Se trata del mayor cierre de asociaciones realizado de una sola vez desde 2018. Entre las entidades afectadas hay organizaciones religiosas, deportivas y sociales.
El Gobierno de Nicaragua canceló este lunes (19.08.2024) la personería jurídica a 1.500 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, entre ellas organizaciones católicas, defensoras de la diversidad sexual, educativas, sociales y de militares retirados, y ordenó traspasar sus bienes al Estado. Es el mayor cierre de ONG ordenado por el régimen desde las protestas de abril de 2018.
Con el cierre de estas 1.500 ONG, suman más de 5.200 las organizaciones de este tipo disueltas en país centroamericano. La medida, sin precedentes al ser la primera vez que se ilegalizan 1.500 ONG en un solo acto, se da tres días después de que el Ejecutivo sandinista anunciara que reformará el funcionamiento de las ONG, que tendrán ahora que formar alianzas con instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos en el país.
A partir de la fecha los ONG que funcionan en Nicaragua se regirán por un nuevo modelo de operatividad que hemos caracterizado como ‘alianzas de asociación’, dijo el viernes pasado la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo. Entre las entidades afectadas destacan clubes de ajedrez, rotarios, asociaciones de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados, además de la Cruz Roja Nicaragüense.
Profunda crisis política
El Ministerio del Interior, encabezado por María Amelia Coronel, indicó que cerró las 1.500 ONG por incumplimientos a las leyes que las regulan, ya que no reportaron por períodos de entre 1 hasta 35 años sus estados financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones y sus juntas directivas.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas desde 2018 utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente, Daniel Ortega, en las manifestaciones de hace seis años. Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento debido a que no todas las 7.227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de golpistas y de traición a la patria.
DW
