Ahora más que nunca se requiere de actores que ayuden a negociar, pero partiendo de una certeza, las cosas siempre pueden estar peor.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela hizo lo que se esperaba: validar el fraude electoral al sentenciar a favor de Nicolás Maduro sin mostrar pruebas. Esta decisión agrava la crisis política y social del país. Según ese dictamen, el mandatario ha sido reelecto, aunque no hay indicios de que haya sacado la mayoría de los sufragios. Desde el 28 de julio se avanzaba por una vía pedregosa; ahora el terreno es pantanoso. Ni el gobierno, que se caracteriza por huir hacia adelante, había estado en un campo tan inestable, como el actual; ni las fuerzas democráticas tienen una respuesta contundente, más allá de reiterar que la sentencia, en lugar de abrir un camino a la paz, solo agudizará la crisis, como lo ha dicho el candidato Edmundo González Urrutia en un video en el cual reacciona al anuncio del TSJ.
¿Cómo superar esta situación?
Tal vez lo primero es aceptar que en Venezuela se han violado las normas democráticas. Algunos, ingenuamente, y otros maliciosamente, pretenden estirar los conceptos. Pero ni un pensamiento naíf y tampoco un enfoque deliberadamente perverso y negacionista va a contribuir a esbozar alguna ruta que resuelva el problema de fondo.
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez lo ha resumido magistralmente. Semanas atrás escribía: “Maduro recurre a sus magistrados judiciales para que certifiquen el triunfo de Maduro, regalado por los magistrados electorales de Maduro y defendido por el ejército de Maduro, mientras la policía de Maduro reprime a los adversarios de Maduro. Una escena que se puede coronar con un epigrama de Ernesto Cardenal: “Somoza develiza la estatua de Somoza en el estadio Somoza”.
La misión de Determinación de Hechos de la ONU alertaba, horas antes del veredicto, que el ni el CNE ni el TSJ son independientes o imparciales. Aunque el Gobierno se ha ido por un camino que lleva la crisis venezolana a un momento inédito, para Tamara Taraciuk, en realidad Maduro le ha hecho un favor a la causa democrática al hacer las cosas tan mal. Ha sido tan burdo el fraude y la represión que de alguna forma ayuda a que gobiernos de distintas ideologías coincidan en la solicitud de reconocer la voluntad popular del pueblo venezolano”.
Sin embargo, dentro de la bastedad, no hay que llamarse a engaños. El Gobierno de Maduro ve una oportunidad de oro para salirse con la suya. En su temeridad no le importa llevarse por delante a miles de venezolanos. De hecho, los ha encarcelado y acusado de terroristas. “La arremetida en contra de la sociedad civil, los medios, y los ciudadanos que participaron en la elección indica que este proceso será mucho más agresivo que el que vimos en Nicaragua. El cierre del espacio cívico en Venezuela claramente define a la etapa autoritaria de Maduro”, afirma la politóloga María Puerta Riera.
Agrega que si bien se necesitaría un quiebre interno (no solamente entre el ala civil, sino también en el sector militar), es también necesario que la sociedad civil trabaje en forma organizada para resistir y presionar en contra de la autocratización. “No obstante, al neutralizar la capacidad de organización, hará mucho más difícil luchar en contra del régimen autoritario. El secuestro de familiares en la persecución política es la profundización del esquema autoritario de Maduro, lo que nos permite anticipar medidas mucho más agresivas para impedir la organización, y por ende, la movilización política”.
Mientras se procesa la situación, hay varios hechos para tomar en cuenta.
Aunque el Gobierno de Maduro se sostiene sobre las bayonetas, ha pasado casi inadvertido que en los cuadros del oficialismo no todos parecen inclinados a pagar las consecuencias. Por eso, el mandatario ha asumido la vocería de la coacción. No puede hacer un cambio de gabinete y solo recurre a sus acólitos más leales. Es, por tanto, fundamental que se desestimule el sendero de violencia, que se mantenga un sistema de la denuncia oportuna, que no se tolere que ningún otro funcionario- más allá de los sospechosos habituales- ingrese al círculo de los ejecutores. La protección de las víctimas, la búsqueda de justicia y el apoyo a las organizaciones venezolanas que velan por las garantías fundamentales, deben estar al frente de las prioridades.
Otro aspecto a tomar en cuenta es el marco temporal. El nuevo período constitucional inicia en enero. Esto da un tiempo de actuación para que miembros de la comunidad internacional puedan alinearse en una estrategia de incentivos y presión. Ese lapso seguramente va a ser usado por el gobierno para hacer caída y mesa limpia, porque es su comportamiento habitual.
En el plano interno hay una suerte de desconcierto entre las distintas corrientes que se identifican en el eje ideológico de izquierda. Sin embargo, todos coinciden en exigir el respeto a la voluntad popular. Es posible que se genere una coalición amplia de defensa de la democracia. Propiciar esos espacios ameritan acciones planificadas que conduzcan a que haya puentes entre los demócratas. En este sentido, mucho pueden hacer organizaciones de la comunidad internacional.
Parece prudente aceptar que las gestiones de Brasil y Colombia han fracasado. Las razones pueden ser varias. Pero, algunas de ellas tal vez se ubiquen en un plano no diplomático.
Juan Carlos Apitz, decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, sostiene que la sentencia del TSJ es nula y por tanto no es acatable. Desgrana uno a uno los argumentos jurídicos, pero, se afana en recordar la Constitución venezolana. En la carta magna están plasmadas las garantías para diseñar una hoja de ruta pacífica, pero lograr la restitución de la decisión de las mayorías.
¿Significa todo lo anterior que no se deben abrir espacios para una negociación? Al contrario. Ahora más que nunca se requiere de actores que ayuden a desescalar el conflicto. Pero partiendo de una certeza: en Venezuela las cosas siempre pueden estar peor.
Volviendo a lo planteado por Taraciuk, vale la pena ver los pronunciamientos de los presidentes Gabriel Boric, de Chile y Luis La Calle Pou, de Uruguay. Ambos, de ideología distinta, han coincido en rechazar el dictamen del TSJ porque saben que lo que está en juego, para la región, es la estabilización de un gobierno autoritario que no garantiza ninguna gobernabilidad, más allá de la que le proporciones el uso del terror.
El País de España
