El Monseñor Rolando Álvarez, sacerdote que encarcelado en Nicaragua.
La persecución contra la libertad religiosa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, en especial contra la Iglesia Católica, ha sido catalogada como “crimen de lesa humanidad” por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en un segundo informe presentado esta semana. Amenazas, agresiones físicas y verbales, despojo de nacionalidades, restricciones para ejercer la fe y tradiciones religiosas, así como vigilancia y profanaciones de templos, son el rosario de hostilidades del que han sido víctimas creyentes católicos y otros grupos cristianos.
Con más de 70 personas detenidas entre abril de 2018 y marzo de 2024 por razones religiosas, se le suman al menos 84 sacerdotes que han tenido que huir al exilio, entre ellos los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez, quienes fueron forzados al destierro por el régimen sandinista. De acuerdo con el informe, la persecución estatal contra la Iglesia católica y otros grupos cristianos se debe a su capacidad autónoma de generar movilización social o congregar personas.
Los expertos destacan que eso hizo que las instituciones religiosas fuesen consideradas una potencial amenaza al control total que pretende tener la administración sandinista sobre la sociedad nicaragüense. A fin de acallar estas voces y limitar la influencia que tienen la Iglesia católica y otras iglesias cristianas en la sociedad nicaragüense, el Gobierno estableció y siguió una estrategia basada en violaciones sistemáticas de los derechos humanos y actos de persecución contra sus miembros, expresa el grupo de Naciones Unidas.
El informe documenta las agresiones cometidas desde el inicio de la crisis sociopolítica hasta marzo de este año, y destaca que lejos de disminuir con los años, ha aumentado a partir de 2022. Las violaciones a los derechos humanos fueron lideradas desde la jefatura de Estado. El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que la intervención del presidente y la vicepresidenta dio lugar a violaciones sistemáticas de los derechos humanos y a los crímenes de lesa humanidad aquí documentados, señala el documento.
Las más de 70 personas presas han sufrido tratos inhumanos, crueles y degradantes en los centros de detención, dice el informe: Esas prácticas se dieron con la finalidad de castigar a las personas detenidas, amedrentarlas, intimidarlas, extraer información y/o presionarlas para que declaren falsamente contra otras personas detenidas o perseguidas.
Las expulsiones fuera del país también ha sido otra medida tomada por el régimen. El Grupo de Expertos contabiliza a 22 personas vinculadas a la Iglesia católica y un pastor evangélico, que fueron privadas de su nacionalidad entre las desnacionalizaciones ocurridas entre el 9 y el 15 de febrero de 2023.
Al cierre del informe, también se documentaron 44 casos de expulsiones de miembros de la Iglesia católica y otros grupos cristianos. Estas personas detenidas, desnacionalizadas y expulsadas fuera de Nicaragua también fueron víctimas de confiscación de bienes muebles e inmuebles.
Entre 2022 y 2023, el régimen Ortega-Murillo canceló la personería jurídica de nueve universidades e instituciones educativas religiosas. Antes de su cierre y confiscación, estas universidades habían sido objeto de asaltos, vigilancia y limitaciones administrativas a su funcionamiento, y sus directivos han sido blanco de persecuciones.
El informe documentó 18 medios de comunicación de carácter religioso cerrados a la fuerza, entre ellos 4 canales de televisión y 14 emisoras de radio. La cancelación de organizaciones religiosas ha constituido el 9% de los cierres totales ejecutados por el régimen desde 2018, que suman más de 3.500 oenegés. En la actualidad, se estima que 342 organizaciones y fundaciones de corte religioso han sido despojadas de su personería jurídica.
Desde sus orígenes hace décadas, el Frente Sandinista ha visto a la Iglesia católica como una organización incómoda y, por ello, siempre ha estado sujeta a diferentes ataques. Durante los años ochenta, bajo la influencia de la teología de la liberación, el sandinismo invirtió mucha atención en desafiar la autoridad formal de la Iglesia católica, lanzando además campañas de desprestigio y diversas formas de represión, contextualizó el opositor y desterrado político Félix Maradiaga ante la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional.
El Frente Sandinista nunca ha respetado plenamente la libertad religiosa de los nicaragüenses. Con el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007, y particularmente después de las protestas de 2018, la represión religiosa se multiplicó exponencialmente a niveles nunca vistos en América Latina.
Según Maradiaga, a diferencia de regímenes totalitarios como los de China y Cuba, la modalidad de represión religiosa que implementa el sandinismo es muy particular, ya que los ataques contra la Iglesia no se fundamentan en un intento explícito de promover el ateísmo, sino más bien en un intento obsesivo por subyugar y manipular la fe de los nicaragüenses.
El discurso hipócritamente religioso de Rosario Murillo y Daniel Ortega ha sido acompañado de intentos sistemáticos por cooptar a la Iglesia católica. No lo han logrado y esa es una de las razones de su odio desmedido, planteó el opositor.
La investigadora en temas religiosos y abogada Martha Patricia Molina destaca que el silencio impuesto a los religiosos va más allá de la afectación emocional por la separación de sus familiares y comunidad, convirtiéndose en un problema migratorio.
La dictadura continúa negando pasaportes a los religiosos que están en Nicaragua o fuera de ella. También prohíbe el ingreso al país y los deja apátridas y no existe una política migratoria de la Comunidad Internacional que dé respuesta inmediata a estas aberraciones jurídicas. Se revictimiza a los religiosos, quienes son agredidos por la dictadura y desprotegidos ante los demás Estados que exigen documentación oficial para realizarles los trámites e imponen trabas para que no logren normalizar su estadía en los países que decidan quedarse, dice Molina.
En la actualidad, el régimen Ortega-Murillo prohíbe la realización de actividades católicas en el espacio público, aunque también el Grupo de Expertos documentó prohibiciones a actividades de otros grupos cristianos no católicos.
Las mayores prohibiciones fueron en el marco de la Semana Santa a partir de 2023, año en que se suspendieron al menos 3.170 procesiones católicas, sin incluir aquellas que se realizan los Viernes Santos y la cuaresma. En ese contexto se reportó uno de los mayores números de personas católicas detenidas, 21 en total. En 2024, las procesiones prohibidas fueron al menos 4.800. Ocho personas fueron detenidas en ese contexto.
El País de España
