Desde hace tres lustros al menos, se viene planteando en el ámbito de las Naciones Democráticas, una nueva forma de gobernar, en donde el poder como tal, deje de ser el actor principal en las relaciones entre gobernantes y gobernados, en tal sentido, la ciudadanía progresivamente ha ido tomando conciencia que, el ejercicio de ese mando colectivo, exige nuevos patrones culturales en la conducción del Estado, que ya resulta insoportable a la vida cotidiana, los reiterados intentos que se hacen desde algunas estructuras de ese poder, por “inducirlos” a creer que, basta la figura supuestamente luminosa de un dirigente o de un gobernante, fabricado por lo demás, con base a clichés o eslogans, para que crean en sus dictados, como si fuesen infalibles, indiscutibles o necesarios a una sociedad; afortunadamente, tan regresivas posturas políticas, son en la actualidad severamente cuestionadas, frente a las cuales, se propone una participación compartida entre el poder, la sociedad civil y la sociedad política, para la toma de decisiones, que tengan que ver, con el desenvolvimiento de esos grupos humanos.
Las tendencias ciudadanas se dirigen ahora a lograr que, los procesos de articulación y resolución favorable de los asuntos de interés general, se desarrollen bajo una forma de gobernanza, que resulte atractiva para los ciudadanos, que les reconozca capacidad de autodeterminación, interacción e interdependencia entre ellos, en lo que sea pertinente, en la gestión de los asuntos públicos, confiriéndoles en tal sentido, espacios en la formulación, ejecución, evaluación y control de políticas públicas, a los efectos de que éstas gocen de aprobación, confianza y credibilidad (legitimidad) ciudadana, por supuesto bajo la tutela de los órganos o entes especializados del Poder Público, todo con el objeto de evitar las tradicionales quejas o reclamos sociales, en cuanto a que, no se les tomó en cuenta opinión alguna a pesar de que esas ejecutorias gubernativas, los tiene a ellos como receptores, para bien o para mal, o de que esas decisiones, fueron el resultado de las deliberaciones de pequeñas armazones partidistas.
Una de las fortalezas que da a la gobernanza legitimidad, es el conocido principio de transparencia, que hace que la gente pueda mirar el manejo de los recursos públicos, a través de un limpio e imaginario cristal que desde el mismo poder se coloca a los ciudadanos, quienes así pueden conocer, evaluar o profundizar sobre el manejo de esos bienes financieros, sobre la forma en que se distribuyen y sobre la forma en que se rinde cuenta de los mismos, todo lo cual redundará en una mayor confianza o censura hacia quienes los manejan, lo cual por lo demás, no dejará de seguir siendo una enorme responsabilidad ciudadana, a pesar de que algunas veces, se descuide o se les distraiga de ese deber, habida cuenta que es precisamente con esos recursos de distinta naturaleza que, se procurará modificar las condiciones de vida de todo un pueblo. De su buen manejo, también dependerá en buena medida el otorgamiento de financiamientos internacionales, a proyectos factibles que puedan mejorar la calidad de ellos.
Es por ello que, gobernanza implica, además, manejo honesto de los recursos públicos, que siempre será un comportamiento esperado para diferenciarla de formas de gobierno tradicionales, en donde los dineros se dilapidan, producto de la corrupción o de las malas inversiones. En el caso venezolano en concreto, ante la enorme deuda externa existente, que según estimaciones extraoficiales sobrepasan los 150 mil millones de dólares, se hace necesario, por ejemplo, adoptar a corto o mediano plazo una forma diferente de gobernanza, que tienda a buscar alternativas de solución a los graves problemas financieros que confronta el país, que pueden comprometer nuestro desarrollo y crecimiento. Ante esas preocupantes circunstancias, a la nueva gobernanza, se le debe permitir abrirse paso, como esa respuesta esperada ante la crisis del modelo de estado que llevó a tan apremiante situación, motivado a un manejo poco transparente y honesto de las finanzas públicas, que hicieron nacer desconfianza e incredulidad, en sus gobernantes.
La gobernanza que no gobierno tradicional, debe significar entonces, que se establezcan nuevas relaciones del Estado con la Sociedad en general, que se fijen acuerdos o reglas claras, que puedan guiar con confianza y certidumbre esos entendimientos, que se abran espacios para la cooperación, que haya más interdependencia, lográndose beneficios sociales o económicos comunes, todo además con el propósito en el caso venezolano de reafirmar el Estado Democrático, del cual ha habido tanto alejamiento gubernativo, trayendo como consecuencia una significativa reducción de los espacios de participación y entendimiento entre actores gubernativos y sociales, y por supuesto deslegitimando el actual sistema político, dada su característica centralista, cada vez más erosionada por la realidad que lo consume, dadas sus posturas dogmáticas, que por lo demás, no resultan las más idóneas para afrontarla, con posibilidades de resultados exitosos y transparentes, a lo que se une la falta de personal comprometido, con una nueva forma de gobernanza.
Procurar una gobernanza legitima, pasa también por adherir valores y principios democráticos a la gestión pública de un Gobierno o de una Administración, lo que hace que, en primer lugar, ésta sea el resultado de procesos comiciales transparentes, libres y competitivos, que faciliten una más estrecha interacción e interdependencia público-privada, en donde haya también una constante evaluación de las mismas, y por supuesto, los correspondientes ajustes de ser necesarios y oportunos. Será entonces, esa otra estrategia, más las descritas anteriormente, la que vendrían a coadyuvar a estrechar los vínculos de cooperación y respeto entre el poder y los gobernados, dándole así a la nueva gobernanza, mayor legitimidad, entendida como la aprobación, confianza y credulidad ciudadana, como ya se dijo, a la vez que, estabilidad política y seguridad jurídica, todo lo cual será de gran atractivo para las inversiones nacionales y extranjeras, públicas y privadas, y hacer nacer bienestar y prosperidad, a la que todos los pueblos aspiran.
