Es la soberanía popular, otra de las figuras constitucionales menoscabadas con el desconocimiento de los resultados electorales del pasado 28 de julio; ella implica un poder de autodeterminación general a cargo del Pueblo, que en las actuales circunstancias pretende ser evaporado con subterfugios jurídicos y técnicos, aunque sea garantizado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que define claramente que es este conglomerado el que decide a través del voto universal, directo y secreto, la integración de distintos órganos del Poder Público, como la Presidencia de la República, siendo esa decisión intransferible, por ser la norma que le da reconocimiento, un mandato imperativo, ergo, no se debe delegar en otro órgano del poder, aunque sea el judicial, máxime que este último también, emana de los ciudadanos, por lo que, lo ideal sería que al tenerse clara e internalizada esa disposición, se defendiese también a la soberanía popular.
Para el profesor Brewer Carías, la soberanía popular o soberanía del pueblo, es el principio más importante del Constitucionalismo moderno, ello según quien escribe, porque es la manera más civilizada de tomar en cuenta a los ciudadanos, quienes, mediante su opinión personal, reunida posteriormente en un todo, irán señalando el rumbo gubernativo que desean o aspiran para sus respectivas colectividades. Es por eso que, significa un poder de mando temporal, avalado por el respaldo popular, que es su más importante fuente de constitución, con la finalidad de ejercer poder y autoridad, sin mayores contratiempos, pues los mismos han tenido un origen consentido por la mayoría. Ahora bien, devolviendo nuestra atención a los tiempos de independencia, encontramos que en la primera Constitución (1811) se dispuso que, “ningún partido, pueblo o reunión de ciudadanos puede atribuirse la soberanía de la Sociedad, ya que la misma es imprescriptible, inajenable e indivisible en su esencia y origen”, por tanto, nadie puede asumirla de manera particular.
En la medida que la soberanía popular pertenece a la comunidad política, ella no está sometida más que a su propia decisión a la hora de gobernarse. El pueblo es quien tiene la decisión última sobre sus gobernantes y esa decisión dependerá, claro, de un juicio político sobre aquellos. Ese será un juicio que no está sometido únicamente al Derecho o a la Constitución. Es en ese sentido que el pueblo tiene el ejercicio la soberanía. El pueblo debe ser libre de toda dominación o influencia a la hora de decidir, en última instancia, sobre toda la realidad estatal. De esta manera, la principal innovación de la soberanía popular en relación al concepto mismo de soberanía es la afirmación de que se le reconoce al pueblo, una facultad de disposición plena sobre la ordenación y la configuración de las cuestiones políticas y sociales dentro del Estado. El principio central de la soberanía popular es que la legitimidad de la autoridad de un gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados.
La legitimidad en buena medida es calificada como la otra cara del poder, que permite a quien pueda detentar el poder, imponer ciertos límites a la voluntad de otros actores políticos, dado que dispone de los medios de coacción para eso. Con su invocación se pretende ponderar o no, actuaciones del gobierno, cuando el pueblo percibe que, se han tomado decisiones al margen de sus decisiones personales o colectivas, y por ende fuera de la legalidad, o de un sistema de valores republicanos, que históricamente han sido respetados por gobernantes y que incluso han ido más allá, de los sistemas normativos fijados por siglos; pero que en la actualidad se percibe no han sido preservados. De allí que, todo lo que se haga, para modificar la decisión de la soberanía popular producida el 28 de julio, se considerará ilegitima, aunque para ello se utilicen otras instituciones del Estado, fingiendo con ello una supuesta legalidad, para hacer aparecer como tales, actos omitidos o no cumplidos conforme a la Constitución y la Ley.
Es también la soberanía popular, la que confiere legitimidad a los gobernantes, para manejar la soberanía externa del Estado, puede decirse entonces que, en los hechos, el Pueblo como poseedor del Poder Supremo que rige un Estado, está facultado para comunicar al mundo que, no ha otorgado mando al gobierno imperante, y que este no puede representar la soberanía de Estado, frente a terceros países, dado que lo desconoció en su forma de soberanía popular, al resistirse a su decisión de activar el principio de alternancia, el cual se consumó en un proceso eleccionario, convocado por el órgano del Poder Público competente, es por eso, que muchos países circundantes al nuestro, muestran sus reservas, respecto de la inapropiada proclamación hecha por una autoridad electoral que no cuenta con la confianza ni credibilidad del electorado, lo que es del conocimiento de muchos países, que procurar coadyuvar en la defensa y respeto de la soberanía popular venezolana, pues saben de las consecuencias que para ellos, puede significar que eso no ocurra.
Por último, desconocer la soberanía popular, es colocar por sobre esta figura constitucional, apetencias personales y grupales de dominación, es fingir ser demócrata, es usurpar un mandato casi que natural, para formar gobiernos, es desconocer también que, el libre albedrío del hombre no cuenta, cuando colide con la ambición desmedida de poder, es otorgar a la dignidad de las personas, escaso valor, siempre supeditada a los cálculos o conveniencias del régimen inconstitucional, es burlarse de la tradición histórica republicana del país, es querer gobernar a pesar del rechazo de las personas, es suplantar el entendimiento y los consensos, por las imposiciones y la arbitrariedad, es pretender desconocer una realidad socio-política que, por muy adversa que les sea, terminará por derrotarlos, es sancionar permanentemente para ir limpiando el escenario político de adversarios, es en definitiva, pasar a la historia como representantes de la brutalidad y de la fuerza, y por sobre todo, salir por siempre condenados en el juicio político de los ciudadanos.
