Las orientaciones estratégicas presentadas por la recién reelegida presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, son un equilibrado collage de propuestas que buscan contentar a socialdemócratas, conservadores, liberales y verdes, las cuatro familias en las que se sigue sustentando el equilibrio europeo. A lo largo de las siete directrices se comprueba cómo la defensa y la migración van a ser los temas centrales en Europa los próximos cinco años, permeando al conjunto de políticas.
En este contexto hay que entender la inclusión del Pacto Verde Europeo entre las directrices estratégicas bajo el título Un nuevo plan para la prosperidad y la competitividad sostenible en Europa. La transición ecológica pasa así a ser reenfocada, por un lado, dentro de las orientaciones económicas, por otro, como factor de competitividad internacional. En el primer aspecto, con la reindustrialización como protagonista mediante un “Pacto Industrial Limpio”, centrado en el cambio de modelo energético, con impulso a la economía circular y manteniendo la importancia de la transición justa. Entre los puntos débiles, las más que tímidas referencias a la biodiversidad, que se sitúa dentro del epígrafe de seguridad alimentaria en un claro guiño a los agricultores, o la ausencia de mención alguna a las políticas verdes al hablar de digitalización, inteligencia artificial —ambas con enormes consumos energéticos, de agua, y problemas de acceso a materias primas y circularidad— o compra pública. En su dimensión exterior, la presidenta lo expresa así: “El mundo compite en una carrera que dictará quién será el primero en alcanzar la neutralidad climática y en desarrollar las tecnologías que conformarán la economía mundial durante las próximas décadas.”
Habrá que esperar al nombramiento de comisarias y comisarios y a la agenda que estos desplieguen para comprobar el papel del Pacto Verde en el próximo lustro, pero a la luz de estas orientaciones estratégicas, y en comparación con lo ocurrido los últimos años, la posición actual supone una merma de centralidad de los asuntos climáticos y de pérdida de ambición en la transición.
Mientras esto ocurre, resulta interesante preguntarse: ¿El mantenimiento de la agenda verde en este momento, aunque con ropajes casi exclusivamente económicos, es solamente producto de la necesidad de Von der Leyen de contar con los votos de verdes e izquierdas? ¿Habría podido la presidenta de la Comisión, de no haber necesitado estos votos, desechar la agenda verde? Permítanme que lo dude.
Recientemente se ha conocido la mayor encuesta mundial sobre cambio climático, People’s Climate Vote 2024, impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Universidad de Oxford y GeoPoll, que refleja las opiniones de más de 73.000 personas de 77 países que representan el 87% de la población mundial. Según esta investigación, el 80% de los encuestados en todo el mundo quiere que sus gobiernos tomen mayores medidas para hacer frente a la crisis climática, el 72 % se muestran a favor de una rápida transición para eliminar el uso de los combustibles fósiles —incluidos los países productores de petróleo—, el 78% pide más protección frente a los fenómenos meteorológicos extremos, el 80%, que la educación en las escuelas preste más atención a este problema, y 4 de cada 5 encuestados piensan que su país debe hacer más por restaurar la naturaleza. Sería difícil que la Europa que ha liderado la transición verde en los foros internacionales diera ahora, cuando la población se muestra más preocupada y favorable al cambio, un frenazo o giro brusco.
Para buena parte del sector empresarial tampoco sería sencillo entender ni un retroceso ni un parón en la transición ecológica. Muchos de ellos han acometido ya inversiones que necesitan culminarse para empezar a generar beneficios. CONAMA (Congreso Nacional de Medio Ambiente) acaba de presentar su Barómetro 2024 elaborado con 500 encuestas y 200 entrevistas a profesionales de empresas relacionadas con la transición ecológica o aquellas otras que, siendo empresas tradicionales, están en plena transformación verde. Todos coinciden en que la transición está en marcha, de forma más lenta y menos ambiciosa de lo necesario, pero avanzando. Como todo lo que se hace por vez primera, y más con la complejidad de este caso, su puesta en marcha va desvelando dificultades y contradicciones que se convierten en nudos que es preciso desatar para garantizar el éxito. Lo que nadie plantea es detener esta transición; más bien al contrario, la identificación de esos nudos se hace con el objetivo de ayudar a desatarlos.
Para los profesionales y expertos una de esas dificultades es la que supone situar la transición ecológica en un marco de sacrificio y pérdida de calidad de vida. Entender y trasladar la transición ecológica como oportunidad para generar economía, vivir mejor y repensar aspectos del sistema que no funcionan es una de las claves que identifican estos profesionales, lo que coincide también con lo señalado en el II estudio de percepción social sobre la transición ecológica en España del Observatorio de la Transición Justa. Allí se constata que el porcentaje de quienes viven este proceso como una amenaza en el corto plazo ha crecido cuatro puntos en el último año, especialmente en municipios de tamaño pequeño y medio y en las comunidades del centro peninsular. Para que la transición se entienda como la oportunidad que es, necesita ser justa y poner en valor todos los co-beneficios asociados a cada acción. Así, por ejemplo, es necesario explicar que la viabilidad de buena parte del sector primario dependerá de que sea capaz de adaptarse a las nuevas condiciones de disponibilidad de agua, temperaturas, etc. No hacerlo es la mejor manera de dejar morir el campo. La transición ecológica es, por tanto, para agricultores, ganaderos y pescadores, la única opción para librarles del desastre.
Los profesionales que han trabajado con CONAMA subrayan, por otro lado, que las políticas públicas y la inversión privada necesitan ir de la mano. Si, pongamos por caso, la industria del automóvil debe invertir para desarrollar tecnologías que cambien el modelo de movilidad no solo con coches eléctricos sino con otras soluciones como plataformas para compartir viajes o vehículos, entre otras, esto debe verse favorecido por políticas públicas que permitan dar el salto de escala que se necesita. Favorecer la movilidad activa a pie, en bicicleta o patinete, desarrollar redes intermodales de transporte público para llegar a la mayor parte posible del territorio, facilitar el despliegue de cargadores o ensayar fórmulas como el leasing social en coches eléctricos para aquellos que deban recurrir a un vehículo privado, son ejemplos en los que lo público y lo privado deben ir de la mano, incorporando también al tejido social.
En definitiva, con el nivel de conocimiento existente, el grado de preocupación social, las inversiones —manifiestamente insuficientes, pero muy relevantes— ya realizadas y la urgencia de la adaptación, la reelegida presidenta de la Comisión europea no podía no incluir en sus orientaciones políticas el Pacto Verde, aunque haya optado por vestirlo únicamente de competitividad económica para no asustar a nadie.
Ahora bien, tanto el enfoque elegido, como todo lo que ha quedado fuera o en segundo plano, indican que el incremento de la ambición y la velocidad del cambio, imprescindibles para alcanzar los objetivos climáticos, ni han de darse por hechos ni van a ser fáciles. Algo especialmente preocupante en un momento en el que día a día se comprueba cómo la crisis climática se está acelerando, y donde mantener el ritmo actual significa retroceder. Presidenta Von der Leyen, ha sido usted una magnífica negociadora para conseguir los apoyos que necesitaba para su reelección, pero no olvide una cosa: con la Tierra no se negocia.
