Los obstáculos y dificultades enfrentadas durante el proceso que condujo a las elecciones primarias en 2023 y presidenciales del pasado 28 de julio, han permitido constatar tanto los bajos índices democráticos que destaca el Instituto V-Dem sobre Venezuela, como los avances en la consolidación de un sistema autocrático, orientado a controlar la disidencia amparado en la retórica de la lucha antiimperialista.
La falta de autonomía de los Poderes Públicos, el irrespeto a las libertades civiles, las desigualdades que niegan el pleno ejercicio de los derechos y limitan la participación política de los ciudadanos, ha asumido distintas expresiones en Instituciones como el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, la Fiscalía General de la República, entre otras.
De ello da cuenta la negación a reconocer los comicios organizados por la Comisión Nacional de las Primarias, el irrespeto a la soberanía popular expresada por los venezolanos en las elecciones del 28J, la criminalización de la protesta social y el despliegue de técnicas violatorias de derechos humanos, incluyendo presiones, acusaciones e intimidación contra el candidato presidencial de la Mesa de la Unidad Democrática, forzado a salir del país, así como las amenazas y detención de otros líderes de la oposición, que han sido condenadas como prácticas de terrorismo de Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La negación de parte del CNE a publicar la totalidad de las actas de escrutinio, según lo exige la ley, que permitiría sustentar la declaración de victoria oficial ofrecida por el ente electoral, ha sido cuestionada por un grupo de 49 países, quienes junto a la ONU y Unión Europea firmaron una declaración exigiendo se publique el resultado detallado de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que permita una “verificación imparcial”, y el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Esta crisis política que ha trascendido nuestras fronteras y se convierte en exigencia de la comunidad internacional, nos convoca e interpela. Ella nos exige luchar contra la arbitrariedad e impunidad facilitada por la cooptación de los poderes públicos, que socava la democracia y atenta contra el Estado de derecho; y paralelamente en tiempos de post-verdad, desmontar las narrativas de la política-espectáculo, noticias falsas y desinformación, además de la propaganda automatizada, acoso cibernético, criminalización del discurso en línea y mecanismos de vigilancia y control de la disidencia.
Exige reconocer que, a la tradicional dicotomía presente en el discurso público en Venezuela, entre un Otro explotador: oligarquía nacional o extranjera y un nosotros: pueblo oprimido, se agregan las representaciones polarizadas: nosotros-ellos en el actual contexto; antagonismo que considera al Otro como enemigo, no adversario político. Adicionalmente, en este contexto, donde la alteridad se vive como amenaza, se construye un “enemigo interno” como política de Estado, bajo la “Doctrina de Seguridad Nacional” y la puesta en marcha de un andamiaje jurídico y fáctico, mediante el cual se crea un ambiente hostil y adverso al trabajo de defensa de los derechos humanos en el que se identifica a toda persona que exija derechos como enemigo del Estado, siendo sometido a censura, redes de vigilancia, estigmatización, deslegitimación de su rol y aplicación de leyes restrictivas, acciones judiciales, agresiones y ataques en la esfera digital y material.
Este clamor y exigencia mundial en el contexto post-electoral, en medio de la crisis humanitaria y conflictividad venezolana de las últimas décadas, nos conduce a interrogarnos sobre la relación entre Estado del disimulo y Viveza criolla, males nacionales sobre los que alertaron Cabrujas, Picón Salas, Uslar Pietri, entre otros. Pensamiento y comportamiento social anclado culturalmente, afianzado en las enormes riquezas nacionales, reproducido al infinito por distintos proyectos de orden político-partidistas, por dictaduras y democracias.
No se trata acá de detallar las formas tradicionales de simulación estatal, impunidad, corrupción y viveza criolla, perfeccionadas en estructuras políticas, económicas, sociales, jurídicas, institucionales, durante el siglo veinte, ni su expresión durante el llamado socialismo del siglo XXI, ejecutadas con la complicidad de funcionarios, ciudadanos, distintos grupos lícitos e ilícitos, nacionales y extranjeros.
Se trata, sobre todo de reivindicar la vida en común, la dignidad de la política, nuestra responsabilidad pública y ciudadana: “votar es condición apenas necesaria no suficiente para existir en democracia”, llamados formulados por Luis Castro Leiva, en el Discurso de orden pronunciado el 23 de enero de 1998 ante el Congreso de la República de Venezuela.
La masiva participación electoral, la lucha democrática de distintos y plurales sectores nacionales dentro y fuera del país, se hace eco de este llamado y hoy nos ofrece una importante lección. La verdad de las actas, aparece anclada a la defensa de la soberanía y voluntad popular, no reducida a la manipulación, la subordinación ideológica o al clientelismo político.
La ciudadanía enfrentará ahora y durante un largo período, los enormes desafíos que plantean las transiciones democráticas en un régimen autocrático. Frente a la disolución del orden constitucional y la desintegración del funcionamiento del Estado de derecho, los esfuerzos de distintos sectores en Venezuela estarán dirigidos a evaluar los factores críticos y generar propuestas de abordaje desde múltiples perspectivas, la experiencia internacional y los vaivenes tanto de la historia económica, política y social del país, como de la geopolítica mundial.
Entre los ejes críticos de este proceso destacan: las estrategias y mecanismos de mediación y negociación requeridos en cuenta del fracaso de iniciativas previas; las posibilidades de procesos electorales libres, competitivos y transparentes; los problemas de seguridad interna, desplazados, narcotráfico y crimen organizado; el rol del sector privado, sectores militares, medios de comunicación, partidos políticos, sectores religiosos, académicos, gremios, sindicatos, organizaciones no gubernamentales; el papel jugado por los actores multilaterales; las dificultades económicas y sociales; la economía petrolera en un modelo post-rentista; las tareas de reinstitucionalización; la lucha contra la impunidad, proceso de reparación integral a las víctimas y respeto a los derechos humanos.
Instituto de Psicología – Universidad central de Venezuela
