El país quedará más aislada financieramente y más vulnerable a embargos si la comunidad internacional sigue sin reconocer a un nuevo gobierno de Nicolás Maduro. Expertos coinciden, por otra parte, que aún sin sanciones no hay posibilidades de recuperación ante la debilidad institucional, jurídica y legal del país. Mercado de Catia en Caracas.
El incierto camino económico de Venezuela se agravará tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que avala los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que da como ganador a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado domingo 28 de julio. Expertos coinciden en que el no reconocimiento de la comunidad internacional y de organismos multilaterales a un nuevo gobierno de Maduro, debido a las dudas surgidas por la no publicación de los datos completos de los resultados oficiales, dejará al país más aislado financiera y comercialmente, pero también con posibles embargos de sus activos externos tras una serie de demandas en tribunales foráneos.
En el foro organizado por el portal Analítica «Consecuencias económicas si no se produce el cambio político en Venezuela», los exponentes explicaron que la debilidad institucional en el país impide la entrada de las inversiones. Señalaron que esto afecta la entrada de nuevos recursos en el sector petrolero, motor de la economía venezolana, y en consecuencia impactará en el crecimiento económico, en variables como inflación y devaluación, en la recuperación del empleo y del ingreso famliar.
El economista Gustavo García advirtió que debido a la falta de transparencia de las instituciones controladas por el Ejecutivo, el gran deterioro institucional y el bajo respeto de los derechos de propiedad, a Venezuela no vendrán las inversiones que se requieren para su recuperación y quien tenga una disputa con el Estado, no tendrá acceso a un sistema judicial autónomo que le pueda resarcir cualquier afectación.
Destacó que los inversionistas esperaban que con las elecciones del 28 de julio surgiera un gobierno legítimo, independientemente del presidente elegido, y con el cual pudieran negociar la reestructuración de la deuda externa. A su vez, explicó, esa negociación requeriría un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) quien hasta ahora tampoco reconoce al actual gobierno de Maduro.
«Ahora ya esos inversionistas no podrán hacer negocios con Venezuela y menos si llegan más sanciones. Venezuela quedará más aislada comercial y financieramente, con una altísima vulnerabilidad y en consecuencia con menos posibilidades de crecimiento», afirmó García.
Por su parte, el economista Ricardo Hausmann, señaló que la debilidad institucional y jurídica en el país tras la decisión del TSJ, deja a cualquier persona e inversionista vulnerable y sin confianza porque sienten que los tribunales no defenderán sus derechos. Acotó que existe un gran número de leyes que restringen las libertades económicas y a eso se le suma la falta de garantías de los derechos más fundamentales.
«Este gobierno (de Maduro) no está siendo reconocido y esto tiene serias implicaciones, entre ellas, la disponibilidad de las reservas internacionales, no tiene acceso a los organismos multilaterales para obtener financiamiento externo. Si el gobierno empieza a generar flujo de caja de algún tipo, pues será objeto de embargo de los acreedores, y en esas circunstancias nadie querrá invertir en el país. Esta es una economía que no va a ninguna parte, aunque no se apliquen más sanciones», sostuvo.
Justamente García añade otro escenario, la posibilidad de embargos a los activos de Petróleos de Venezuela y de la República. «Venezuela va a enfrentar una situación muy grave en los próximos meses y, es que están aumentando las demandas por la cesación de pagos de la deuda externa, las cuales muchas fueron aprobadas en un tribunal de New York y tienen órdenes de embargo hacia activos en el exterior del sector público».
Explicó que hay nuevas decisiones en tribunales de New York, EEUU, con órdenes de embargos contra Venezuela y que están pendientes otras decisiones de este tipo.
«Hay activos de la República que se pueden perder por posibles embargos como el oro en el Banco de Inglaterra, el dinero de Pdvsa en el Banco Central de Portugal y en cuentas en Estados Unidos, cargas de petróleo, tanqueros que no lleven carga, aviones de la empresa estatal Conviasa, mercancías de exportación y cualquier dinero que transe en el sistema financiero internacional. Todos están en riesgo», apuntó.
García recordó que la deuda venezolana asciende a 165 mil millones de dólares y de ese monto, la deuda pública financiera por bonos de Pdvsa y la República alcanza $95 mil millones al cierre de junio. Destacó que 21 demandas contra el país se introdujeron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial por procesos de expropiación y estatización en el gobierno de Hugo Chávez, cuatro en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y tres en la Corte de Arbitraje Europea. De estos casos, hay 16 más pendientes en el Ciadi y cuatro en la Corte Internacional de Arbitraje, además de las demandas en tribunales norteamericanos por la deuda generada desde el año 2017 cuando se dejaron de pagar los bonos de deuda.
Para el economista y profesor de la Universidad de Rice en EEUU, Francisco Monaldi, el sector petrolero venezolano no se recuperará aunque no haya sanciones extras, sin un cambio profundo político e institucional y sin una reinserción del país en los mercados internacionales.
«Lo que ocurrió con las elecciones venezolanas genera una gran incertidumbre para todos los actores económicos, no solo sobre la posibilidad de que ya no se otorguen más licencias a empresas que estaban esperando que ocurriera, sino que ahora existe la preocupación entre las compañías de que, incluso, pudieran modificarse o cancelarse algunas de las ya existentes», argumentó.
Considera que el crecimiento moderado que tuvo la producción petrolera en los últimos dos años, gracias en gran medida a la licencia otorgada por EEUU a la norteamericana Chevron, pudiera detenerse por completo o revertirse gradualmente, dependiendo de lo que suceda con la situación política venezolana y con las sanciones.
Malas perspectivas
Muchos analistas políticos señalaron que la sentencia del TSJ, lejos de disipar las dudas, empeora la crisis política del país. En ese contexto, las perspectivas de Venezuela «son muy malas, lamentablemente», afirman los economistas en el foro de Analítica. Dado los resultados económicos del primer semestre, varias consultoras y organismos internacionales modificaron, antes de las elecciones presidenciales, sus previsiones macroeconómicas de Venezuela hacia la baja para el cierre del año. Ahora con lo que implica el no reconocimiento al gobierno de Maduro, la posibilidad de mayores sanciones y la poca efectividad de las políticas públicas, empeorarán el escenario del país.
Para dar una perspectiva de cómo estaba el país, Gustavo García destacó que Venezuela cerró el año 2023 con un ingreso per cápita similar a una nación de mucho menor tamaño como lo es Honduras; solo estuvo por encima de Cuba, Haití y Nicaragua.
Sobre la estabilidad de la economía sostuvo que la misma es relativa dado el anclaje cambiario que ha mantenido a raya a la tasa de inflación. «Para mi una estabilización tiene que ver con crecimiento económico, del nivel de empleo y del ingreso. El país no muestra resultados positivos y es por eso que muchos jóvenes siguen saliendo del país (…) Esto es solo un anclaje cambiario para contener la inflación y en donde los salarios son absurdamente bajos que colocan a la población en un nivel de pobreza extrema».
Explicó García que el anclaje es también muy vulnerable dado el bajo monto de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV), que no está en capacidad de enfrentar un shock externo o financiar el componente importado de cualquier programa de expansión económica, porque no cuenta con recursos líquidos suficientes. Destaca, además, la falta de financiamiento vía crédito bancario, por lo que la gente no puede comprar activos con lo que pueda proteger sus ahorros.
Resaltó que la mayoría de los empresarios y gerentes venezolanos afirman que parte del estancamiento económico es producto de la debilidad de la demanda, no de las sanciones. «No hay bloqueo económico contra Venezuela», ya que en estos momentos cualquier empresa puede importar desde cualquier parte del mundo.
«En este contexto, Venezuela seguirá siendo un país pobre con un agravante adicional, que es una nación que tendrá una pérdida importante de capital humano porque con los salarios actuales de entre 220 y 400 dólares no ofrece una perspectiva de mejora de su calidad de vida», afirmó.
García coincidió con Franscisco Moaldi que, en caso de que las posibles nuevas sanciones no afecten al sector petrolero, Venezuela podría alcanzar el millón de barriles diarios, pero esto sería insuficiente para que el país crezca de manera importante en los próximos años, ya que la industria requiere un importante flujo de inversión.
Para Monaldi, se debe tomar primero en cuenta que el colapso de la industria petrolera venezolana fue una destrucción completa de Pdvsa antes de las sanciones. Recordó que la empresa estatal producía sola sin socios 3,1 millones de barriles diarios (b/d) en el año 1998 y para el año 2016 antes de cualquier tipo de sanción producía casi la tercera parte. Luego de las sanciones, hubo países de la OPEP como Irán, también sancionada, que aumentaron su producción entre 20% y 30%, menos Venezuela.
Recalcó que una recuperación masiva de la industria petrolera requiere mucho más que la flexibilización de las sanciones, en este sentido, se necesita un cambio político e institucional, gran inversión internacional y recursos de $10.000 millones anuales en cada uno de los próximos 10 años para alcanzar la producción máxima que tuvo el país. Recordó que ya el techo de crecimiento del sector era bajo y que en una continuación de la crisis política, la extracción caerá gradualmente y en consecuencia afectará el crecimiento económico.
«Sin cambios y en las actuales condiciones, la producción podría crecer a 1,1 millón de barriles diarios en un período de año y medio, luego habría estancamiento y eventualmente una declinación gradual. La única alternativa para la economía venezolana es restableciendo las relaciones con América Latina, Estados Unidos y Europa. El futuro del país queda en un callejón si no se obtiene una salida política con las condiciones idóneas», dijo.
Ricardo Hausmann afirmó que el país no es viable desde hace un tiempo y que su situación empeora con las actuales circunstancias o con lo que posiblemente venga con las sanciones.
Reiteró que el no reconocimiento de un gobierno, implica que cualquier contrato que se firme o concesión que se otorgue no tendrá validez, por lo que en el caso del sector petrolero, por ejemplo, las consecuencias serían mayores. «Negociar o firmar un compromiso con un gobierno que no tiene derecho a comprometer el futuro del país, se tiene que evaluar muy bien, porque otro gobierno en el futuro no estará obligado a reconocerlos».
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