Después de 72 horas de haberse celebrado las elecciones en Venezuela, se puede afirmar que un fantasma recorre al país: el fantasma de la indignación. El reconocimiento de una representatividad de origen democrático era y es aún la aspiración de millones de venezolanos, convencidos de que el voto constituye el ejercicio efectivo de su poder soberano. La incongruencia entre lo vivido y los resultados ofrecidos por el órgano comicial han desatado una gran ola de descontento. Los ciudadanos están conscientes de lo que realmente pasó en sus centros electorales.
¿Nos encontramos acaso ante el desarrollo de un diseño o una política previamente concebida de profundización autoritaria, que no repararía en el aislamiento internacional, en el costo político de una impopularidad creciente y en la imposición de una ilegitimidad que pondría fin a la ya maltrecha vida institucional y democrática? Sin lugar a dudas.
Hablan los hechos: impedimento de la verificación pública; salida forzada de los testigos de mesa para secuestrar las actas; tardanza en el anuncio de los resultados, proclamación en menos de 24 horas; declaraciones en cascada de los principales entes gubernamentales, a saber: el Ejecutivo, la Asamblea, la Fiscalía, el Ministerio de la Defensa, entre otros, con el propósito de consolidar la matriz de opinión de la propaganda geobbeliana (que nadie se traga): la victoria de Maduro y la supuesta conspiración de la derecha mundial que ve amenazada su poder hegemónico con el triunfo de esta farsa.
¿Forma de ejecución? Represión feroz. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Lo cierto es que los sectores populares fueron los protagonistas de las primeras muestras de rechazo por la flagrante violación a sus derechos políticos y a su anhelo de cambio, siendo los que más sufren la falta de servicios públicos, los bajos salarios, la crisis humanitaria, el empeoramiento en sus niveles de sobrevivencia y el largo etcétera por todos conocidos.
De modo que al día de hoy, el gobierno de facto no representa las aspiraciones del pueblo. La democracia participativa y protagónica es una quimera ante el ejercicio real del poder. En este gobierno, el presupuesto ético-filosófico de toda democracia, la voluntad popular, no existe. Muchos menos, la alternabilidad -expresión de la pluralidad-, mecanismo para renovar las ideas, el liderazgo e impedir la consolidación de hegemonías políticas.
Bajo este panorama de depravación institucional, lo conducente es impugnar los comicios, presentar las inconsistencias con las actas y obligar al CNE a que actúe conforme a derecho, sin abandonar la protesta pacífica como dispositivo ciudadano, para mostrar la disconformidad política como derecho. Si es parte del guión autoritario impedir la verificación de los resultados, la conflictividad continuará irreversiblemente su curso indescifrable.
En un punto y aparte, reviviendo las imágenes de lo sucedido en las calles venezolanas los últimos días, salta a la memoria el célebre poema del poeta Caupolicán Ovalles: ¿Duerme usted señor presidente? Creemos que no.
