Lo que se presenta en muchos países de América Latina como un conflicto de poderes entre órganos del Estado, en particular, entre el Gobierno Nacional —que representa al Poder Ejecutivo— y el Poder Judicial, es parte de un proceso de concentración del poder.
En países como Perú, los enfrentamientos entre las instituciones y el continuo conflicto sobre el principio de separación y equilibrio de poderes en el sistema político han provocado un contexto de ingobernabilidad. También en México, la coexistencia ha dejado de ser pacífica con la reforma judicial presentada por parte de Gobierno del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Cambios en la separación de poderes
La separación de poderes ya no parece ser uno de los principios esenciales del Estado constitucional, a través del cual se evita la concentración del poder en una sola autoridad o entidad. Más bien estamos asistiendo a un proceso expansivo del “engrandecimiento del ejecutivo” (executive aggrandizement), que es el término de la jerga de la ciencia política que describe cómo un líder amplía su poder más allá de los “controles y equilibrios” proporcionados por el poder legislativo y el sistema judicial, o cómo interfiere en la independencia de la función pública.
Incluso un dirigente legítimamente elegido puede socavar la democracia si consolida su poder o utiliza los recursos del Gobierno para debilitar a la oposición política o interfiere en el funcionamiento de los otros poderes. Esto se debe especialmente al aumento del poder ejecutivo, motivado por las tendencias populistas de los gobernantes y el resurgimiento del presidencialismo en América Latina.
Para muchos observadores, la política parece haberse convertido en un proceso electoral permanente, en el que los presidentes en funciones recurren a consultas, referendos u otras formas plebiscitarias, para hacer valer lo que ellos consideran “la voz del pueblo” frente a las posiciones políticas de la oposición o a los juicios de los tribunales que consideran como limitaciones al ejercicio del poder.
La reforma judicial mexicana
La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de revisar si tiene facultades para analizar las controversias presentadas por jueces contra la reforma del Poder Judicial, por no tener fundamento y solo buscar provocar al Gobierno. También rechazó el paro de los trabajadores del sistema judicial en contra de las reformas constitucionales adelantadas por su predecesor para que “el Poder Judicial sea elegido por el pueblo de México”.
Para el 15 de octubre, Sheinbaum está preparando una convocatoria a través del Senado, para que todos aquellos que quieran participar como jueces, como magistrados o como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puedan inscribirse. En total, se calcula que se trata de aproximadamente 7.000 jueces.
Al mismo tiempo, se está preparando una ley para impedir que la Corte pueda conocer las controversias presentadas y legislar, ya que no tiene facultades para revertir la reforma judicial, puesto que, en la opinión de la presidenta, fue declarada constitucional mediante una mayoría calificada de diputados y senadores.
La “Ley Jaguar para el Desarrollo de Costa Rica”, en su versión 2.0, era una iniciativa con la que el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves buscaba convocar un referéndum para reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en cuanto a sus competencias de control previo, controles de eficiencia y normativas sobre investigaciones administrativas. Este cambio permitiría elegir “a dedo” al socio estratégico para la construcción de obras públicas, por lo que se podrían eludir los procedimientos de contratación pública.
La propia Contraloría había argumentado que los artículos impugnados limitaban sus competencias de fiscalización y abrían la posibilidad de realizar contrataciones públicas sin licitación, contraviniendo los principios de transparencia y control establecidos en la Constitución Política. Por su parte, la Sala Constitucional ya había declarado inconstitucionales todos los artículos consultados de este proyecto de ley en julio de este año.
En la segunda versión de la “Ley Jaguar”, presentada por el Ejecutivo, se encontraron vicios de inconstitucionalidad en algunos artículos de esta iniciativa de ley, la cual, con su llamativo nombre, recoge también las intenciones del presidente. La portavoz de la bancada gubernamental en la Asamblea Legislativa de Costa Rica enfatizó que esta decisión de la Sala Constitucional no les preocupa, porque ellos usan dos vías de gobierno: la legislativa y la popular.
Creciente politización de las instancias judiciales
La incapacidad de los congresos para desempeñar un papel de control frente al Ejecutivo implica que muchos conflictos se trasladan a los tribunales, lo que conlleva una creciente politización de las instancias judiciales, motivo de preocupación en muchos países de la región.
Esto no quiere decir que toda ampliación de la autoridad presidencial sea intrínsecamente problemática. No obstante, sí hay motivos para preocuparse por la posibilidad de que se alcancen niveles peligrosos de ampliación de las competencias del Ejecutivo en América Latina. Las calenturas presidenciales por el poder judicial son expresión del hecho que la salud de la democracia no es solo una cuestión de años electorales, sino de todos los días.
