Al Gobierno no le gusta que lo llamen “el régimen”. El uso de este término los inquieta, pues ellos saben perfectamente que su comportamiento ha ido más allá de la función de ejecutar presupuesto, legislar, administrar justicia, moralizar al país u organizar procesos electorales; crearon un comportamiento institucional que los deslegitimó ante la sociedad democrática, sus instituciones no cuentan con la confianza y la credibilidad suficiente, a las críticas contra las mismas, responden con descalificativos, en lugar de aclarar sobre las decisiones tomadas, a sabiendas que el pueblo puede ejercer control sobre la gestión pública de cualquier nivel, por ser un postulado constitucional. Sobre la definición acerca de lo que es un régimen político, existen múltiples versiones, sin embargo, la de O’Donnel y Schmitter, abarca a nuestro juicio los aspectos más sobresalientes de la misma, tales como patrones políticos, que llegan en un momento a predominar, aun cuando no todos estén formalizados legalmente, como por ejemplo, solicitar incondicionalidad al momento de ingresar a cargos de alto nivel, también exigir ciertos requisitos particulares, para poder optar a cargos de representación popular, o como por ejemplo insultar a adversarios políticos o declarar para confundir a la ciudadanía.
Al respecto, se debe recuperar también a la Administración Pública, en tal sentido, volver a los concursos de méritos, para garantizar así las distintas carreras funcionariales, recuperar el profesionalismo y la imparcialidad de los funcionarios, captar los mejores posibles, extraerlos mientras estén en el desempeño de sus funciones, de la actividad o promoción partidista, prohibir que vayan con emblemas partidistas, en fin, eliminar de la cultura funcionarial la creencia de que Estado y partido, son una misma cosa, educar en el respeto a los ciudadanos, a cuyo servicio deben estar sus funcionarios y tratarlos con deferencia, buscando siempre resolverles sus problemas de la mejor manera posible. El actual régimen político, más que alianzas democráticas o pluralistas con sectores de la población, como patrón político, crearon estructuras partidistas cerradas y por ende sectarias, que se convirtieron en los “interlocutores” exclusivos con el gobierno, pues la intención era y ha sido, bajo el pretexto del autogobierno, que sus cuadros políticos controlaran y encausaran en el respaldo electoral a su élite partidista, por parte de los sectores más vulnerables, quienes reiteradamente cambiaban su voto por un mínimo de seguridad, hasta que se produjo la nefasta reconversión monetaria del año 2018, en donde el valor los bienes y el salario se depreciaron enormemente.
De manera particular, un régimen político se asocia a la manera cómo funcionan las instituciones estatales, a la forma como éstas se relacionan entre sí y con la sociedad. Al respecto, nuestra ciudadanía percibe que las instituciones se encuentran al servicio de la Revolución, y no de ella; sobre este asunto se agrega que, no resulta conveniente al Principio de Separación de Poderes, que no se ejerzan contrapesos mutuos, que en definitiva son los que protegen a los ciudadanos de los excesos gubernativos; necesitamos entonces cambiar nuestra cultura política y creencias, para que, vuelva la autonomía e independencia de los poderes, para que una llamada del Presidente de turno, no se convierta en una sentencia contra un adversario político. Con la mayor frialdad, dijeron una y otra vez, que el Gobierno era una sólo, llevándose por delante a la propia Constitución, que garantiza autonomía a los estados y municipios; el autocratismo, convirtió la división del Poder Público nacional en único, se usó la figura de Jefe de Estado, para imponer medidas económicas excepcionales de larga duración, que no le reportaron al país beneficios, también se le dio rango militar a esa figura, cuando en una Democracia, la simbología del Poder Civil, es que uno de sus representantes sea el comandante en jefe, pero sin incluirse en los cuadros militares.
Democratizar el actual régimen político, pasa porque las organizaciones intermedias de la Sociedad Democrática, sean reconocidas en su verdadero valor institucional, como verdaderas voceras de distintos sectores que se esfuerzan por salir adelante en beneficio del país, pero a las cuales se les ha relegado en su peso, por las razones de todos conocidas, y en donde se tiende a ahogarlas si reclaman con vigor, las injustas políticas públicas centralistas y tendenciosas, de un régimen político, que desde un primer momento de ejercicio del poder, las condenó, sin posibilidad de entendimiento alguno. A las normas legales que deben ser neutras, generales y abstractas, se les agregó el calificativo de “socialistas”, en detrimento del Estado de Democrático, que sí está previsto en el texto constitucional, la economía está centralizada y planificada desde el Ejecutivo Nacional, rasgo propio del comunismo, aun cuando el gobierno que compite por una reelección más, diga que es democrático. Públicamente se habló y ejecutaron políticas públicas vinculadas a ese socialismo antidemocrático, que alejó del mercado económico nacional, empresarios nacionales y foráneos, sin que se permitiese una intermediación adecuada y oportuna con esos sectores.
En todos estos años, ocurrió que el régimen de poder, condicionara enormemente al régimen político nacional, cuya mayor o peor consecuencia, fue la división de los partidos políticos, por injerencias de ese régimen político que debe cambiar, y que de otra parte, exigió y exige conducciones creativas e innovadoras, pues se debe aprovechar estratégicamente el gran envión de entusiasmo electoral que se evidencia para el cercano 28 de julio, para procurar a través de las bases partidistas y dirigencia municipal de los partidos nacionales, recomponer su imagen, conectándose con la población a través del trabajo diario de integración y la práctica de una verdadera Democracia Interna. El actual régimen político no dio la medida en cuanto al cumplimiento de los valores republicanos, de libertad e igualdad política. Por eso en los nuevos tiempos que están por llagar se debe luchar incansablemente para disminuir la desigualdad social existente, que por lo demás es un objetivo universalmente deseable. Promover el desarrollo económico ante la pobreza originada como mecanismo de control, debe ser una tarea apremiante, nuestros temas económicos deben dirigirse a estimular la industrialización, la agroindustria, el trabajo digno y suficiente, y para ello elevar los estándares de educación será también otra actividad a acometer en el corto plazo.
Resulta inaceptable para una sociedad democrática, aceptar como normales, patrones que desacreditan a la ética republicana, tales como, usar a un oscuro personaje del paramilitarismo colombiano, que ha sido reo de esa justicia, para intentar desacreditar dirigentes políticos de la oposición o representación democrática, y con ello ubicar a la política en un marco de persecución judicial en plena campaña electoral; tampoco el patrón de trivializar todo lo que pasa, se debe aceptar, porque la sociedad verdaderamente democrática, debe hacerle permanente seguimiento a sus dirigentes de gobierno y partidistas, con el fin de evitar excesos o latrocinios en el manejo de la cosa pública. El nuevo régimen político por venir, debe estar persuadido de que en su funcionamiento la democracia es un régimen en el que los titulares de los cargos pierden las elecciones y deben abandonarlos y no como en estos tiempos, donde públicamente se dice que, ni por las buenas ni por las malas abandonarán el poder, lo cual hace presagiar como mínimo un atentado contra la decisión soberana del 28 de julio, por eso a la democracia por restablecer, debe dársele un mínimo de estabilidad, de moderación política a fin de poder resolver los problemas claves que dividen a las personas, antes que aparezcan nuevos, para ello el dialogo, los consensos y las consultas serán claves para lograr un régimen político democrático.
