La semana pasada la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia decidió por mayoría iniciar una investigación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, y de la Coalición Pacto Histórico, en primera y segunda vuelta de 2022, por la supuesta violación de topes de financiación electoral por encima de los 5.300 millones de pesos (1.2 millones de dólares).
La respuesta del mandatario vía red social X fue: Comenzó el golpe de Estado.
A continuación, en una alocución presidencial en respuesta a la decisión de la autoridad electoral afirmó:
Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional, elegido democráticamente por voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse, este acto representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento.
Además, Petro ha vaticinado que una oleada violenta ocurrirá en su país si lo tumban, llamando a la movilización del pueblo a fin de respaldarlo y a la solidaridad tanto de la izquierda colombiana como la del resto del mundo.
Desde entonces, en sus distintas comparecencias públicas, ha intentado rebatir cada uno de los cargos presentados por el CNE, asegurando que ese organismo no tiene fundamento suficiente para avanzar en la investigación en contra de su campaña y que, a su juicio, se trata de una instancia de carácter administrativo que no podría juzgarlo.
Este pasado miércoles en la mañana reunió al cuerpo diplomático en pleno en la Casa de Nariño, “para explicar al mundo” la razón por la cual considera que lo hecho por mayoría del CNE “es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley” de parte de una “alianza criminal”. El canciller Luis Gilberto Murillo hizo entrega de la declaración formal respectiva.
Además, Petro ha convocado a “todas las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente. La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado”.
En gesto de solidaridad, desde las dos orillas del Atlántico buena parte de la izquierda mediática hispanoamericana le ha dado respaldo, haciéndose eco de la denuncia. Han hecho lo mismo la novel presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y desde el otro lado de la frontera Nicolás Maduro.
Otro argumento esgrimido por Petro y sus partidarios es el referido a la composición política del organismo donde, alega, se encuentran abiertos opositores a su gestión. Es el caso, por ejemplo, de Álvaro Hernán Prada, antiguo parlamentario electo en las listas del uribista Centro Democrático e impulsor de la investigación.
No obstante, es pertinente mencionar que la elección del CNE colombiano fue parte de un acuerdo entre los partidos políticos, siendo designado el actual con 59 votos de los 61 congresistas del Pacto Histórico y que las campañas de Ernesto Samper, Juan Manuel Santos e Iván Duque fueron igualmente investigadas por ese organismo.
Petro está en su derecho de defenderse
De modo que, viéndolo desde afuera, Petro está en su derecho de defenderse ante el tribunal de la opinión pública e incluso insistir que, como tiene fuero constitucional, no lo pueden investigar por vía administrativa.
No obstante, la cuestión se enreda cuando Petro afirma que esas instituciones, creadas para controlar y fiscalizar al poder político, se coluden en su contra para derrocarlo.
Lo que la mayoría de los miembros del CNE de ese país razona es que se investiga al Petro candidato, y al tesorero de su campaña Ricardo Roa, y que de concluir que se violaron los topes solo puede imponer una sanción económica. No se atribuyen potestades de tribunal penal ni capacidad para destituir al primer magistrado.
Al conflicto entre poderes se sumó el Consejo de Estado (tribunal supremo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo de ese país) cuando determinó que el CNE sí puede investigar las finanzas de su campaña presidencial de 2022 y que, si llega a establecer que hay algo ilegal, debe remitir el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Ciertamente, de acuerdo a la Constitución colombiana de 1991 (vigente) investigar al presidente en ejercicio es una atribución que le corresponde a esa instancia y solo se le podría destituir si la misma determina motivos para una acusación formal, la que debe a continuación contar con aprobación de los Representantes que, a su vez, autorice un juicio en el Senado. Como vemos un camino bastante largo y poco probable, tomando en cuenta que a Petro le queda un año y nueve meses de mandato.
Aunque su administración se ha visto salpicada por el escándalo que protagonizan su hijo Nicolás y su hermano Juan Fernando (los dos bajo investigación por parte de la Fiscalía señalados desde el círculo familiar de haber recibido dineros de extraditados e investigados por narcotráfico en la pasada campaña presidencial) el mandatario le ha ido mucho mejor que a su antecesor Ernesto Samper Pizano.
También ha salido bien parado de su amargo enfrentamiento con el ex Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Por su parte, el Congreso le aprueba algunas de sus propuestas, como esta semana ocurrió con la reforma laboral, mientras le rechaza o modifica otras
Vista, así las cosas, parece muy poco probable que las instituciones colombianas estén buscando interrumpir el mandato de Petro, en un momento en el cual los partidos de oposición empiezan sus primeros movimientos de cara a las candidaturas presidenciales de 2026. Además, se trata de un presidente que no puede reelegirse y que en este momento tiene el 60% de desaprobación, según las más recientes encuestas.
Hasta ahora Petro ha resultado ser un presidente mediocre en sus logros, pero, aparte de su inflamada retórica, no se ha desempeñado en el Ejecutivo como un radical. No es Salvador Allende. Por su parte, sus adversarios, dejando de lado la histeria de los primeros días, se han comportado en la práctica de manera bastante razonable, pactando con él o bloqueando en el parlamento sus iniciativas de acuerdo al juego de los intereses partidistas. Como dice el ex presidente Álvaro Uribe acerca de la reforma laboral: “Tiene puntos buenos y malos”
De modo que la pregunta que salta es: ¿Por qué Petro intenta transformar la investigación del CNE en una crisis política?
Digamos que es una vieja estratagema de su parte. Colocar las cosas al borde del precipicio, pero no dar un paso al frente. Durante la pasada campaña electoral, cuando todos los sondeos de opinión lo daban como claro favorito, aseguró que se preparaba un golpe de Estado a fin de impedir su triunfo; el año pasado repitió la especie cuando rompió, de manera inexplicable, su coalición en el Congreso; y también cuando lo apartaron del cargo del alcalde de Bogotá hace más de una década por una controversial investigación. En resumen, Petro ha demostrado ser un agitador efectivo, buen candidato y mejor orador, que gestor público.
En estos momentos enfrenta cuatro problemas en los cuales la opinión pública evalúa muy mal su desempeño: una crisis de seguridad en ascenso en varios departamentos; los acuerdos de paz con el ELN y los disidentes de la FARC que no terminan de llegar; las denuncias por financiamiento irregular de su campaña presidencial de 2022; y el manejo de la inmigración desde Venezuela. De todos, el primero es el que pesa más, 73 % de evaluación negativa según la reciente encuesta de Invamer. Creyendo que su sola llegada al Gobierno persuadiría a los grupos armados de deponer las armas, Petro se ha topado con la cruel realidad con la que también lidiaron sus antecesores. Ese no es un problema político, sino estrictamente delictivo. Pero se niega a hacer lo que antes criticó y que la opinión pública le exige: mano dura.
Con una pobre gestión se refugia en el conflicto. Pero en esto tampoco parece tener la fortuna de su lado; una encuesta de esta semana afirma que el 66% de los colombianos no cree que haya un golpe de Estado en curso, mientras el 58% sí cree que hubo irregularidades en la financiación de la campaña presidencial. No obstante, en ese mismo sondeo mantiene un respaldo del 30% (su base dura) y la desaprobación a su gestión bajado, colocándose por encima del 50%. Si esto es cierto, se podría decir que los colombianos lo que sencillamente desean de Petro es que gobierne.
Al Navío – @PedroBenitezF
