La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su informe anual correspondiente al 2018, emitieron algunas recomendaciones a Venezuela a efectos de mejorar la atención de las afecciones mentales y neurológicas, entre ellas las siguientes:
“Teniendo en cuenta las estimaciones, los proveedores de atención primaria deben recibir capacitación y herramientas para priorizar la detección y el tratamiento o la referencia de los trastornos mentales y neurológicos para cada grupo de edad y sexo. Para los trastornos graves –como el autismo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el Alzheimer–, así como para presentaciones severas, comórbidas o complejas de otros trastornos, por ejemplo, depresión durante el embarazo, consumo de sustancias en profesiones de servicio público, etc., los proveedores de atención primaria y las familias necesitan acceso a apoyos adecuados, tales como:
Plataformas de referencia y/o supervisión que permitan un tratamiento continúo en la comunidad, incluyendo el uso de tecnología digital para aumentar el acceso a recursos distantes, concentrados geográficamente.
Servicios de emergencia, hospitalizados y residenciales para el manejo de situaciones agudas de alto riesgo y pacientes con altas necesidades”.
Ahora bien, ¿Cuál es la realidad seis años después? Para responder a ello me referiré a un caso cercano. Resulta que tengo un familiar que requiere atenderse una afección neurológica y me pidió ayuda. Me trasladé a la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET), específicamente a la Unidad de Neurología, allí me explicaron que solo hay consulta de la especialidad cada tres meses y que no hay disponibilidad de ningún equipo para efectuar, por ejemplo, electroencefalogramas, que tal exámen debe hacerlo el paciente en algún centro de salud privado.
Me trasladé a algunos centros de salud privados para conocer los precios y resulta que una consulta de neurología cuesta 80 dólares y un encefalograma 70 dólares. La paciente a la que le estoy buscando opciones de atención es pensionada y recibe su dosis de patria equivalente a 45 dólares al mes. ¿Qué significa esta situación? Pues qué la paciente no podrá ser atendida y su salud dependerá de un milagro divino. ¿Y por qué? Porque las recomendaciones de la OMS/OPS de hace seis años no fueron escuchadas o se consideró mejor inversión hacer uno o varios conciertos en Waikiki.
Alguien dirá, porque nunca falta un defensor del madurismo, que seguramente no hay muchas personas con esas enfermedades para que el gobierno revolucionario considere su atención como una prioridad. Pues bien, resulta que en el mismo informe de la OMS/OPS de 2018 se calcula la incidencia de enfermedades mentales y neurológicas en Venezuela con una tasa en hombres de 4.627 por cada 100.000 habitantes y una tasa en mujeres de 4.009 por cada 100.000 habitantes.
Cómo estos trastornos no discriminan por estrato socioeconómico, es claro que un porcentaje importante de estos pacientes, en la situación actual de postración del servicio público, no podrán atenderse por no tener dinero. Dicho esto, ¿el Ministerio de Salud venezolano podrá explicarnos cómo abordará está situación?
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