El presente artículo está dirigido a quienes ejercen la academia o son dirigentes políticos en América Latina que asumen su práctica desde una posición crítica, bajo el paragua denominado progresista o de izquierda, con la finalidad de invitarlos a reflexionar sobre lo que acontece en Venezuela y a solidarizarse con nuestro pueblo.
El 19 de septiembre, del presente año, 2024, se publicó el informe del Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos, Völker Türk, ante la ONU sobre Venezuela (A/hrc/57/57) que comprende el período desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2024.
En dicho informe en sus conclusiones afirma:
“117. Durante el período que abarca el presente informe, y especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el Estado reactivó e intensificó la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión. Como parte de esta represión, las autoridades llevaron a cabo, de forma consciente y planificada, acciones encaminadas a desarticular y desmovilizar la oposición política organizada; a inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas al Gobierno, y a impedir la protesta ciudadana pacífica. La brutalidad de la represión sigue generando un clima de miedo generalizado en la población.
118. La protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho. Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo. En la práctica, muchas de las garantías judiciales perdieron su efectividad, dejando a la ciudadanía en desamparo frente al ejercicio arbitrario del poder.” (A/hrc/57/57)
La pregunta que les sugiero a los académicos o dirigentes políticos latinoamericanos que se autodenominan progresistas o de izquierda para fijar su posición con respecto a Venezuela es la siguiente: ¿Cuáles son las prácticas de los aparatos represivos en Venezuela? La respuesta no ha de buscarse ni en las redes sociales ni en las televisoras, ni siquiera las ONG venezolanas; sino en todos y cada uno de los informes dirigidos por Michelle Bachelet y ahora por el sr. Türk; puesto que son informes de una institución internacional especializadas para el estudio de los casos que difícilmente se les pudiera acusar de tergiversar lo que acontece. Luego preguntarse: ¿cuál es mi posición ética y política frente a los hechos?
¿Qué narra el informe? Citaré algunos ejemplos. En Venezuela se le llama barrios a las zonas donde viven los más pobres, como las favelas en Brasil. Tal como lo señala el informe, el régimen realizó las mismas prácticas que en la Alemania Nazi con los judíos, marcaron las casas de quienes protestaban o criticaban.
“30. En el marco de la operación Tun Tun, numerosas lideresas y líderes de partidos políticos y de la sociedad civil, incluyendo periodistas, fueron hostigados, amenazados o detenidos por los cuerpos de seguridad, y algunos tuvieron que pasar a la clandestinidad o huir del país. Sin embargo, la gran mayoría de las víctimas de la represión fueron personas sin un claro perfil político que simplemente alzaron su voz contra los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. En algunos barrios, las viviendas de familias percibidas como opositoras o críticas fueron marcadas con una “X”. También se denunció la anulación de pasaportes, tanto dentro como fuera del país, así como el despido de empleados públicos.” (A/hrc/57/57)
“60. (…) La mayoría de las personas detenidas provenían de barrios populares y fueron identificadas por las fuerzas de seguridad tras la obtención de vídeos o fotografías o por la delación de personas afines al Gobierno.”
Un caso desproporcionado de la violencia estatal contra la población, no reportada en los informes anteriores es el maltrato a nuestros infantes:
“58. Durante este período, la misión también obtuvo información sobre la detención de 158 niños y niñas (130 niños y 28 niñas) después de las protestas, que fueron acusados de graves delitos como terrorismo, un fenómeno que la misión no había identificado anteriormente. En algunos de los casos registrados, las víctimas fueron niños y niñas detenidas con discapacidad. Aunque los detenidos fueron conducidos por lo general a centros de reinserción de adolescentes infractores, en algunos casos permanecieron recluidos en prisiones comunes, sin que se respetara la separación por edad o género. Esta falta de división en los centros de detención puso a los niños y a las niñas en una situación de especial vulnerabilidad. De acuerdo con información recibida por la misión, esta situación afectó sobre todo a las niñas, que, en ocasiones, fueron sometidas a vejaciones sexuales mientras permanecieron detenidas junto con adultos hombres.”(A/hrc/57/57)
Imagino que el siguiente parágrafo les debe recordar a los colegas de Suramérica fragmentos de la historia que vivieron las madres argentinas, chilenas, uruguayas, paraguayas y brasileñas:
“78. En todos los casos investigados por la misión, a los familiares y abogados que fueron a preguntar por las personas detenidas en los diferentes centros de detención se les negó que estuvieran detenidas o se les negó cualquier tipo de información, incluso cuando las personas se encontraban de hecho detenidas en dichos centros. Además de la consiguiente angustia de los familiares por desconocer el paradero de sus seres queridos, los abogados se vieron imposibilitados de utilizar los recursos legales para la protección de las personas detenidas.” (A/hrc/57/57)
Otras preguntas que pueden ser contestada con este informe son: ¿cómo tratan a quienes arrestan? ¿qué les hacen?
“84. Los métodos de tortura utilizados en los casos investigados incluyeron puñetazos; golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, incluidos en los genitales. Otros métodos registrados fueron la asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación de sueño a través de iluminación y/o música con volumen alto las 24 horas del día. Estos métodos coinciden con los métodos de tortura utilizados por la Policía Nacional Bolivariana y por los servicios de inteligencia documentados en informes previos de la misión” (A/hrc/57/57)
La cantidad de arrestos masivos, según el informe fue el siguiente:
“55. Las cifras de personas detenidas variaron según las fuentes. Las autoridades ofrecieron datos generales en distintas intervenciones públicas y redes sociales del Fiscal General y del Presidente Maduro. Según el Fiscal General, el 31 de julio de 2024, tras dos días de protestas, el número de detenciones ascendió a 1.062. Una semana más tarde, el Presidente Maduro se refirió a una cifra de 2.229 personas detenidas, a las que calificó de “terroristas”. La página web oficial del Ministerio Público dejó de estar operativa desde el día de las elecciones y no se difundieron datos específicos sobre las personas detenidas.” (A/hrc/57/57)
Es verdaderamente indígnate que académicos o dirigentes políticos de América Latina que se autodenominan progresistas continúen indiferenciando lo que sucede en Venezuela con las democracias de otros países de la región o lo que es lo mismo, sigan apoyando al régimen de Maduro. Pero nunca es tarde para recapacitar.
Para quienes son progresista y siguen apoyando a Maduro si no les basta lo narrado les preguntaría, ¿Acaso no son afines, ideológicamente, con el Frente Democrático Popular? Les cuento. Es una iniciativa que lidera el excandidato presidencial Enrique Márquez, quien se enfrenta al régimen y donde están las siguientes organizaciones políticas: Partido Comunista de Venezuela, Centrados en la Gente, Voces Antimperialistas, Movimiento Popular Alternativo, Bloque Histórico Popular, Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, entre otros. Una de las acciones planteadas es una movilización para entregar una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Constitucional, para anular la decisión de la Sala Electoral, donde declaran a Maduro como presidente.
El dato que le ofrezco sobre el Frente Democrático Popular tiene como objetivo mostrarles que, en la Venezuela actual, existe una coincidencia de todas las corrientes políticas para denunciar las violaciones de los derechos humanos, para denunciar las violaciones a la constitución, para defender la soberanía popular que reside en el voto y, en definitiva, para liberarnos de un régimen militarista, autoritario y despótico.
La unidad latinoamericana, de sus movimientos sociales y político, es una condición necesaria para lograr restaurar nuestra república democrática. El llamado a la protesta global el 28 de septiembre realizado por María Corina Machado se inscribe dentro de este mismo horizonte político..
