La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) su más reciente informe, en el que confirmó la detención de 158 niños en el marco de las protestas contra el fraude electoral de Nicolás Maduro.
Marta Valiñas, presidenta de esta Misión que fue establecida en 2019 y que tiene el mandato de investigar las violaciones graves de derechos humanos como desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles cometidos desde 2014 en el país latinoamericano, indicó que 158 niños fueron detenidos e imputados por terrorismo e incitación al odio.
En el período que va desde el 1 septiembre de 2023 hasta agosto de este año, se produjo un agravamiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela. La maquinaria represiva del Estado continúa provocando violaciones a los derechos humanos y el riesgo de una desintegración del Estado de Derecho en Venezuela es muy alto, sostuvo Valiñas.
Y siguió: La represión y persecución política ha ido en aumento. Constatamos 25 muertos en las protestas postelectorales y varias personas fueron víctimas de desaparición forzada, tratos crueles, violentos y degradantes, torturas y violencia sexual. Las violaciones que se han documentado solo representan una muestra de un universo mucho más amplio.
Luego subrayó que estas violaciones son el resultado de un plan diseñado para silenciar a la oposición política de Maduro y que algunas de ellas representan crímenes de lesa humanidad.
En su informe, la Misión de la ONU documentó cientos de detenciones arbitrarias y decenas de casos de desaparición forzada. Continuaron los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Misión identificó una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia, como puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma y descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación forzada del sueño, enumeró la experta.
Además, denunció actos de violencia sexual y basada en género, normalmente en centros de detención, que se incrementaron tras la crisis postelectoral, entre ellos manoseos de senos, glúteos y genitales, desnudez forzada y requisas invasivas, amenazas e insultos sexistas y denegación de derechos sexuales y reproductivos contra algunas de las más de 200 mujeres y niñas detenidas.
El informe también indicó que ya en el periodo previo a los comicios, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas bajo el argumento de lo que el régimen describió como conspiraciones en su contra y se emitieron órdenes de arresto para otras personas, entre las que se incluyen personal militar, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.
Solo durante el mes de julio, la misión documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de eventos de campaña de la oposición. En la primera semana de protestas posteriores a las elecciones, según cifras de las propias autoridades, más de 2.000 personas fueron detenidas. Entre ellas había niños, algunos con discapacidades, que fueron acusados de terrorismo e incitación al odio, insistió.
Estas detenciones implicaron y fueron seguidas por graves violaciones del debido proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país, mientras que los procedimientos penales iniciados contra los detenidos violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso, concluyó el informe.
Informe ONU
– El informe, junto con el documento de sesión que lo acompaña y que será publicado en las próximas semanas, abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024. Durante el último año y en particular a partir de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, se ha producido un agravamiento de la situación de los derechos humanos. La misión es consciente de que este informe tiene especial significado por las circunstancias políticas y de derechos humanos que se viven actualmente en Venezuela. La maquinaria represiva del Estado venezolano continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos y delitos. Las víctimas y la población en general se encuentran desamparadas ante el ejercicio arbitrario del poder, en un contexto en que está desapareciendo la mínima apariencia de la legalidad en la actuación de las autoridades.
– El riesgo de una desintegración del Estado de derecho en Venezuela es muy alto. Desde el 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria del presidente Maduro en las elecciones presidenciales, sin mostrar evidencias al respecto, la represión y la persecución política han ido en aumento. Según las investigaciones de la misión, 25 personas resultaron muertas en las protestas postelectorales, un número muy alto de personas fueron detenidas, incluidos niños y niñas y personas con discapacidad, y varias personas fueron víctimas de desaparición forzada de corta duración. Hemos recibido alegaciones y hemos podido documentar casos de personas sometidas a torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes, así como actos de violencia sexual y basada en género.
– Tras las elecciones presidenciales, la misión tuvo que ajustar su plan de investigación para poder traer a la atención de este Consejo los resultados preliminares de sus investigaciones sobre los hechos cometidos después del 28 de julio. Las violaciones que se han documentado e investigado en este informe sólo representan una muestra de un universo mucho más amplio y no pueden entenderse solamente como el producto de la crisis postelectoral. Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión, un plan para desalentar, silenciar y anular la oposición política y las voces críticas al gobierno del presidente Maduro o a quienes reclaman transparencia en los resultados electorales. En este contexto la misión llegó a la conclusión de que algunas de las graves violaciones de derechos humanos investigados durante este periodo representan una continuación de la misma línea de conducta que fue caracterizada por la misión en informes anteriores como crímenes de lesa humanidad. La misión entiende que algunas de las violaciones documentadas durante todo el marco temporal de su mandato, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, así como otras violaciones con extras de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de asociación y reunión y la libertad de expresión, consideradas en su conjunto, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos.
– En marzo, durante nuestra actualización oral ante este consejo, la misión recordó que la estructura represiva del Estado no se había desmantelado y que continuaba representando una amenaza latente que podía activarse cuando el gobierno lo estimara necesario. Los numerosos eventos registrados durante el periodo anterior a las elecciones presidenciales confirmaron que nos encontrábamos durante una fase de reactivación de esta maquinaria represiva.
– Durante el periodo que comprende el informe, continuó la represión política selectiva de personas opositoras o percibidas como tablas. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas, 39 hombres y 9 mujeres, entre civiles y militares, fueron detenidas en relación con lo que las autoridades consideraron como conspiraciones para desestabilizar el país, derrocar al gobierno o atentar contra la vida del presidente u otras altas autoridades. Esto equivale al menos a tres detenciones cada semana, todas las semanas durante cuatro meses.
– La misión investigó casos emblemáticos de detenciones arbitrarias de reconocidas personalidades como la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y sus familiares. También investigó la persecución política contra la oposición, especialmente contra militantes y líderes y lideresas nacionales y regionales de Vente Venezuela. Cinco miembros de esta organización política, con órdenes de aprehensión desde marzo de 2024, junto con otra persona cercana a esta agrupación opositora, se resguardaron en la residencia del embajador de Argentina en Caracas y se les concedió asilo. Después de la expulsión de la representación diplomática de ese país, Brasil se encargó de la custodia de la residencia con los asilados en ella. Sin embargo, el 7 de septiembre el Gobierno venezolano decidió revocar el beneplácito otorgado a Brasil para custodiar las instalaciones diplomáticas de Argentina.
– Además, durante la campaña electoral entre el 24 y el 25 de julio, la misión llegó a documentar hasta 121 detenciones de personas que fueron detenidas simplemente por haber prestado algún servicio en los actos de campaña de la oposición. Muchas de las detenciones investigadas por la misión durante el periodo anterior a las elecciones fueron arbitrarias y, en ocasiones, fueron seguidas de actos de tortura y de desapariciones forzadas de corta duración. Estas violaciones son la expresión más violenta de los innumerables obstáculos a la legítima acción política de la oposición. Esta situación crítica de derechos humanos alcanzó un nivel sin precedentes en los últimos años tras el anuncio de los resultados electorales en la madrugada del 29 de julio. Ya antes de las elecciones, el presidente Maduro y otras autoridades habían advertido sobre la posibilidad de un estallido de violencia si no lograban la victoria electoral. La ola de protesta ciudadana que siguió al anuncio fue reprimida con una dureza y violencia inusitadas. Según fuentes de organizaciones de la sociedad civil, entre el 29 y el 31 de julio se registraron 915 protestas en todo el país. La misión investigó de manera preliminar y confirmó la muerte violenta de 25 personas en el contexto de concentraciones o protestas ciudadanas. 24 de ellas murieron por disparos de arma de fuego. La mayoría eran hombres jóvenes de barrios populares de menos de 30 años. La misión no tiene aún evidencia suficiente para atribuir autoría por estas muertes, pero en varios de estos casos la misión alcanzó a documentar la presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana o de la Policía Nacional Bolivariana haciendo uso de sus armas de fuego para reprimir las protestas. Estos cuerpos de seguridad en ocasiones estaban acompañados de grupos de civiles armados que también disparaban armas de fuego contra manifestantes.
– Las detenciones en este periodo alcanzaron cifras no registradas desde 2019. Las mismas autoridades reconocieron la detención de más de 2.200 personas sólo entre el 29 de julio y el 6 de agosto. Aunque continuó la detención de miembros de la oposición política y miembros de la sociedad civil, incluyendo periodistas, la mayoría de las víctimas de detenciones tras las elecciones provenían de barrios populares y fueron identificados por las fuerzas de seguridad tras la obtención de vídeos o fotografías publicadas en redes sociales o por la relación de personas afines al partido de gobierno en respuesta a llamados del propio presidente.
– Estas detenciones fueron masivas e indiscriminadas y se ejecutaron a partir de planes preconcebidos como la amenazante Operación Tun Tun.
– En este último mes y medio, la misión alcanzó a documentar 143 detenciones, incluidos 66 militantes o dirigentes de 7 diferentes partidos de oposición, e inició la investigación de 12 de estas detenciones. Los cuerpos de seguridad entraron en viviendas particulares sin las órdenes judiciales necesarias y detuvieron a las personas ante la desesperación de los familiares. En varios casos investigados por la misión, los funcionarios no conocían ni el nombre de la persona detenida. Las casas de las personas que habían participado en protestas o que eran sospechosas de haberlo hecho fueron marcadas con una X. El presidente Maduro dijo que las personas detenidas debían ser enviadas a campos de trabajo para su reeducación.
– En este contexto, la misión documentó la detención de al menos 158 niños y niñas, 130 niños y 28 niñas, un fenómeno nunca antes registrado con tal alcance. Estas niñas y niños fueron detenidos después de las protestas e imputados por graves delitos como terrorismo e incitación al odio. Pendiente de profundizar en esta investigación, la misión ya ha podido documentar graves violaciones de los estándares internacionales de protección de la niñez. La misión constató que la práctica de las desapariciones forzadas de corta duración no ha cesado. Basada en una interpretación estricta de los estándares internacionales, la misión alcanzó motivos razonables para creer que en 13 casos agentes del Estado llevarán a cabo privaciones de libertad y negaron reconocer la suerte o paradero de las personas detenidas, sustrayéndolas de la protección de la ley. Este número asciende a más de 20 según una interpretación más expansiva de la prohibición de la desaparición forzada.
– En al menos 27 casos posteriores a las elecciones, la misión documentó situaciones que podrían constituir desapariciones forzadas. En estos casos, las personas detenidas no pudieron comunicarse con sus familiares y abogados, las autoridades no reconocieron su detención, las personas no comparecieron en una audiencia de control judicial en el plazo de 48 horas que establece la ley. También continuaron los actos de tortura y tratos crueles sin humanos o degradantes. La misión identificó una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia como puñetazos, golpes con planchas de madera o bates envueltos en espuma y descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación forzada del sueño. La misión continuó registrando actos de violencia sexual y basada en género, normalmente en centros de detención, que se incrementaron tras la crisis post-electoral.
– La misión documentó manoseos de senos, glúteos y genitales, desnudez forzada, requisas invasivas, amenazas e insultos sexistas y denegación de derechos sexuales y reproductivos contra algunas de las más de 200 mujeres y niñas detenidas, así como contra mujeres que visitaban a sus seres queridos en los centros de detención. La misión registró numerosas alegaciones sobre las condiciones críticas de detención en los principales centros donde las autoridades recluyeron a las personas detenidas tras las protestas, como los penales de Tocorón y Tocuyito en el caso de los hombres y la Crisálida para mujeres.
– Tanto antes como después de las elecciones, la misión identificó graves y sistemáticas violaciones al debido proceso de las personas detenidas, tales como detenciones donde no se informaron los motivos ni presentaron orden judicial, retrasos injustificados en la presentación de personas detenidas ante jueces de control, más allá de las 48 horas legalmente establecidas, la imposibilidad de contar con una defensa de elección propia, la celebración de audiencias en horas de la noche sin publicidad y en los mismos centros de detención, o imputaciones desproporcionadas y sin base factual que implican penas de hasta 30 años de prisión.
– Las violaciones anteriormente descritas tuvieron lugar en el marco de un espacio cívico y democrático cada vez más reducido. El pasado 15 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la conocida Ley de ONGs, a pesar de las recomendaciones de lo contrario por parte de la misión, así como de la Oficina del Alto Comisionado y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El texto aprobado es incompatible con normas y estándares internacionales sobre el derecho a la libertad de asociación y restringe aún más la capacidad de actuar libremente a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones defensoras de derechos humanos. La Asamblea Nacional también avanzó en el trámite de aprobación del proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Bajo una definición amplia y ambigua de fascismo y neofascismo, el proyecto criminaliza expresiones legítimas en una sociedad plural.
– La situación en la República Bolivariana de Venezuela, sobre todo a partir del 28 de julio, se ha convertido en una de las crisis de derechos humanos más agudas en la historia reciente del país. Las graves violaciones de derechos humanos y delitos se siguen cometiendo mientras presentamos nuestro informe ante este Consejo. Cientos de personas, incluidos niños y niñas, continúan detenidos en condiciones inaceptables, aumentando su riesgo de ser sometidos a actos de tortura y malos tratos, incluida la violencia sexual o basada en género. La persecución por motivos políticos sigue ocurriendo.
– La comunidad internacional enfrenta una gran responsabilidad para detener esta persecución, para que las violaciones y delitos que se han cometido y que continúan cometiéndose no queden en la impunidad y para dar aliento a las víctimas asegurando que puedan obtener justicia.
Con información infobae.com
