Los inversionistas están hasta la coronilla con Venezuela, dijo Gustavo García Osio.
Uno de los aspectos que los acreedores financieros de Venezuela –tanto de bonos de la deuda pública soberna como los títulos emitidos por Petróleos de Venezuela (PDVSA)- era que las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio permitieran un gobierno reconocido por los principales organismos multilaterales, comenzando por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de esa manera se diera un acuerdo de reestructuración de la deuda pública externa.
En Venezuela tenemos siete años que no negociamos, no pagamos y no hay respuesta de nada; los inversionistas se quedaron viendo para el techo porque la deuda pública externa de Venezuela se encuentra en cesación de pago desde 2017, dijo Gustavo García Osio, ex economista-jefe de la División Fiscal en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El saldo de la deuda externa venezolana al 30 de junio se aproximaba a 165.000 millones de dólares, que incluye lo que se debe al Club de París, las empresas mixtas de PDVSA y todos los arbitrajes en los que Venezuela ha perdido en las instancias de arbitraje internacional por violación de derechos de los inversionistas y eso parte del embargo que se intenta con Citgo, agregó.
Indica, como del anterior saldo, más de la mitad se corresponde a los bonos emitidos por la República y PDVSA, que suman un monto por el orden de 95.000 millones de dólares, y sobre esa cantidad justamente existía la expectativa entre los tenedoers de títulos que los comicios señalaran un equipo gubernamental con el cual tener negociaciones formales
Los inversionistas están hasta la coronilla con Venezuela y esperaban que con las elecciones hubiera un gobierno legítimo y con reconocimiento internacional, fuera el de Nicolás Maduro o cualquier otro, para poderse sentar a negociar una reestructuración de la deuda, la cual va a requerir un acuerdo con el FMI, dijo García Osio durante un foro organización por Analítica. No habrá acuerdo con el Fondo Monetario porque no se reconoce a Maduro y posiblemente los inversionistas o tenedores de bonos seguirán sin poder hacer negocios con el gobierno; y la consecuencia será que Venezuela quedará más aislada y con una alta vulnerabilidad por los pocos activos están en el exterior, acotó.
Advierte que la acción de los acreedores de deuda, más allá de lo que intentan con Citgo, puede afectar embarcaciones de PDVSA o dinero que tiene la propia empresa estatal o el Banco Central de Venezuela en instituciones financieras en el exterior.
Petroguía
