El proceso electoral del 28 de julio 2024 para elegir el presidente constitucional de Venezuela, no arrojó sorpresas sobre la tan cacareada polarización que estaba desencadenándose en los ciudadanos con respecto a dos tendencias políticas diametralmente opuestas desde la concepción ideológica, y que marcó la pauta en la precampaña y la campaña electoral entre los candidatos de la plataforma unitaria (MUD) Edmundo González Urrutia, y el partido socialista unido de Venezuela (PSUV) Nicolás Maduro Moros. La civilidad mostrada en los ciudadanos al momento de ejercer su voluntad en las urnas electorales, fue ejemplar, al igual que el comportamiento de los representantes de los partidos participantes, y el plan república. Lamentablemente en algunos lugares donde funcionaban los centros de votación se presentaron pequeños lunares, que fueron solventados de inmediato.
Los reclamos crecieron en el momento que se fueron procesando la impresión de las actas de votación, la que debía darse con el número 01, y la transmisión de los datos desde los centros de votación hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE). Testigos a los que les pidieron desalojar los centros de votación, y negación de la entrega de las actas de escrutinio, calentaron el ambiente. La demora en el anunció de los resultados creó incertidumbre y con ello molestia en los sectores polarizados. La desconfianza creció al darse el primer boletín por parte de las autoridades del CNE. Se daba ganador a uno de los contendientes, se expresaron cifras, pero no se publicaron las actas. Eso generó el llamado de atención de varios candidatos a que se publicaran las actas que contenían tal resultado, y en consecuencia el bando contrario mostró actas, dio resultados y las publicó. Todo un conflicto que todavía tiene los crespos levantados en buena parte de la sociedad venezolana. La posición del Centro Carter destaca la violación del principio de transparencia en el proceso electoral, y agregan que el jaqueo anunciado por la autoridad electoral, es imposible de ejecutarse, aderezando aún más la duda sobre lo anunciado por el ente electoral.
El respeto a los resultados electorales es un pilar fundamental en cualquier democracia. Reconocerlos y aceptarlos no solo refleja la madurez política de los contendientes, sino que también garantiza la estabilidad y la paz social. Ignorar este principio puede desencadenar una serie de eventos desafortunados que socavan la confianza en las instituciones democráticas y en el proceso electoral mismo. Cuando los resultados no son respetados, se genera incertidumbre y descontento entre la ciudadanía, lo que puede llevar a protestas y a una división más profunda dentro de la sociedad. Además, la legitimidad del gobernante electo se ve comprometida, lo que dificulta la gobernabilidad y la implementación de políticas públicas efectivas. Por lo tanto, es esencial que todos los actores políticos y la sociedad en su conjunto se comprometan a respetar la voluntad popular expresada en las urnas, para así fortalecer las bases de la democracia y asegurar el bienestar de la nación.
La publicación de las actas que reflejan los números que dan a uno y otro bando como ganador, y la auditoria respectiva por los expertos en la materia, es la vía expedita para evitar lo que se ha visto en la calle. Nadie quiere confrontación, ni persecución. Menos que se estén generando choques entre familias y vecinos porque así lo desean los radicales. Cuando se juega bingo, el ganador muestra el cartón y se verifica que corresponda a lo que establece la norma del juego. En el domino, se gana cuando se coloca la última carta, pero si se tranca, se muestran las piedras y se cuentan las pintas. En ajedrez se da el jaque, porque hay oportunidad de moverse, y si es jaque mate, está liquidado el juego, pero el tablero está a la vista de todos, y los jueces verifican que es correcta la jugada. En democracia el principio es: ganan unos, pierden otros, pero las oportunidades vuelven.
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