A la hora de analizar y enjuiciar las acciones asumidas por el Ministerio Público, contra los detenidos durante las manifestaciones de protesta ocurridas luego de los comicios presidenciales, se tropieza con dos dificultades principales: la primera es la falta de información oficial completa sobre las detenciones producidas y, la segunda, el gran número de detenciones ocurridas, las cuales por primera vez exceden en número en las noticias oficiales, que en las reportadas por las organizaciones de DDHH involucradas en la materia. Mientras el gobierno reporta más de dos mil detenidos, las organizaciones de DDHH señalan alrededor de unas mil 500 detenciones. Suponemos que la diferencia se genera porque la acción represiva del gobierno ha sido muy rápida, lo que ha dejado rezagadas las denuncias hechas por los familiares y amigos de las víctimas. Suponemos que llegará un momento en que las cifras se emparejen y coincidan.
La información dada por el gobierno es muy general, limitada, sesgada y rimbombante, y apunta a que todos los detenidos serán acusados de terrorismo, traición a la patria, instigación al odio y asociación para delinquir. Pareciera que las imputaciones hubieran sido reproducidas no sabemos cuántas decenas o centenas de veces, para facilitar o dirigir las acciones de los fiscales, quienes ni siquiera tendrían que efectuar investigaciones ningunas, pues ya el trabajo parece haber sido hecho por sus superiores. Además, expresan inmediatamente que esta vez no habrá perdón (no sabemos cuándo lo hubo), lo cual deja sentir una actitud persecutoria inhumana contra unas personas, que en principio son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y no es nada más que son inocentes, sino que deben ser tratadas como tales y no como delincuentes, que es como se las está ilegalmente tratando.
Hay muchas cosas que se pudieran decir de la conducta gubernamental, pero sólo nos referiremos a las más importantes. Protestar contra la actuación del CNE y de su Presidente, denunciar las acciones ventajistas electorales del Ejecutivo, criticar la sentencia de la Sala Electoral del TSJ, no constituyen ningún delito. Es un derecho de todos los ciudadanos a opinar libremente. Manifestar pacíficamente en las calles pidiendo la publicación de los escrutinios electorales tampoco es un delito; es un derecho constitucional. De tal manera, que nadie puede ir preso por desplegar cualquiera de estas acciones. Haber votado por González Urrutia y ser fanático de María Corina Machado, puede ser un grave error o una insensatez, pero no es de ninguna manera un acto delictivo, ni puede ser calificado de traición a la patria. Como tampoco lo es haber votado por Nicolás Maduro o por cualquier otro candidato.
El terrorismo es un delito grave (más grave cuando es el Estado quien lo aplica), en el cual existe una clara intencionalidad de crear o promover un estado de zozobra o pánico colectivo en toda la población o en un sector de ésta, poniendo en peligro la integridad de las personas, sus vidas o sus bienes. Tiene implicaciones políticas, pues intenta obligar al gobierno o a alguna organización, gubernamental o no, a actuar de determinada manera. El vandalismo, en cambio, es la destrucción de bienes públicos o privados o la realización de acciones contra la fuerza pública, que expresa frustración, rabia o deseos de venganza o en otros casos busca simplemente la emoción de la aventura y el reconocimiento por el arrojo y la temeridad desplegadas. No tiene la intención de aterrorizar. Es un delito de mucho menor grado que el del terrorismo y, a pesar de que en algunos casos haya una línea muy delgada entre ambos, no debe intercambiarse con éste en una acusación penal.
Las acusaciones señaladas, que no podemos saber si han sido extendidas a todos los detenidos, pues el gobierno no ha informado cabalmente sobre ello, no parecieran corresponder a la mayoría de las personas detenidas, sino a lo sumo a unos pocos. Me es imposible ver a madres jóvenes, alejadas de sus hijos por el cautiverio, ni a jóvenes adolescentes y mucho menos a personas discapacitadas, como terroristas, ni como traidores a la patria, ni enfermas por el odio y miembros de bandas delictivas. En este momento, en que el gobierno llama a la tranquilidad de la población, sería una contribución vital a esa tranquilidad una decisión sensata que ponga claramente las cosas en su sitio.