para los países del sur global.
América Latina ha estado a la vanguardia al impulsar el reconocimiento del derecho a un medio ambiente saludable y tribunales de distintos países han tomado decisiones progresistas..
El mayor desafío al que se enfrenta la región es cómo pasar de una economía extractivista a una que satisfaga las aspiraciones de su pueblo. Uno de los acontecimientos más interesantes es que los Gobiernos han comenzado a utilizar el derecho a un medio ambiente saludable como defensa en demandas presentadas por las empresas. Así ha habido varios casos de Gobiernos en México, en Kenia, en Uganda, que promulgaron regulaciones que prohíben las bolsas de plástico. En Perú, donde había una regulación que prohibía la importación de vehículos de motor antiguos, los tribunales aceptaron ese argumento. En Argentina, donde había una empresa canadiense que quería hacer un gran proyecto minero en una región glaciar protegida, el Gobierno dijo que estaba cumpliendo con su deber. Y la Corte Suprema estuvo de acuerdo. Esta también es una forma poderosa en que el derecho a un medio ambiente saludable puede ayudarnos a avanzar en la dirección correcta.
El País de España
