Centenares de miles de muertes (más de 600.000, cifra ONU) y el desplazamiento interno de cerca de dos millones de personas; es el balance realizado por Manos Unidas en mayo de 2024, tras retornar a las labores humanitarias en la región de Tigray (Etiopía); se destaca, tras más de dos años de guerra –iniciada en noviembre de 2020- y la crisis de la COVID-19, “la lucha por la supervivencia de la población, con la vista puesta en una paz que no acaba de llegar”.
¿Por qué la ONG califica la guerra en Tigray como “cruel conflicto olvidado”, que ha afectado a prácticamente a toda la población? En buena medida, por los crímenes masivos; la violación de mujeres y niñas, las torturas, y las desapariciones.
Manos Unidas se hizo eco, el pasado 30 de mayo, del testimonio del director adjunto de la Oficina de Desarrollo del Secretariado Católico de la Diócesis de Adigrat (ADCS), Twelde Haileselassie: “En estos momentos sobreponerse al trauma es fundamental para poder seguir con la vida diaria”.
En noviembre de 2022, el Gobierno de Etiopía y el Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT) firmaron un Acuerdo de Paz en Pretoria; sin embargo, “la situación en el Tigray continúa siendo desesperada”, tras un conflicto bélico y bloqueo “que internacionalmente pasó casi inadvertido” (millones de personas continúan sufriendo las consecuencias).
Manos Unidas adopta como fecha de referencia, reciente, marzo de 2024: la ayuda internacional continuaba llegando “con cuentagotas”; y en un contexto de sequía, la mayor en las últimas dos décadas; en síntesis, más de 4,5 millones de personas requieren ayuda para la supervivencia.
A mediados de junio, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OHCHR) hizo público un informe sobre la situación de los derechos humanos -entre enero de 2023 e inicios de 2024- en Etiopía; constataba una “mejora considerable” en Tigray, tras el acuerdo de cese de las hostilidades de 2022, aunque continúan las “violaciones constantes” por parte de las fuerzas militares de Eritrea.
Los conflictos y abusos graves en materia de derechos humanos –en 2023- se produjeron especialmente en otras regiones: Amhara y Oromia (la más extensa de Etiopía); el reporte agrega que al menos 1.351 civiles fueron asesinadas ese año en el país (740 en Amhara), en ataques perpetrados aparentemente por fuerzas gubernamentales, tropas de Eritrea, milicias opositoras o actores desconocidos.
Asimismo, “hemos recibido denuncias acerca de que al menos 250 miembros de la etnia tigré fueron detenidos en la zona en disputa de Tigray Occidental, al parecer en operaciones conjuntas de la policía amhara, las autoridades comarcales y la milicia local, que incluye a jóvenes de Wolkait”, informó la OHCHR en agosto de 2023.
Otro informe, de Amnistía Internacional (AI), difundido en septiembre de 2023, profundizaba en las denuncias (“Today or Tomorrow, they should be brought before justice”). Entre otras conclusiones, se destaca que militares de Eritrea cometieron crímenes de guerra y –posiblemente– de lesa humanidad en Tigray; estos se habrían producido “inmediatamente antes y después” de los acuerdos de 2022.
AI recordaba la condición de aliadas de las Fuerzas de Defensa de Eritrea y el Gobierno Federal de Etiopía; y subrayaba la responsabilidad de los soldados de Eritrea en casos de violaciones y esclavitud sexual, ejecuciones extrajudiciales y pillaje en Tigray; el reporte se basaba en el testimonio de supervivientes, testigos y familiares.
Uno de los ejemplos apuntados es la ejecución –al margen de la vía judicial- de al menos 20 civiles (principalmente hombres) perpetrada por las fuerzas de Eritrea en el distrito de Mariam Shewito, entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2022; asimismo tras la rúbrica de los acuerdos y durante cerca de tres meses, los militares eritreos “violaron y esclavizaron sexualmente a mujeres y ejecutaron extrajudicialmente a 24 civiles en el distrito de Kokob Tsibah” (los dos distritos se ubican cerca de la frontera con Eritrea).
La firma del acuerdo de 2022 suponía, teóricamente, el final de “uno de los conflictos más mortíferos del presente siglo” (600.000 víctimas mortales en dos años), valora Descifrando la Guerra.
Pero “la fragilidad de los acuerdos y la continua actividad de grupos insurgentes en diversos territorios -añade el portal de análisis internacional- complican la paz en un país que se debate entre las tendencias etnofederalistas y las centralizadoras,promovidas por el primer ministro Abiy Ahmed” (en el cargo desde 2018).
Mientras, la ayuda humanitaria ha implicado avances para la población; sin embargo el hecho de que haya participantes que no reconocen el compromiso de paz –Eritrea o grupos tigriñas– podría derivar en nuevos enfrentamientos, subraya Descifrando la Guerra (por ejemplo estos se producen –actualmente- entre el ejército de Etiopía y el Frente de Liberación Oromo).
Además el canal Al Jazeera dio cuenta –el pasado 4 de junio- de un informe publicado por el New Lines Institute (con sede en Estados Unidos), en el que se concluye que el Estado de Etiopía y sus aliados ejecutaron actos de genocidio durante la guerra en Tigray.
En concreto, señala el reporte, “hay una base razonable para creer que al menos algunos miembros de la Fuerza Nacional de Defensa Etíope (ENDF) o funcionarios civiles asociados con el gobierno federal etíope, las Fuerzas Especiales de Amhara (ASF) y las Fuerzas de Defensa de Eritrea (EDF) “tenían la intención de destruir a los tigrayanos –de manera total o parcial- como grupo étnico”.
Entre las acciones destacadas figuran los asesinatos; ocasionar graves daños físicos o mentales a la población; afectar -“deliberadamente”- las condiciones de vida para causar su destrucción; o imponer medidas con el fin de impedir los nacimientos.
Otro de los puntos remite a las declaraciones -en las redes sociales- de algunos individuos, que podrían suponer incitación “directa” y “pública” al genocidio; por todo ello, el New Lines Institute concluye que los Estados tendrían que asumir las obligaciones de acuerdo con la Convención sobre el Genocidio de Naciones Unidas, que entró en vigor en 1951; esto incluye la apertura de procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
