He perdido la cuenta de en cuántas elecciones he participado desde que Chávez llegó al poder mediante un proceso electoral democrático. Desde entonces, el chavismo construyó el espacio electoral con una lógica plebiscitaria y multiplicó las ocasiones de medir su popularidad. Con mucho éxito, como sabemos. Su sucesor, Nicolás Maduro, necesitó, desde 2013, sustituir la erosión del apoyo popular por una maquinaria de encuadramiento semi-institucional que le permitía mantener números electorales suficientes frente a las dificultades de coordinación que experimentaba la oposición cada vez que se proponía una nueva elección.
Esto es historia. Como toda máquina sofisticada, la “ingeniería electoral” del Gobierno de Maduro es sensible al factor humano. Lo que ocurrió el 28 de julio pasado es que la base popular del chavismo habló estruendosamente rechazando un futuro demasiado parecido al presente. El despliegue logístico de movilización y de reconfiguración territorial de centros de votación terminó siendo simplemente la ocasión para que ese votante popular, adscrito a las redes clientelares del Estado, pudiera decir democráticamente “ya basta”.
Y esto abre un panorama inédito para el proceso político venezolano. Al declarar estos resultados electorales, el Gobierno puede creer que se impuso a la oposición. Pero lo que hizo fue alienarse a su propia base y, al provocar la indignación popular, cerrar las posibilidades de reconstruirse en el afecto del votante. Es una coyuntura crítica, además, para definir el trayecto por el que transitará el chavismo en los próximos años, si es que quiere recuperarse políticamente, en su dilema existencial entre la razón socialdemócrata y la pasión autoritaria de la antigua izquierda insurrecta.
La situación hasta este momento es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Maduro con 51% de los votos mientras le adjudicaba 44% al opositor González Urrutia, sin que figuren en el sitio web los datos correspondientes, mesa por mesa, que normalmente se publican junto con el resultado final. Esos datos detallados, además, deben recogerse en un medio magnético para ser entregados a todos los grupos políticos que participaron en la elección. En otras palabras, no hay datos que confirmen ese resultado.
Pero la oposición tiene en su poder las actas de escrutinio de al menos 80% de todas las mesas de votación, y las ha publicado en su sitio web, de modo que pueden ser contrastadas por cualquiera. Y, tal como mostraron los quick counts y los exit-polls el día de la elección, el ganador es Edmundo González Urrutia con 62% de los votos versus 29% para Maduro.
El sistema electoral venezolano es automatizado y digital, pero tiene un sistema de seguridad adicional que es la llamada “traza de papel”, que permite dejar constancia de cada etapa del proceso de votación para fines de auditoría. Esto significa que el elector pulsa en una pantalla su voto, recibe una papeleta impresa que debe depositar en una urna de votación, mientras su voto queda almacenado en la máquina. Al cerrar la votación se imprime un acta de escrutinio antes de que se transmitan los resultados, en forma encriptada e independiente para cada máquina de votación, a una de las dos salas de totalización.
La medida de la transparencia es que copias del acta de escrutinio deben, según la ley, ser distribuidas entre los testigos de los distintos candidatos. Y gracias a que la oposición pudo constituir un cuerpo de testigos que cubrió el 95% de las mesas, se pudieron obtener casi todas las actas, que llevan un código QR para escanearlas y llevan un código único que las identifica. A tal punto es fundamental el acta, como método de verificación, que la lucha de muchos testigos en los centros de votación fue hacer cumplir la ley que obliga a distribuir copias de aquella. Los funcionarios del CNE presentes en los centros sostenían que recibieron la instrucción de no suministrarlas a los testigos, aunque evidentemente pocos la obedecieron.
En las últimas 48 horas, el Gobierno de Maduro ha enviado todas las señales posibles de que su estrategia para permanecer en el poder pasa primeramente por no reconocer los procesos de verificación que el mismo sistema prevé. Es dificil saber si finalmente el Consejo Electoral presentará cifras detalladas, pero en todo caso no estarán sujetas a escrutinio. En el ámbito político, Maduro desplegó desde ayer un doble dispositivo: control de protestas a cualquier costo (con un saldo de 746 detenidos, alrededor de 40 heridos y tres fallecidos) y una narrativa según la cual tales protestas forman parte de un “golpe de estado fascista” cuyos planificadores y ejecutores serían María Corina Machado y el candidato González Urrutia. Su táctica inmediata es recomponer su campo político, cohesionarlo, verticalizarlo a través de la amenaza “fascista”, y dejar bien a la vista el apoyo de la Fuerza Armada. El objetivo, evitar que la presión internacional y doméstica obliguen a un proceso de verificación de resultados o de negociación para el reconocimiento político de estos.
En esa dirección va la desproporcionada reacción a los voceros internacionales que se atrevieron a señalar la necesidad de verificación de resultados, que va desde suspensión de relaciones diplomáticas (Argentina, Costa Rica, Panamá, Chile) hasta la activación de la narrativa sobre “injerencismo”. No obstante, quedan todavía los gobiernos de Brasil y Colombia como posibles actores para la construcción de una cámara de oxígeno que al menos impida el cerramiento político máximo con el que Maduro amenaza.
El conflicto político venezolano solo puede transformarse productivamente y conducir a la reinstitucionalización democrática si se reactiva y fortalece el largo esfuerzo que desde 2021 se ha llevado cabo en la negociación entre el gobierno y la oposición facilitada por el reino de Noruega. Uno de sus resultados fue precisamente diseñar un marco institucional para que las elecciones tuvieran lugar. No todas las condiciones acordadas se cumplieron, desde luego. Al contrario, esta ha sido la elección más asimétrica de los últimos 25 años, pero la voluntad de cambio de los venezolanos sobrepasó todo obstáculo. Eppur si muove.
Hoy, recomponer esta instancia de negociación para abordar esta crisis es de la mayor urgencia. La oposición venezolana tiene las evidencias; el Consejo Nacional Electoral debe publicar sus datos y deben verificarse y contrastarse. Si esto no ocurre, como puede ser el caso, más necesario aún será contar con ese espacio para propiciar una interacción política mínima entre ambas partes.
Los venezolanos llevan a cuestas un gran sufrimiento, en sus cuerpos maltratados por las penurias, en sus almas divididas por el conflicto político, en sus familias dispersas por el mundo. Su voluntad, tal como se mostró el domingo pasado, con ese conmovedor espíritu a la vez esperanzado y estoico, es muy clara. Quieren un nuevo horizonte y un nuevo paisaje para este país.
Suenan las cacerolas.
