Todos los opinadores políticos (los que presentan por radio y televisión) coinciden en la necesidad de abrir un nuevo ciclo de diálogos entre el gobierno y la oposición para buscar una salida al gravísimo problema creado por el CNE al falsear los resultados de la elección presidencial del 28 de julio. Preguntémonos por qué y para qué emprender un nuevo diálogo si sabemos hasta el cansancio que el régimen lo utiliza para ganar tiempo, para darle larga a los problemas y esperar que bajen las aguas para cruzar el río en relente. El diálogo ha sido el arma principal del régimen en su guerra de atrición o desgate contra la oposición. Veamos su historia:
Lo inició Chávez en 2001 cuando comenzó el conflicto con los empresarios por las leyes habilitantes que se imponían sin consulta (143 leyes se dictaron ejecutivamente bajo el amparo de la Ley Habilitante); lo continuó en 2002 bajo el auspicio de César Gaviria, secretario general de la OEA, después del Carmonazo (reflujo golpista derivado del punto anterior); lo reanudó Maduro en 2014 en el marco de la Conferencia Nacional por la Paz, creada a raíz de los disturbios populares de ese año; lo retomó otra vez en 2016 por mediación del Vaticano y Unasur tras la suspensión del referendo revocatorio; lo recomenzó en 2017 en República Dominicana, Noruega y Barbados tras las nuevas revueltas populares y lo finalizó en México entre 2021 y 2023. De ese largo proceso (25 años) de negociaciones lo único favorable que logró la oposición fue el Acuerdo de Barbados para encausar la elección de 2024 por vías mínimas de legalidad y rectitud. Maduro lo cumplió a medias y el CNE lo tiró por la borda.
Ante de las elecciones todas las encuestas de opinión creíbles daban ganador a Edmundo González Urrutia por un amplio margen. Maduro lo sabía y aun así mantuvo su postulación para un tercer período presidencial, lo que revela que estaba dispuesto a todo como lo demostró perpetrando el mayor desafuero de su larga y fatídica gestión: el desconocimiento y la adulteración de los resultados electorales del 28 de julio, acto que quizás ni el propio Chávez lo hubiera realizado.
Ante ese hecho, respaldado con la máxima represión posible, ¿cuáles son las alternativas y cuáles los puntos a debatir?
1. ¿Que Maduro se quede ilegalmente en el poder a cambio de un conjunto de concesiones acordadas a la oposición?
2. ¿Que el régimen admita que hubo un “error” en el conteo de los votos por parte del CNE y reconozca a Edmundo González como presidente?
3. ¿Que en consideración al desbarajuste ocasionado por el tremendo “hackeo” contra el sistema electoral se repitan las elecciones con un CNE reformado, nuevos candidatos y renovadas promesas de respeto y acato al proceso?
4. ¿Que se configure un gobierno de unidad de corta duración (unos dos años), integrado por ambas partes, que permita la transición hacia un nuevo orden político más eficiente y más democrático?
Las alternativas 2, 3 y 4 serían rechazadas de plano por Maduro en su inquebrantable obsesión de poder. No aceptaría nada de eso sin el empleo de una fuerza mayor a la suya propia que solo podría venir de la Fuerza Armada Nacional (FAN) si ésta fuese fiel a su deber de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes de la nación. La oposición, por su parte, no admitiría ninguna otra solución que no fuera la 2, y en última instancia la 4, porque no puede, por ninguna razón, ceder la soberanía popular que le fue confiada por la inmensa mayoría de los venezolanos.
Ante esta realidad y sin el concurso de un hecho extraordinario que aún no se vislumbra, ningún diálogo podrá producir una solución aceptable para el país que quiere y votó por un cambio político. En definitiva, estamos en una situación que hace prever que la tragedia venezolana se prolongará por tiempo indefinido.
