No es solo el apagón eléctrico, debido a la falta de mantenimiento, equipos obsoletos, éxodo de profesionales calificados, falta de inversión y robadera de los altos funcionarios que han estado a la cabeza del Sistema Nacional Eléctrico. Hay ahora un apagón político, informativo y moral. Las causas son las mismas: una dirigencia burocrática militar que solo le interesa mantenerse en el poder y continuar con sus negocios y corruptelas. Se ha anulado la Constitución y existe un régimen de facto. Una documentación fundamental que tendrán los historiadores del futuro acerca de esta época nefasta, es el “Libro Negro” (el título completo es “Crisis postelectoral y de Derechos Humanos en Venezuela 2024”), un nutrido resumen de la violación de TODOS los derechos humanos durante un período, alrededor de las elecciones del 28 de julio de 2024.
Los tres lemas de los defensores de Derechos Humanos son documentar, denunciar y divulgar. Desgraciadamente, comentan los autores del “Libro Negro” (que se agrupan en la ONG “Derechos Humanos en Movimiento”), en Venezuela hacer cualquiera de esas tres cosas implica un riesgo cierto de, por lo menos, desaparición forzada. Esto lo ilustra, por todos los casos de abogados, periodistas o activistas de Derechos Humanos, un caso ejemplar: el de Rocío San Miguel. Ella, abogada, defensora de Derechos Humanos, comenzó a ser perseguida desde tiempos de Chávez, cuando la lista de Tascón sirvió para saciar a los verdugos que ya anidaban en el poder, y ella fue despedida arbitrariamente de la Comisión de Fronteras. Luego, fundó la ONG “Control Ciudadano” que monitoreaba asuntos de seguridad nacional y defensa. Los actos de persecución en contra de Rocío San Miguel y su núcleo familiar aumentaron a raíz de su activismo, y por ello la Coste Interamenricada de DDHH dictó varias medidas provisionales a favor de ella. Fue detenida (desaparición forzada) el 9 de febrero de 2024 y se le acusó por estar presuntamente vinculada a una operación “Brazalete Blanco” que, según el Fiscal Farik Karin Mora Salcedo, tenía como objetivo, entre otras cosas, asesinar a Nicolás Maduro y a Freddy Bernal. La única prueba que se informó fue que ella tenía en su celular el numero del capitán Ángelo Heredia. También las “autoridades” detuvieron a su hija Miranda, a dos de sus hermanos, al padre de su hija y a su exesposo. Se le acusó (sin disponer de defensa privada) de “traición a la Patria, Conspiración, Tderrorismo, asociación para delinquir”, esa ristra de acusaciones que luego se repetirá (con el agregado de “instigación al odio”) a los miles de detenidos que vendrían después.
La información que brinda este “Libro Negro” detalla algunos casos “emblemáticos”, pero da también estadísticas, porque narrar cada episodio de esta serie de terror implicaría hacer varios tomos. Los números dan idea de las dimensiones del fenómeno, pero al leer tantos, se puede perder cierta sensibilidad, porque hay seres humanos afectados. En todo caso, y a raíz de la decretada “Furia Bolivariana” por parte de Maduro, en enero, se produjeron 592 incidentes de persecución, acoso y violencia por parte de los funcionarios de “seguridad del Estado”. Los patrones de estas agresiones fueron los siguientes: estigmatización (388 situaciones), Intimidación y hostigamiento (124 situaciones), Amenaza (68 situaciones), Judicialización (3 situaciones), Ataques digitales (3 situaciones), Detenciones arbitrarias (2 situaciones) y Otros (2 situaciones. 67% de los ataques fueron contra organizaciones de derechos humanos, mientras que 33% de los ataques fueron contra personas defensoras de derechos humanos.
Otro dato interesante es que, en el proceso electoral se detuvieron 25 personas por difundir información, de los cuales cuatro periodistas siguen detenidos: Gabriel González, detenido el 17 de junio, en Caracas; Luis López, detenido el 14 de junio en La Guaira; Carlos Julio Rojas, detenido el 15 de abril en Caracas. Previamente había sido detenido Ramón Centeno, aprehendido el 2 de febrero de 2021 en Caracas). También ha habido restricciones a las redes sociales, tales como bloqueos de plataformas o lugares web (561 casos). Aquí el tema de las redes sociales se matiza porque el ventajismo oficial el que se manifestó cuando los organismos gubernamentales intentaron copar los mensajes digitales con propaganda electoral, cosa que constituye delito (peculado de uso y ventajismo). Además, se ha registrado una tendencia sistemática de intentos de control de redes como X, y el anuncio de una ley específica para controlar ese medio de comunicación.
No han faltado las ejecuciones extrajudiciales de motivación política (2 casos). En los primeros siete meses del año 2024, se produjeron 169 detenciones arbitrarias. Los perfiles de las personas detenidas son, en su mayoría, ciudadanos que suministraron bienes y servicios a la campaña de Edmundo González Urrutia. Un total de 49 personas (28,9% del total) fueron privadas de libertad por esta razón; 12 antes de 4 de julio y 37 personas durante la realización formal de la campaña electoral. También destacan los 5 dirigentes sindicales y 8 familiares de líderes políticos y sociales. Entre los organismos que se han especializado en este tipo de abuso está la Policía Nacional Bolivariana, SEBIN, GNB, DGCIM, policías estatales, DIE, entre otros.
Antes del 28 de julio ocurrieron por lo menos 104 actos de hostigamiento contra líderes y activistas políticos. 41 situaciones (39,4%) sucedieron antes del inicio formal de la 1920 campaña electoral, mientras que 63 (60,6%) ocurrieron entre el 4 y el 27 de julio. Hubo más de 20 casos de obstrucciones de vía pública para impedir el flujo de personas a actividades de la campaña opositora. 27 cierres de establecimientos comerciales que prestaron servicios a esa misma actividad electoral legal. 17 casos de retención de bienes.
Otro derecho que se ha violado es el del asilo, en el caso de los 6 dirigentes políticos, refugiados en la Embajada de Argentina, a quienes se les ha negado el salvoconducto. Este caso viola varias convenciones internacionales, firmadas por el Estado venezolano: la Convención sorbe Asilo Diplomático (llamada “de Caracas”, por cierto), la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (también conocida como “Convención de Ginebra”), el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1962 y varias determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya sabemos el uso higiénico anal que el gobierno hace de los convenios internacionales, pero solo hay que recordar que tienen status constitucional.
El día de las elecciones, se registraron los siguientes incidentes “curiosos”: en el 33,3% de los centros hubo uso de recursos públicos para el transporte de los electores. Sobre incidentes, en 14,1% de los centros hubo coacción para seleccionar el candidato oficialista. en el 44,2% de los centros electorales se permitió la presencia de testigos durante el acto de escrutinio, por lo que en el 55,8% de los centros se negó su presencia. Sobre los argumentos esgrimidos para impedir la presencia de personas en esta etapa del proceso electoral se encontró que en 35,9% se alegó la falta de espacio. No obstante. en el 29,5% de los casos no hubo explicación por parte de los coordinadores del centro electoral y en 24,4% por los funcionarios del Plan República. En el 10,3% restante se debió a otros motivos. Respecto a la entrega de las actas de escrutinio, sólo fueron entregadas a quienes las solicitaron en el 69,5% de los centros electorales, mientras que en el 30,5% se negaron a facilitar las copias. El 36,2% de las ocasiones fue una decisión que se tomó sin explicación de motivos; en el 23,4% el coordinador o un miembro de mesa fue quien tomó la decisión; el 12,8% fue porque efectivos del Plan República no lo permitieron, y en un 8,5% fue porque el presidente de la mesa dijo que no había material suficiente. Un 12,8% de los casos no pudo ser observado, y un 6,4% reportó otros motivos. Luego del acto de escrutinio el siguiente proceso de verificación, con participación ciudadana, es comprobar que no exista diferencia entre lo que refleja el acta emitida por la máquina y los comprobantes de votos que la máquina entrega a cada votante y que se depositan en la caja de resguardo. El 54,3% reportó que pudo participar en este proceso mientras que en el 45,7% afirmó que no pudo hacerlo. Sobre los argumentos para no aprobarlo, el 31,7% reportó que fue por insuficiencia de espacio físico; el 27% porque el presidente de mesa no lo permitió, el 25,4% porque el Plan República lo impidió, y un 15,9% reportó otros motivos. Entre otros incidentes reportados, hubo casos de presiones, amedrentamiento, cierres del centro antes de que votaran los que estaban en la cola, etc.
Hubo 20 situaciones lesivas al derecho de libertad de expresión e información durante la jornada electoral del 28-J. Se produjeron 86 actuaciones de grupos de personas motorizadas (conocidas como “Colectivos”), con frecuencia armadas, que actuaron con el objetivo de atemorizar a las personas que deseaban ejercer su derecho al sufragio o que deseaban permanecer en los alrededores de los centros de votación. En 6 actuaciones dejaron personas heridas de bala y, en 1, una persona fallecida. Las actuaciones ocurrieron en 17 estados del país, lo que sugiere tanto un nivel de coordinación como de tolerancia por parte de las autoridades.
Son muchos más datos con los que cuales se documenta la situación de los Derechos Humanos previo y posteriormente a las elecciones del 28 de julio. Como diría un periodista digno “los acontecimientos están en pleno desarrollo”. De todos modos, pueden llegarse a algunas conclusiones preliminares. Citando al informe del Panel de Expertos de la ONU: El período preelectoral estuvo marcado por continuas restricciones al espacio cívico y político. La campaña del gobierno dominó los medios de comunicación estatales, con acceso muy limitado para los candidatos de la oposición. Por otra parte, los 86 casos de ataques de personas armadas, no pueden caracterizar al proceso como plenamente pacífico. Tampoco los abusos, bloqueos de medios, de vías, cierres de establecimientos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Las detenciones masivas de adolescentes (más de mil, según fuentes oficiales), acusados todos con la misma retahíla de acusaciones absurdas (terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir, traición a la Patria), muestran un claro patrón represivo. El 21.7% de los artículos de la Constitución, relativos a derechos fundamentales, han sido derogados por la vía de los hechos. En Venezuela los diferentes poderes actúan de facto, aplicando un estado de excepción sin anuncio. Por supuesto, todo esto tuvo su clímax con los eventos ocurridos entre el mismo 28 y el 30 julio, cuando, definitivamente, se violó el artículo 5 de la Constitución y, de facto, tenemos este gobierno.
