Todo lo ocurrido en Venezuela en torno al fraudulento y represivo acto electoral del 28 de julio es gravísimo. Y si bien ha venido recibiendo alguna atención del mundo, la supervivencia política de Nicolás Maduro indicaría que ese empuje democrático ha sido insuficiente. Porque, además, el régimen ha pasado, con impunidad, a una fase más dura de persecución y represión contra la oposición política y el periodismo independiente.
Siendo así las cosas, no hay duda de que la imagen “democrática” de Maduro y su régimen queda seriamente afectada. Particularmente en cuanto algo crucial como su legitimidad -y legalidad- democrática. Mientras, el mundo observa, alucinado, como el autócrata consolida su condición de tal. Luego de cambiar la fecha de la Navidad, la gente aguarda con ansias y se pregunta: ¿Qué hará después? ¿Cambiar la noche por el día? ¿El número de meses? Todo podría ocurrir dada la impunidad de la que Maduro ha venido beneficiándose, contra viento y marea.
Pero hay un asunto que resulta ser, en realidad, la otra cara del autoritarismo “madurista” que es la corrupción. Considerando el seguimiento hecho por organizaciones independientes como Transparencia Internacional a los serios “pecados” contra los valores y derechos democráticos se suma una corrupción muy grande y continuada. Que en los anales de la historia de la corrupción en América Latina probablemente pasaría a ocupar un espacio y lugar preferente y particularmente voluminoso.
Dada la escasez de información de las fuentes oficiales nada más justo y pertinente que tomar en cuenta la información e investigaciones hechas por Transparencia Internacional en Venezuela, que viene llevándolas a cabo desde el 2018.
Así, se ha detectado, por ejemplo, que hasta marzo de 2023, habría al menos 220 casos de desfalco al patrimonio público venezolano anunciados por órganos de sistemas de justicia. Si bien la magnitud total de casos y del dinero sustraído puede ser mayor que los denunciados, lo ya conocido (61% de las causas registradas) asciende a montos espectaculares: siete veces las reservas internacionales de Venezuela, estimadas en 9.532 millones para marzo de 2023, de acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela.
La cantidad de dinero comprometida ascendería a 68.311 millones, cifra que podría ser una suerte de récord mundial en la sustracción de recursos públicos a través de la corrupción. De acuerdo con el registro y sistematización de esos casos, la mayor parte de ellos tendrían un carácter esencialmente “trasnacional”. De acuerdo con lo identificado por Transparencia Internacional a partir de las causas abiertas, “…hasta ahora, al menos 146 de estas causas se procesan en los sistemas de justicia de 26 terceros países y 74 en Venezuela”.
Sobre estos casos investigados en Venezuela, no hay información oficial del estatus de las averiguaciones, ni certeza de los montos públicos comprometidos. Ha trascendido, sin embargo, que, según Transparencia Internacional, en la mayoría de las causas están sindicadas personas “que adversan al Gobierno, que han estado en sus filas, pero son tratados como traidores o que han colaborado con los sistemas de justicia de otros países”. Mucho, pan, pues por rebanar.
Como anota con precisión Transparencia “informes internacionales han evidenciado la relación e impacto de la corrupción en la garantía de Derechos Humanos, en sectores como la salud, alimentación, educación, calidad de los servicios públicos como el agua potable, la electricidad, así como en las oportunidades de desarrollo, la superación de la pobreza y la desigualdad”. Asuntos críticos, pues, sobre los cuáles están llamados a actuar protagónicamente órganos de protección como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Cuando la corrupción es grande y de “alto nivel”, como en este caso, eso tiene consecuencias y repercusiones en la vida de las personas. No sólo en los grandes balances de las cuentas nacionales. Siniestra paradoja que en una situación como la de un país con enormes riquezas como Venezuela, la creciente corrupción -y enriquecimiento- de unos pocos impacta directamente en la vida -y el acelerado empobrecimiento- no de unas cuantas personas sino de millones.
A partir de ello, se impulsa el más grande proceso de migración latinoamericano de la historia: por la cantidad de personas que emigró y por su repercusión, básicamente en América Latina y en países como Colombia y Perú. Con más de 8 millones de venezolanos/nas ahora desplazados/refugiados en América Latina, como lo ha destacado Transparencia Internacional, se “ha originado la migración más grande en la región y una de las más elevadas en el mundo.”
Es cierto que al inicio de 2023 el Gobierno venezolano junto al Ministerio Público impulsó la llamada “cruzada” contra la corrupción. Fue más el ruido que las nueces. Tocó a algunos pocos funcionarios de alto nivel. Pero al haber sido más superficial y “puntual” que de fondo, muchos han interpretado que las acciones llevadas a cabo eran, más que todo, un paso orientado a una suerte de “purga interna”, y no tanto una investigación en serio y en profundidad.
En cualquier caso, lo que es evidente es que la regla prevaleciente es la falta de transparencia. Fue así en el reciente proceso electoral y el papel de la oscura y parcializada autoridad electoral. Y lo fue también en el proceso de la llamada “cruzada” con la escasa -o nula- información que se conoció después sobre las causas y los montos saqueados.
