El proceso de la Paz Total, el proyecto central del presidente Gustavo Petro, parece estar haciendo aguas. El mismo presidente dio por terminado el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras el ataque a la base militar de Puerto Jordán, en el departamento de Arauca, que dejó tres muertos y 27 heridos, el 17 de septiembre de 2024.
El Gobierno lo atribuyó al ELN, quien a su vez lo defendió como “legítimo”. Con ello, no solo se suspende el proceso de diálogo y el cese al fuego con este grupo guerrillero, sino que también se aleja la posibilidad de cumplir la promesa de campaña principal, que fue la de buscar sentarse a dialogar con la totalidad de los grupos armados del país bajo el lema de la “Paz Total”.
Se trata de un esfuerzo ambicioso que, desde su inicio, desató varias interrogantes y recibió duras críticas por parte de la oposición. Este cierre de “un proceso de paz con sangre” con el ELN —en palabras del mismo presidente— genera incertidumbre sobre si estas declaraciones podrían afectar también a otros procesos de diálogo con fuerzas irregulares.
En Colombia, siempre ha existido una cierta ambigüedad entre los usos de los conceptos de “suspensión” y “terminación” de los diálogos, debido a las dudas con respecto a la confiabilidad de las manifestaciones de paz por parte del ELN, que parece querer tomar ventaja también de la situación convulsa en Venezuela, después de las elecciones del 28 de julio.
Así, se consuma la ruptura de la negociación con el ELN, que se había concebido como el segundo paso en el camino hacia la paz, y que empezó con el acuerdo con las FARC de 2016, que el presidente había prometido terminar en tres meses después de su toma de posesión.
El mismo formato de los procesos en el marco de la Paz Total puede haber sido un incentivo para la proliferación de actores armados que siguen alimentándose de las economías ilegales, del secuestro extorsivo y de la tributación ilegal para manifestar así su poder local.
Una Paz Total a la deriva
La Ley 2272, también denominada Ley de Paz Total, aprobada en noviembre de 2022, al inicio del Gobierno del presidente Petro, define el marco para negociar de forma simultánea con todos los grupos armados que coexisten en Colombia y que, al mismo tiempo, están en conflicto mutuo, sin importar su origen (insurgente, paramilitar, criminal o ligado al narcotráfico).
Sin embargo, después de la sentencia de la Corte Suprema, sigue faltando a esta ley un marco jurídico formal que debe ser aprobado por el Congreso. Esto ha implicado una mezcla de “anuncios presidenciales, apertura de mesas de diálogo e intentos de negociación”, que destaca el informe de la Fundación Colombiana Paz y Reconciliación (Pares), con el título ¿Plomo es lo que viene? Dos años debalance y retos de la Paz Total.
Aunque, desde el inicio, ha habido varios ceses del fuego, de los cuales solo han sobrevivido dos; se ha dialogado con ocho grupos armados con diferentes dinámicas y marcos legales. Hoy en día, parecen estar en marcha tres diálogos. Estos múltiples esfuerzos tienen muy diferente carácter y carecen de coherencia, lo cual afecta su avance y puede generar bloqueos entre sí.
Por un lado, se encuentran los llamados “diálogos socio-jurídicos”, que tratan el sometimiento de grupos delincuenciales o estructuras de crimen organizado de alto impacto (ECOAI), como el Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Todo ello, en un ambiente de expansión y crecimiento de grupos armados, tanto delincuentes como paramilitares y autodefensas, que parecen aprovechar las negociaciones, como el Estado Mayor Central (EMC) de las FARC-EP, que expande su control territorial en el departamento del Cauca.
Sin embargo, en marzo, el Gobierno suspendió el alto el fuego en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Por otro lado, el Gobierno adelantó negociaciones en una mesa paralela con un frente disidente, Comuneros del Sur, que opera en el departamento de Nariño y se ha independizado del ELN.
Finalmente, está el diálogo aún en ciernes con Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas FARC, comandada por Iván Márquez. La presencia de varios actores violentos en la misma región y su política de alianzas flexibles, que pueden cambiar en poco tiempo, ha conducido a la reaparición del desplazamiento masivo forzado para la población civil.
Desde que Otty Patiño, el principal negociador del Gobierno en las conversaciones de paz con el grupo guerrillero ELN, asumió en noviembre de 2023, como sustituto de Danilo Rueda, la función del Comisionado de Paz, se esperaba una recuperación de la confianza en la política de Paz Total del Gobierno. Pero tampoco Patiño logró avanzar en la negociación del fin de la violencia provocada por los múltiples grupos armados ilegales.
Replantear el proceso y los formatos
Aparte de la falta de coherencia del proceso, se puede mencionar el cambio de enfoque en cuanto a la concepción de la paz: de la paz territorial —que era el enfoque central en el caso de la paz con las FARC—, se ha vuelto a una visión de paz que se centra en los actores violentos, lo cual les atribuye un mayor protagonismo en su búsqueda de reconocimiento como “actores políticos” por parte del Gobierno.
Así, el territorio, sus habitantes y los líderes sociales se quedan al desamparo de un proceso de paz que, en un principio, se había concebido de forma integral. Tampoco ayudó la igualdad de las negociaciones con los grupos políticos armados y con los grupos estrictamente criminales.
Los negociadores tienen la tarea de encontrar un formato adecuado para cada organización, que permita avanzar de forma rápida y sistemática para salvar los restos de la Paz Total, una tarea que no solo atañe a los negociadores nacionales, sino también a la comunidad internacional.
